Estrasburgo condena a España por violencia policial “injustificada” en una protesta

Las fuerzas de seguridad españolas violaron el derecho a manifestarse consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al dispersar con un uso de la fuerza desproporcionado e “injustificado” una manifestación espontánea en Valladolid en 2014, acción que dejó lesiones permanentes a una mujer, según falló este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.

“El comportamiento de la manifestación y lo inofensivo de sus lemas y pancartas no justificaban la fuerza desplegada por la po...

Las fuerzas de seguridad españolas violaron el derecho a manifestarse consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al dispersar con un uso de la fuerza desproporcionado e “injustificado” una manifestación espontánea en Valladolid en 2014, acción que dejó lesiones permanentes a una mujer, según falló este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.

“El comportamiento de la manifestación y lo inofensivo de sus lemas y pancartas no justificaban la fuerza desplegada por la policía”, subrayan los siete jueces que firman la sentencia, según la cual “el método usado por la policía para dispersar la manifestación no fue proporcionado” y constituyó, por tanto, una violación de la libertad de asociación y reunión recogida en el artículo 11 del Convenio europeo. El Estado español deberá compensar con 248,10 euros en materia de costas a Laguna Guzmán, según ha decretado Estrasburgo.

La demandante había participado el 2 de febrero de 2014 en una manifestación organizada por la Asociación Parad@s en Movimiento Valladolid para protestar contra recortes presupuestarios y altas tasas de desempleo. La protesta había sido autorizada y se desarrolló sin incidentes, pero a su término, alrededor de medio centenar de manifestantes, incluida Guzmán, decidieron continuar la marcha de forma espontánea por el centro de la ciudad hasta la plaza de San Lorenzo. Allí almorzaban en un restaurante “algunos políticos” —del Partido Popular, según recordó en vísperas de la sentencia el Día de Valladolid—, que habían celebrado ese día un congreso en la ciudad.

Los manifestantes se plantaron ante el local con una pancarta que rezaba “paremos la criminalización de la protesta social” y denunciando casos de corrupción, según recoge la sentencia europea. Fue en ese momento, y sin que los manifestantes hubieran intentado acceder hasta el restaurante, cuando la policía desplegada en los alrededores de la plaza, que no llevaba protección especial pero sí porras y armas de servicio, intervino para disolver la protesta y obligarles a bajar la pancarta, algo a lo que se negaban los manifestantes. Guzmán, que era una de las que portaban la pancarta —y que no realizó ningún acto violento contra los agentes, subraya Estrasburgo— fue golpeada “violentamente” con una porra por uno de los policías y sufrió heridas en una mano y boca que le supusieron nueve días de baja médica. Dos años más tarde, a Guzmán se le decretó una “incapacidad permanente” a causa de las lesiones ocasionadas en la protesta.

La mujer acudió a los tribunales españoles para denunciar a los agentes por lesiones físicas, en un proceso que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que lo declaró inadmisible en 2017. Sin embargo, en 2019, la Audiencia Nacional aceptó su demanda contra el Ministerio del Interior en reclamo de una indemnización por las lesiones sufridas y falló a su favor, ordenando el pago de 10.000 euros a la demandante. Esta recibe ahora una nueva satisfacción —más moral que económica, en vista del monto recibido, que solo cubre las expensas del procedimiento en Estrasburgo— al darle la razón el TEDH en su argumentación. Más allá del caso concreto, Estrasburgo subraya que, aunque se debe velar por que las protestas cumplan las normas, como solicitar una autorización previa, “las autoridades públicas deben mostrar un cierto grado de tolerancia hacia manifestaciones espontáneas que sean pacíficas”.