El PP recurre al Constitucional la convalidación del decreto de fondos europeos contra la covid

Los populares justifican la medida en una negativa del Gobierno a remitirles un informe del Consejo de Estado

Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados del día 3.© Luis Sevillano/El Pais (EL PAÍS)

El PP quiere elevar al Constitucional la batalla que perdió en el Congreso. La formación ha recurrido ante el tribunal de garantías la convalidación por el Parlamento, el pasado día 28, del real decreto que regula la ejecución del jugoso fondo europeo para la recuperación económica y social, dotado con 140.000 millones de euros para insuflar aliento al tejido empresarial.

Los populares justifican su recurso de amparo en la ne...

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El PP quiere elevar al Constitucional la batalla que perdió en el Congreso. La formación ha recurrido ante el tribunal de garantías la convalidación por el Parlamento, el pasado día 28, del real decreto que regula la ejecución del jugoso fondo europeo para la recuperación económica y social, dotado con 140.000 millones de euros para insuflar aliento al tejido empresarial.

Los populares justifican su recurso de amparo en la negativa que atribuyen al Gobierno de remitirles el informe del Consejo de Estado y en el “rechazo” de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a abordarlo en la Cámara baja y a pedir una copia del texto, según un comunicado del PP de este sábado.

En el Congreso votaron a favor de convalidar el decreto 170 diputados: además de los representantes de los dos partidos de la coalición de Gobierno, los de PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria. En contra estuvieron 126 votos de PP, Ciudadanos, ERC, Junts, PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, CUP, BNG y Foro Asturias. Vox sorprendió salvando la situación para el Ejecutivo con sus 52 abstenciones.

El PP anunció a principios de este mes que recurriría al Constitucional otro decreto del Gobierno, el que regula la figura del consumidor vulnerable para limitar los desahucios.


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