El Gobierno niega que los inmigrantes llegados a Canarias hayan provocado un aumento de la criminalidad
El delegado del Ejecutivo en el archipiélago rechaza el creciente discurso xenófobo y asegura que casi la mitad de los 122 delitos cometidos recientemente por extranjeros llegados en patera son por falsedad documental
No hay una crisis de seguridad en las islas Canarias, la tasa de criminalidad es la más baja de los últimos cuatro años y la llegada de más de 23.000 inmigrantes al archipiélago en 2020 no ha supuesto un problema en la seguridad ciudadana. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en una rueda de prensa convocada este jueves para “desmentir” el creciente discurso que vincula un supuesto aumento de la criminalidad con la inmigración irregular.
En los últimos cuatro años las infracciones penales registradas en Canarias se sitúan entre las 84.000 y las 95.00...
No hay una crisis de seguridad en las islas Canarias, la tasa de criminalidad es la más baja de los últimos cuatro años y la llegada de más de 23.000 inmigrantes al archipiélago en 2020 no ha supuesto un problema en la seguridad ciudadana. Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en una rueda de prensa convocada este jueves para “desmentir” el creciente discurso que vincula un supuesto aumento de la criminalidad con la inmigración irregular.
En los últimos cuatro años las infracciones penales registradas en Canarias se sitúan entre las 84.000 y las 95.000 anuales y, según Anselmo, los delitos cometidos por extranjeros no se corresponden con el relato de inseguridad que ha calado en las redes y conversaciones de los canarios y que está explotando la ultraderecha. El delegado ha asegurado que en los últimos 80 días se han registrado 122 infracciones penales cometidas por inmigrantes llegados en patera en los últimos meses, de las que 60 eran delitos de falsedad documental. De las 62 infracciones restantes, 45 eran de cierta relevancia, aseguró Pestana. La mayoría fueron agresiones entre los propios extranjeros, robos y hurtos. Respecto a los delitos de índole sexual, fuentes policiales confirman a EL PAÍS que se han registrado tres agresiones sexuales (atentados contra la libertad sexual empleando violencia o intimidación) y dos delitos de abuso sexual (comportamientos que atentan contra la libertad sexual sin violencia o intimidación). “En todos ellos han sido detenidas las personas responsables”, afirmó el delegado. El periodo elegido, que incluye noviembre, diciembre y los 20 primeros días de enero, coincide, según el delegado, con los “intentos interesados de generar una sensación de inseguridad en la sociedad canaria y en el exterior”.
La tasa de criminalidad muestra, según el delegado, que los delitos, como ocurre en el resto de España, se mantienen a la baja, una tendencia muy marcada, no obstante, por la situación excepcional de la pandemia. En Canarias, en concreto, se registraron en 2020 un total de 84.289 infracciones penales, lo que supone una caída del 11,9% respecto a 2019 y la menor tasa de criminalidad de los últimos cuatro años. De esos delitos cometidos el año pasado, se esclareció un 49,3% del total, el mayor porcentaje de la serie histórica iniciada en 2009. “Los datos reflejan que Canarias no vive una situación de excepcionalidad en lo que se refiere a la seguridad ciudadana”, ha repetido Pestana.
La escalada de xenofobia en Canarias ha pasado a ser una de las preocupaciones de primer orden en el Ejecutivo, que lleva meses recibiendo críticas por su gestión de la crisis en el archipiélago y la concentración de miles de inmigrantes en las islas. El delegado se ha mostrado preocupado, además, por algunos episodios que incluyen insultos a vecinos extranjeros de Canarias y que están experimentando una hostilidad hacia ellos por primera vez después de años de convivencia. “En estas situaciones de crisis moral, no vale la neutralidad. Ni la sociedad canaria ni la sociedad española se lo merecen. No hay neutralidad para los que incitan el odio hacia el de fuera, no son nuestros valores como pueblo, un pueblo de migración a Hispanoamérica, a Europa y también a África”, afirmó acompañado del jefe superior de Policía en Canarias, Rafael Martínez, y el general jefe de la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas.
El delegado ha anunciado que las autoridades serán cada vez “más inflexibles” con las manifestaciones que promuevan delitos de odio y violencia contra los extranjeros. De momento, hay al menos otras dos protestas vecinales anunciadas para este viernes y sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Según Pestana, se han interpuesto 20 denuncias en las concentraciones xenófobas celebradas en la última semana, todas ellas por saltarse el toque de queda o por no haber comunicado las manifestaciones, pero no por delitos de odio. La Fiscalía de Las Palmas, por su parte, sí investiga posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se intentaron organizar grupos para amedrentar o agredir a los inmigrantes.
En las dos últimas semanas, en paralelo al malestar creciente de una parte de la sociedad grancanaria contra la presencia de inmigrantes en sus barrios, se han sucedido diversas agresiones y amenazas a extranjeros por parte de grupos organizados. EL PAÍS ha hablado con al menos cinco de esas víctimas, todas marroquíes, que relatan un modus operandi parecido: grupos de varios hombres que se acercan a los extranjeros con sus coches y armados con pistolas de balines, palos, porras o machetes. En algunos casos el objetivo es intimidarles, pero en otros han sido agredidos. Pestana ha afirmado, sin embargo, que apenas constan tres denuncias de este tipo y ha “animado” a denunciar estos hechos cuando se produzcan.
“Canarias no son unas islas-cárcel”
El delegado del Gobierno en Canarias, Alfonso Pestana, ha negado que el archipiélago se haya convertido en un conjunto de “islas-cárcel”, de donde los inmigrantes no pueden salir. Para rechazar esta idea, que vienen denunciando las autoridades locales y diversas ONG, Pestana ha destacado que de las 27.600 personas que han llegado en patera a las islas desde septiembre de 2019, quedan unas 11.000, incluyendo a los 2.000 menores que tutela el Gobierno canario. Según estos cálculos habrían salido hacia el continente unos 16.500 migrantes, la inmensa mayoría por su cuenta, porque las derivaciones autorizadas por el Ministerio del Interior en todo 2020 por tratarse de personas vulnerables y solicitantes de asilo, no llegan a las 2.200, según los últimos datos actualizados obtenidos a través de la Ley de Transparencia. A pesar de las miles de salidas, el bloqueo de los que llegan en patera en las islas es evidente desde el pasado 10 de diciembre, cuando tras la polémica generada por unos vídeos que mostraban a migrantes desembarcando en distintos aeropuertos españoles, el Ministerio del Interior decidió reforzar los controles policiales en puertos y aeropuertos de Canarias. Esos controles permanentes, según Pestana, velan por el cumplimiento de las restricciones sanitarias aplicadas a cualquier ciudadano, pero ejercen en la práctica de control migratorio y dan respuesta a las demandas europeas de evitar el tránsito de inmigrantes irregulares a otros países. A los extranjeros en situación irregular, que antes sí podían embarcarse apenas con su pasaporte, no se les está exigiendo un justificante para permitir su viaje, según los testimonios recogidos por EL PAÍS. Si no tienen un permiso de residencia, se les retiene para su identificación y en algunos casos se tramita su ingreso en un centro de internamiento para su devolución. El resultado es que prácticamente nadie ha conseguido salir de las islas desde entonces.