Los 700 de Túnez atrapados en Melilla

Cuando Aziz, de 20 años, consiguió entrar en Melilla pensó que la ciudad autónoma sería una breve parada en su ruta hacia la Europa continental. “Creí que iba a estar aquí dos meses y ya llevo dos meses y un año”, comenta. El joven es uno de los más de 700 tunecinos bloqueados en la ciudad desde finales de 2019, cuando se detuvieron los traslados de estos nacionales hacia la Península. Todos tienen orden de expulsión, pero Túnez, que no tien...

Cuando Aziz, de 20 años, consiguió entrar en Melilla pensó que la ciudad autónoma sería una breve parada en su ruta hacia la Europa continental. “Creí que iba a estar aquí dos meses y ya llevo dos meses y un año”, comenta. El joven es uno de los más de 700 tunecinos bloqueados en la ciudad desde finales de 2019, cuando se detuvieron los traslados de estos nacionales hacia la Península. Todos tienen orden de expulsión, pero Túnez, que no tiene tratado de repatriación con España, se niega a readmitirlos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja hoy al país norteafricano para intentar arrancar al nuevo Ejecutivo tunecino un compromiso que permita la devolución de todos.

“Esto es una prisión”, protesta Belhassen, que vive con Aziz en una chabola que comparten con otras dos personas. Prefieren estar en la calle, entre maleza y escombros, antes que dormir en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), de donde han sido expulsados como castigo en distintas ocasiones. La situación en el interior es casi insostenible, con 1.385 personas conviviendo en unas instalaciones preparadas para 782. Solo los tunecinos, la nacionalidad más numerosa, suman más de la mitad: 697.

“Hay muchos tunecinos porque han bloqueado la salida (hacia la Península). Hay gente que lleva aquí un año y seis meses”, se queja Hamdi, de 33 años. Los traslados desde el CETI de Melilla a la Península se han realizado de forma periódica autorizados por Interior hasta que en marzo se cerraron las fronteras por el coronavirus. Es el Ministerio el que estudia los perfiles de los residentes en función de las plazas disponibles en recursos de la Península. Diversas organizaciones denuncian la arbitrariedad de esa selección y apuntan a criterios de control migratorio.

En 2019, Melilla se consagró como puerta de tunecinos a España. Ese año fueron la primera nacionalidad entre los llegados a la ciudad autónoma (en torno a 1.200, un 22% del total, por delante de Siria o Marruecos). La estrategia del Ejecutivo para desincentivar la llegada y cerrar esa vía de entrada ha pasado hasta ahora por excluirlos en los traslados, pero busca ejecutar el mayor número de expulsiones posible y necesita a Túnez como aliado.

La visita de Grande-Marlaska busca abrir vías de negociación para que Túnez acepte la devolución de sus nacionales con orden de expulsión. La postura tunecina es firme desde 2011: repatriaciones, sí, pero a cambio de facilidades para gestionar visados de entrada en España, tal como establece el marco europeo. Esto supondría desarrollar un régimen de visados más laxo y menos engorroso, especialmente para estudiantes. Túnez ha propuesto ya en varias ocasiones, sin éxito, a España que se abra esa vía, que ya mantiene con Francia e Italia.

Además, el país quiere situarse al nivel de Marruecos y Libia en el reparto de fondos para reforzar el control migratorio en el Mediterráneo. España ha avanzado solo tímidamente en las ayudas a la logística del país, muy consolidadas ya con otros socios africanos.

“No hay nada firmado entre el presidente tunecino y España”, recuerda Hamdi, “Túnez no ha autorizado nada”. “Ahora la solución es volver a Túnez, ¿no?”, se pregunta Aziz. “Yo llevo un año y dos meses en Melilla, pasé otros tres meses en Marruecos, ¿voy a volver a Túnez después de 15 meses? No, yo me quedo aquí”.</CW>