El informe de la Fiscalía sobre el Gobierno y la covid: un arma de doble filo

El informe de la Fiscalía General del Estado a favor del archivo de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia va a ser examinado con detalle por el Tribunal Supremo. Sin prisa, pero sin pausa: los fiscales se han tomado su tiempo, y el alto tribunal también lo hará. Entre querellas y denuncias suman más de 50, y el Supremo va a poner la lupa en todas ellas, con el dictamen...

El informe de la Fiscalía General del Estado a favor del archivo de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia va a ser examinado con detalle por el Tribunal Supremo. Sin prisa, pero sin pausa: los fiscales se han tomado su tiempo, y el alto tribunal también lo hará. Entre querellas y denuncias suman más de 50, y el Supremo va a poner la lupa en todas ellas, con el dictamen de la Fiscalía como permanente referencia y elemento de contraste. Pero en medios del Supremo se recuerda que no siempre se han seguido los criterios del ministerio público, sobre todo en casos en que sus representantes han entreverado consideraciones estrictamente técnicas con otras más próximas a puntos de vista subjetivos.

Las fuentes consultadas subrayan que el informe de la Fiscalía emite juicios de valor y expone conclusiones con un fuerte componente político. En tales medios se admite que no era fácil evitarlo, en la medida en que el dictamen se refiere a la gestión del Gobierno en un aspecto concreto, el que se refiere a la preservación de la salud pública. Pero ha llamado la atención en tales círculos que en algunos casos el informe de los fiscales parezca entrar en diálogo con los autores de las querellas. Así, por ejemplo, al analizar el papel que corresponde a los miembros del Ejecutivo como “garantes” de la salud de los ciudadanos, la Fiscalía recuerda a los denunciantes que las competencias en materia de sanidad están muy descentralizadas, y en gran medida en manos de las comunidades autónomas, y que ningún Ejecutivo regional pidió medidas excepcionales antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

En aras de la contundencia, el dictamen sostiene, por ejemplo, que no se ha “justificado tan siquiera indiciariamente en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar un riesgo que, además de no resultar preexistente, parece palmario que jamás se halló, ni pudo hallarse, controlado”. Esta apreciación —añadían los fiscales en su informe— impide equiparar la acción que se atribuye a los querellados a “la causación efectiva de múltiples muertes”. En los medios consultados se equipara este tipo de afirmaciones a los supuestos de exceso en la defensa cuando se analiza un caso de respuesta a una agresión ilegítima. Con observaciones hacia ambos lados. Hacia los autores de las querellas al atribuir al presidente del Gobierno y a sus ministros de Sanidad e Interior delitos de homicidio, no sólo por imprudencia, sino también doloso, y hacia la réplica de los fiscales con afirmaciones tales como que algo, la imposibilidad de controlar los riesgos de la pandemia, “parece palmario”, lo que deja en el aire si en realidad lo era o no.

En el Supremo se ha tomado nota, en suma, del enfrentamiento previo entre fiscales conservadores y fiscales progresistas a propósito de la gestación del informe y de su contenido final. La conclusión es que sea lo que fuere lo que resuelva el Alto Tribunal, no tendrá un acento similar al de las querellas y su réplica desde la Fiscalía General del Estado.