Ofensiva del PSOE andaluz para que la Junta asuma el gasto de los Ayuntamientos en la desinfección de colegios

La vuelta al cole puede atragantársele aún más a la Junta de Andalucía. Al malestar de la comunidad educativa que ha anunciado movilizaciones por lo que consideran una improvisación en la organización del retorno a las aulas, se suma la ofensiva de los municipios y diputaciones gobernados por el PSOE que acudirán a la justicia contencioso administrativa si la Consejería de Educación no abona los gastos derivados en la desinfección de los colegios y deja claras por ley la asunción de competencias para prevenir y contener la epidemia en los centros escolares.

La dirección del PSOE-A remit...

La vuelta al cole puede atragantársele aún más a la Junta de Andalucía. Al malestar de la comunidad educativa que ha anunciado movilizaciones por lo que consideran una improvisación en la organización del retorno a las aulas, se suma la ofensiva de los municipios y diputaciones gobernados por el PSOE que acudirán a la justicia contencioso administrativa si la Consejería de Educación no abona los gastos derivados en la desinfección de los colegios y deja claras por ley la asunción de competencias para prevenir y contener la epidemia en los centros escolares.

La dirección del PSOE-A remitirá este mismo lunes ―la misma semana en que arranca el curso en Primaria en esta región― una moción a todas las agrupaciones de la región para que las presenten en sus respectivos Ayuntamientos y sean debatidas en pleno. El contenido, según ha podido conocer este diario, exige a la Junta que establezca por ley a quién le corresponden las nuevas atribuciones para prestar los servicios que demanda la lucha contra el covid en los colegios y que dote a las administraciones locales de recursos en el caso de que les asigne o amplíe funciones que entrañen nuevos gastos, tal y como establece el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). En el caso de que el Gobierno andaluz no se atienda estas peticiones, el documento advierte de que se acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para que resuelva el problema.

Los socialistas gobiernan en el 60% de los municipios andaluces y en seis de las ocho diputaciones (todas salvo Málaga y Almería, del PP) y fuentes cercanas a la dirección del partido en la comunidad sostienen que, además de en sus propios Ayuntamientos, la moción podrá prosperar en los que están gobernados por Adelante Andalucía (90) e independientes (poco más de 20). “Habrá que ver qué hacen los del PP”, señalan en el PSOE. La moción responde a las reclamaciones que a lo largo del verano han venido realizando ediles y los presidentes de algunas de las diputaciones socialistas, como la de Cádiz, donde solicitaban a la Consejería de Educación que sufragara los costes extraordinarios de limpieza, desinfección y acondicionamiento de los centros donde se imparte segundo grado de infantil, primaria y educación especial, por entender que se trata de unas competencias autonómicas que están asumiendo localidades con las arcas públicas ya muy mermadas por los efectos económicos del coronavirus.

Desde la Consejería de Educación defienden que las tareas de desinfección entran dentro de las competencias municipales y así se lo han hecho saber a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a todos los Ayuntamientos que les han trasladado sus reclamaciones, confirman fuentes oficiales.

Pedro Fernández, alcalde socialista de Baza (Granada, 20.500 habitantes) estima en 130.000 o 140.000 euros el coste anual de desinfectar diariamente durante todo el curso los cuatro colegios y el centro de adultos de su municipio, una circunstancia que le obliga a incorporar una persona más a media jornada en cada uno de los centros. Su compañero de partido, el regidor de la localidad granadina de Santa Fe (15.412 vecinos) Manuel Gil se queja de que la Junta de Andalucía no les ha dado tiempo siquiera a hacer contrataciones especiales para realizar las tareas de desinfección. El regidor advierte de que “por supuesto, los colegios estarán preparados para los niños y niñas”. “Limpiaremos y desinfectaremos aunque esto último no nos corresponda”, añade. Gil va a acudir a las bolsas de trabajo municipal porque no tiene tiempo para organizar otra alternativa. Remedios Gámez, alcaldesa del PSOE de Montefrío, otro municipio granadino de 5.500 habitantes, ha tenido que recurrir a un fondo de solidaridad municipal aprobado en pleno para la covid-19, posible gracias a un superávit municipal. “Esto que nos pide la Junta es un gran esfuerzo para los ayuntamientos como nosotros”, comenta Gámez. “Las tareas de desinfección exigen un elevado coste que ha obligado a consistorios a tener que externalizar el servicio o a duplicar el personal o los turnos, incurriendo en gastos que muchos interventores municipales se niegan a asumir porque no son competencia municipal, no se puede confundir la limpieza cotidiana de los centros, que ya asumen los Ayuntamientos, con la acción de desinfección extraordinaria motivada por el coronavirus”, resumen las fuentes socialistas consultadas.

Los últimos en sumarse a las protestas han sido los alcaldes de Jaén que este lunes han empezado a enviar al consejero de Educación, Javier Imbroda, copias de las facturas proforma con el coste desembolsado en las tareas de limpieza y desinfección de los colegios, tal y como ha informado este lunes el secretario general de los socialistas de esa provincia, Francisco Reyes. El coste de las tareas de desinfección de las clases que algunas empresas ya han facturado a los ayuntamientos asciende a 100 euros por aula o línea educativa y día, es decir, 500 euros semanales ó 2.000 al mes, ha asegurado Reyes, una cantidad que, ha insistido “no pueden asumir de ningún modo los ayuntamientos”, informa Ginés Donaire.

Ningún consistorio se plantea boicotear el regreso a las aulas, pero sí demandan una claridad legal que fije el marco de competencias para desarrollar los nuevos servicios y prestaciones, además de una compensación económica por las ya realizadas. Desde el PSOE se considera que dentro de las atribuciones municipales recogidas en el apartado 25 c) del artículo 9 de la LAULA relativo a materia de educación, “la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos” se circunscribe a tareas básicas y que la implicación de los Ayuntamientos “encuentra su cauce natural y ordinario en los consejos escolares donde la administración municipal tiene su representación”, de acuerdo con el informe jurídico que la Diputación de Cádiz presentó a comienzos de agosto. Una vez que queden delimitadas las atribuciones y si esas competencias se otorgan a los Ayuntamientos, deberá garantizarse, tal y como estipula el artículo 25 de la LAULA, la suficiencia financiera, abundan las fuentes de la dirección del PSOE.

Desde la dirección de los socialistas andaluces se esgrime que la única alternativa, si la Junta no procede a dirimir las competencias y a sufragar los gastos en los que ya han incurrido los Ayuntamientos para garantizar una apertura segura de los colegios es la judicial. Conscientes de que no todos los consistorios pueden asumir el coste de esta opción, a lo largo de esta semana acordarán con las Diputaciones la posibilidad de que el recurso pueda presentarse bajo el paraguas de esta institución. Desde el Gobierno municipal de Sevilla, el municipio más importante que gobierna el PSOE, indican a este diario que, aunque la prioridad ahora es atender todas las necesidades que sean posibles de los centros, “a continuación se analizarán los gastos incurridos y la posible reclamación a la administración autonómica”. “Hay que tener en cuenta que los Ayuntamientos están asumiendo todos los gastos derivados de la crisis sanitaria en solitario y con sus propios recursos mermados por la caída de ingresos mientras que la comunidad autónoma está recibiendo transferencias del Estado”, puntualizan.