España y el Reino Unido negocian ‘in extremis’ para incluir a Gibraltar en el espacio Schengen

España y Reino Unido apuran el calendario de 2020 para llegar a un acuerdo que salve a Gibraltar y los españoles que trabajan en la roca de tener que traspasar dos veces al día la inminente frontera exterior de la Unión Europea, a partir del 1 de enero. “Se está negociando ferozmente”, asegura una fuente cercana al Peñón. Sobre una mesa de negociación virtual, ambas partes ultiman una decisión consensuada que llevaría a Gibraltar a formar parte de la zona Schengen, un estatus del que ni siquiera gozaba cuando Reino Unido formab...

España y Reino Unido apuran el calendario de 2020 para llegar a un acuerdo que salve a Gibraltar y los españoles que trabajan en la roca de tener que traspasar dos veces al día la inminente frontera exterior de la Unión Europea, a partir del 1 de enero. “Se está negociando ferozmente”, asegura una fuente cercana al Peñón. Sobre una mesa de negociación virtual, ambas partes ultiman una decisión consensuada que llevaría a Gibraltar a formar parte de la zona Schengen, un estatus del que ni siquiera gozaba cuando Reino Unido formaba parte del club de los 27. El pacto, independiente aunque supeditado al general sobre el Brexit, supondría un avance histórico para los 9.200 trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar, condicionados por un paso que es muy sensible a cualquier giro político sobre la soberanía del territorio.

La gaditana Eva María Norton cruza desde hace 11 años la verja que ahora centra los debates. Ajena a las negociaciones y cansada de tanta incertidumbre desde que se materializó el Brexit en 2016, esta empleada de hogar por cuenta propia prefiere centrarse en el día a día, marcado por las filas de gente en una frontera que, antes de la crisis del coronavirus, registraba 30.000 pasos. “Ya ayer me cogió cola al salir y a partir de enero no sé que pasará. Yo estoy buscando trabajo en España, por si acaso”, asegura la linense, de 40 años. Sería una de las afectadas por la medida que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, denominó “área de prosperidad compartida”. La última vez lo hizo este pasado jueves, en una entrevista concedida a la CNN.

Ni González Laya ni su equipo han verbalizado oficialmente cómo se lleva a término la idea en un territorio fronterizo desigual, pues el 18,5% del PIB del Campo de Gibraltar depende de su relación con el Peñón, según un estudio del Real Instituto Elcano. La opción en la que batallan los equipos negociadores desde hace semanas es llegar a un pacto por el que, pese a no formar parte ya de la Unión Europea, Gibraltar sí pudiese disfrutar del libre tránsito fronterizo que garantiza el espacio Schengen. Es justo la posibilidad en la que el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, ha abundado este viernes en una entrevista en la cadena Ser y que ya propuso públicamente por primera vez en 2016, al poco de materializarse un Brexit con el que mostró su desacuerdo el 96% de los gibraltareños.

Hace unas semanas, el Ministerio de Exteriores rescató esta idea que, en la práctica, supondría que los controles fronterizos exteriores de la UE se estableciesen en el aeropuerto de Gibraltar o en su puerto marítimo y no en la frontera con España. Sin embargo, las negociaciones tocaron una línea roja para Gibraltar cuando se propuso que fuesen aduaneros españoles los que asumieran la tarea. En los últimos días, los equipos negociadores han encontrado un plan b no desvelado a esta propuesta, pero que parece agradar al Peñón. “Estamos a unas pequeñas frases de un acuerdo histórico. Pido rigor jurídico y pragmatismo intelectual”, ha afirmado este viernes Picardo. Tanto Exteriores como la Embajada de Reino Unido en España, preguntados por EL PAÍS, prefieren guardar silencio. “Cautela”, advierten desde el gabinete de González Laya.

El acuerdo entre España y Reino Unido es independiente, aunque vinculado al general de las relaciones post-Brexit que debe suscribir el país inglés con la Unión Europea y que apura sus últimos días sin acuerdo. Si Bruselas y Londres logran acercar sus posturas, el pacto para Gibraltar allanará aún más su camino. “Sería más fácil”, apuntan fuentes gibraltareñas conocedoras de la negociación. Para desbloquear el acuerdo en lo relativo al Peñón ha sido fundamental la predisposición de González Laya a dejar al margen el desacuerdo sobre la soberanía de la colonia. “Esto no va a cambiar”, reconoció la ministra el pasado domingo en una entrevista ala cadena británica Sky News.

John Isola, director de la compañía de importación de bebidas y de hostelería Anglo Hispano de 300 empleados, fue uno de los gibraltareños que se alegró al escuchar esas palabras de la ministra: “Lo principal es que domine el sentido común; si no, sería una pena. Que haya fluidez en frontera para todos, no solo para los transfronterizos”. Por ahora —y mientras llega el acuerdo—, Gibraltar ya ha creado un registro de trabajadores para garantizar su paso. Figurar en él permitirá a los 15.000 empleados transfronterizos europeos que viven en la zona —9.300 de ellos, españoles— pasar los controles solo con el DNI. Sin embargo, eso no cubriría al resto de usuarios de la frontera ni garantizaría un paso fluido, ya que Gibraltar y España tendrían que cotejar documento por documento con un mayor detalle del que ahora se produce.

Si las negociaciones hispanobritánicas fracasan, los gibraltareños con segunda residencia en España o que la visitan para consumir, los turistas, las empleadas domésticas que no están dadas de alta o los autónomos como Eva Norton que prestan servicios en la Roca podrían verse bloqueados, porque solo podrían recurrir al sellado de sus pasaportes en un paso fronterizo angosto. Sin un marco legal que lo evite, la Verja gibraltareña se vería abocada a convertirse en una frontera exterior de la UE “dura”, con unos controles más estrictos que también sufrirían las mercancías. Eso se traducirá en largas colas con consecuencias laborales y económicas impredecibles. Para procurar que no sea así, hace unos días el Ministerio del Interior ha emprendido unas obras por valor de más cinco millones de euros para ampliar y modernizar las instalaciones de Policía Nacional y Guardia Civil. “Es una realidad que, pase lo que pase, el paso hay que agilizarlo”, tercia Gema Araujo, diputada socialista en el Congreso y exalcaldesa de La Línea.

Los 30.000 usuarios diarios —15 millones al año, según estimaciones de Picardo— son demasiados para una única frontera de control exhaustivo. El previsible caos a partir del 1 de enero se salvaría en el acuerdo, pero también con la mera la intención de alcanzarlo, porque mientras se esté negociando se puede pactar no aplicar medidas que entorpezcan la solución.

John A. Gaggero, presidente de la naviera y empresa de recursos turísticos MH Bland, es otro de los gibraltareños que asiste con tensión a las negociaciones. Con sus negocios mermados por la pandemia, el empresario solo se anima porque ve “que hay voluntad de proteger los derechos de los ciudadanos y mantener la fluidez en la frontera”. Ya tiene asumido que ya fuera de la UE, solo la buena voluntad puede salvarles del desastre. “Hay vacuna contra la covid, pero no para el Brexit”, apostilla Gaggero, resignado.