El rechazo ultra a la “formación afectivo-sexual”

Quien mejor puede aclarar qué significa lo que Vox llama pin parental es el que acuñó el término. En su programa político vigente (100 propuestas para España), el partido ultra lo define como la necesidad de que se requiera “autorización expresa de los padres para cualquier actividad [docente] con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”. Es decir, no se trata solo de poder vetar algún taller o charla sino de cualquier actividad educativa, sea reglada, complementaria o extrae...

Quien mejor puede aclarar qué significa lo que Vox llama pin parental es el que acuñó el término. En su programa político vigente (100 propuestas para España), el partido ultra lo define como la necesidad de que se requiera “autorización expresa de los padres para cualquier actividad [docente] con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”. Es decir, no se trata solo de poder vetar algún taller o charla sino de cualquier actividad educativa, sea reglada, complementaria o extraescolar, que implique formación en valores éticos.

El origen de esta reivindicación, según varios profesores consultados por EL PAÍS, está en el descontento de colectivos como el Foro de la Familia —una organización ultraconservadora— por la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. “Estos talleres se organizan en comunidades como la madrileña desde hace años y es la forma de dar voz a personas de diferente orientación sexual, para que no todo quede sobre un papel”, explica Belén de la Rosa, secretaria de igualdad del sindicato CC OO.

El problema para Vox es que la formación afectivo-sexual y en materia de violencia de género ya no es un aspecto marginal de la educación, sino una parte troncal de la misma, tras la aprobación de la Lomloe, la ley que modifica la Ley Orgánica de Educación. En las enmiendas que presentó al proyecto de ley en el Congreso, Vox propuso suprimir, entre los objetivos del sistema educativo, “el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa”.

Para el partido ultra, la “educación afectivo-sexual no puede ser establecida a priori por las autoridades educativas sin que exista la posibilidad de que los padres determinen, en función de sus propios valores morales, su orientación y fundamentos”; mientras que la apuesta por la coeducación es una “intormisión inaceptable” en la autonomía de los centros y en la libertad de las familias para elegir la educación segregada por sexos.

Además, el partido ultra se opone a la asignatura Educación en valores cívicos y constitucionales, porque “el Estado no puede perseguir una finalidad adoctrinadora en contra de las convicciones filosóficas y religiosas de los padres”. Eso no quiere decir que rechace que se imparta doctrina en la escuela, ya que propone la enseñanza de la religión, como asignatura evaluable y curricular en todos los ciclos del sistema educativo, aunque con carácter voluntario y una asignatura alternativa. Igualmente, quiere incluir en el programa educativo, “la formación en las tradiciones”, “el respeto a los valores religiosos y culturales” propios de España o la capacidad de “ver la vida en un contexto más amplio, significativo y trascendente”, una alusión implícita a la espiritualidad, sin contemplar ningún pin para los padres que no estén de acuerdo con estas concepciones.

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Complutense y experto en educación, considera que la escuela debe transmitir los valores cívicos y éticos asumidos por el conjunto de la sociedad y reflejados en las leyes. “No puede haber opting out [posibilidad de autoexcluirse] en materias obligatorias”, subraya. Lo que sí debe existir, agrega, es “máxima transparencia en las actividades de los centros docentes, que han de ser muy cuidadosos para no traspasar una frontera que es difusa y delicada”. En su opinión, “es compatible la enseñanza obligatoria de los valores consensuados por el conjunto de la sociedad con las actividades religiosas, siempre voluntarias y dentro de la ley, de aquellas confesiones que tengan un peso significativo en la comunidad escolar”.

Por su parte, Jaume Carbonell, del consejo editorial de El Diario de la Educación, subraya que la formación sexual, la educación para la salud o el respeto a la diversidad sexual son materias transversales, que forman parte integral de la enseñanza y no como mero accesorio. “La educación no consiste solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación en valores, los principios democráticos o los derechos humanos, y eso no tiene nada que ver con el adoctrinamiento. Es justo lo contrario. Todas las organizaciones internacionales que se ocupan de la educación, empezando por la Unesco, así lo reconocen” alega.

Respecto a la educación sexual, recuerda que la información está al alcance de niños y adolescentes y que “la obligación de la escuela es educarlos, desmentir los bulos, denunciar los abusos. La educación no puede dimitir de esa obligación. Sería irresponsable. ¿Quieren que se eduquen en las redes sociales?”