El Supremo resuelve la batalla entre dos magistrados por una plaza en el juzgado del ‘caso Villarejo’

La intensa batalla de dos magistrados por una plaza en la Audiencia Nacional ya ha quedado decidida. El Tribunal Supremo ha dado la razón al juez Alejandro Abascal, que pugnaba con su compañera Rosa María Freire, instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, otorgó al primero en febrero de 2019 el puesto de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6, donde se investigan causas de gran enverg...

La intensa batalla de dos magistrados por una plaza en la Audiencia Nacional ya ha quedado decidida. El Tribunal Supremo ha dado la razón al juez Alejandro Abascal, que pugnaba con su compañera Rosa María Freire, instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros de Bárcenas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, otorgó al primero en febrero de 2019 el puesto de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6, donde se investigan causas de gran envergadura mediática, como Púnica y Lezo, que cerca la corrupción del PP; y la Operación Tándem, sobre la macrotrama política, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Freire recurrió esa decisión y ha llevado el caso hasta el alto tribunal, que ahora ha rechazado definitivamente sus alegaciones.

Según consta en una sentencia del pasado 18 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Supremo desestima los argumentos expuestos por Freire, que acusó al Consejo de obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables”. Entre otros puntos, la magistrada puso sobre la mesa que, en el momento de conceder la plaza, ella ostentaba en la carrera el número 1.271 del escalafón, frente al 4.212 de su adversario. Una tesis a la que Abascal restó valor en su respuesta —“cualquier decisión que no pase por designarla se convierte en discriminatoria”, le llegó a reprochar a su compañera—, mejor valorado por el CGPJ al haber ocupado ya en 2016 ese mismo puesto durante seis meses.

A la hora de dar la razón a Abascal, el Supremo expone que este nombramiento no es una “designación que encarne una promoción profesional”, sino un instrumento al que se recurre para intentar “atajar situaciones de especial gravedad en nuestro sistema judicial”. Es decir, subraya el tribunal, el objetivo de esta designación es acabar con una “circunstancias de retraso o de carga de trabajo” excesiva que acarree un juzgado concreto. Y, por tanto, “el criterio principal para decidir la persona concreta que desempeñará esa medida de refuerzo debe ser aquel que, tras un análisis casuístico de las circunstancias, se evidencie como la más adecuada para poner fin a esa situación patológica”, destaca el fallo.

Por ello, el Supremo avala la decisión del CGPJ y recalca que, la experiencia previa de Abascal en ese mismo puesto, “se revela como un elemento muy eficaz para lograr esa meta prioritaria de normalizar lo antes posible el juzgado del que se viene hablando”.

Pero esta batalla escondía, además, una segunda dimensión. Freire pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa en la carrera. Este colectivo afirmó que se había elegido a Abascal con un criterio “arbitrario” en el seno de un Consejo que “se parece a un grupo de amigos de un club de golf”. Abascal pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el sector. Tras el revés del Supremo, Freire estudia ahora si lleva su caso al Tribunal Constitucional.