La Fiscalía pide cárcel para dos mujeres por saltarse el perímetro de seguridad de la casa de Iglesias y Montero

Las imputadas, madre e hija, serán juzgadas el 24 de noviembre por desobediencia y atentado

Madrid -
Una mujer participa en una de las protestas convocadas junto a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.joaquin corchero (Europa Press)

La Fiscalía de Madrid ha pedido un año de cárcel para una mujer, Ana Isabel Quiroga, por tratar supuestamente de saltarse el perímetro de seguridad que rodea la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, y agredir de forma leve a uno de los guardias civiles desplegados. El ministerio público pide, además, seis meses de prisión para Ascensión Domínguez-Alonso, madre de la anterior y que también intentó presuntamente superar el cordón policial alrededor de la vivienda de ambos miembros del Gobierno. Según ha informado este martes el ministerio público, ambas se senta...

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La Fiscalía de Madrid ha pedido un año de cárcel para una mujer, Ana Isabel Quiroga, por tratar supuestamente de saltarse el perímetro de seguridad que rodea la vivienda del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, y agredir de forma leve a uno de los guardias civiles desplegados. El ministerio público pide, además, seis meses de prisión para Ascensión Domínguez-Alonso, madre de la anterior y que también intentó presuntamente superar el cordón policial alrededor de la vivienda de ambos miembros del Gobierno. Según ha informado este martes el ministerio público, ambas se sentarán en el banquillo el próximo 24 de noviembre acusadas de desobediencia, delito al que se suma, en el caso de la hija, el de atentado a la autoridad.

Es la primera vez que transciende un paso de la Fiscalía de esta dimensión, después de que los líderes de Podemos denunciasen el pasado verano un “acoso” sistemático con concentraciones diarias alrededor de su domicilio, en Galapagar (Madrid). Iglesias y Montero hablan de una campaña orquestada desde la extrema derecha y rechazan que se trate de una “protesta política” sino de una muestra “de animadversión personal y de odio”. Según los políticos, estas manifestaciones implicaron una “grave alteración de su vida cotidiana” y la de sus tres hijos menores. E incluso, según añadieron, les obligó a suspender sus vacaciones en Asturias tras aparecer pintadas contra ellos, mensajes en las redes sociales donde se revelaba la casa donde se alojaban y presiones a un restaurante que les sirvió comida.

El relato de la Fiscalía pone el foco, en este caso, en el 30 de octubre de 2020. Ese día, sobre las cinco y media de la tarde, Ascensión Domínguez-Alonso y su hija acudieron a las inmediaciones de la casa de la pareja de políticos. Los agentes se disponían a establecer entonces un perímetro de seguridad cuando ambas mujeres se enfrentaron a los guardias con “una actitud de absoluto desprecio”, según la acusación pública. Madre e hija impidieron a los agentes cumplir su función de proteger la casa y desobedecieron “de forma reiterada” las indicaciones de que retrocedieran y despejaran el perímetro de seguridad.

Pese a las advertencias y “lejos de deponer su actitud”, la Fiscalía detalla que las dos persistieron en su comportamiento: se aproximaron hasta los agentes gritándoles a escasos centímetros del rostro, “prescindiendo del uso de la preceptivas mascarillas”. Incluso les propinaron golpes con las manos en el pecho. Ese primer momento de tensión acabó cuando lograron echarlas de la zona, pero Ana Isabel Quiroga volvió más tarde a la carga. El ministerio público mantiene que intentó de nuevo acceder a la zona de seguridad para acercarse a la vivienda, donde un guardia la interceptó. Ella cayó entonces al suelo y, mientras le gritaba “hijo de puta”, trató de agredir a un agente con el bolso, además de darle patadas en las piernas, “sin causar lesión alguna”.

La Fiscalía de Madrid pide para la hija un año de cárcel por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro leve de maltrato de obra. Para la madre solicita, por su parte, seis meses de prisión por un delito de desobediencia. Una de las acusadas, que se ha puesto en contacto con este periódico, niega la versión del ministerio público.

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