El Gobierno ultima el traslado de 80 solicitantes de asilo ante el hacinamiento en Melilla
La delegada del Gobierno ha avanzado que 80 personas acogidas en la Plaza de Toros serán reubicadas en recursos de la Península
El Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Migraciones ultiman un nuevo traslado de solicitantes de asilo desde Melilla a recursos apropiados en la Península, según confirmó este jueves la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh. Según ella, serán reubicadas unas 80 personas a las que se han practicado varias pruebas médicas (entre ellas, de covid-19 y ADN, para confirmar lazos familiares) y que están acogidas, junto a otras casi 400 personas, en las instalaciones improvisadas por el Ejecutivo local en la plaza de toros.
La medida, que responde a la insiste...
El Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Migraciones ultiman un nuevo traslado de solicitantes de asilo desde Melilla a recursos apropiados en la Península, según confirmó este jueves la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh. Según ella, serán reubicadas unas 80 personas a las que se han practicado varias pruebas médicas (entre ellas, de covid-19 y ADN, para confirmar lazos familiares) y que están acogidas, junto a otras casi 400 personas, en las instalaciones improvisadas por el Ejecutivo local en la plaza de toros.
La medida, que responde a la insistencia de diversas organizaciones para descongestionar los recursos de acogida en Melilla, lleva fraguándose días y pretende aliviar la presión a la que está sometida la población migrante en la ciudad. Interior autorizó dos traslados en abril y mayo, respectivamente. Al margen de estas dos acciones, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha mantenido las salidas bloqueadas desde que se decretase el estado de alarma a mediados de marzo.
El veto a los traslados periódicos ha agravado la situación de hacinamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) —dependiente de Migraciones y donde conviven 1.375 personas en unas instalaciones preparadas para acoger a 782— y en la plaza de toros, que acoge a unas 450 personas entre marroquíes atrapados por el cierre fronterizo, migrantes a quienes el Gobierno no puede repatriar y solicitantes de asilo. Con una población total de 83.000 personas, la ciudad de Melilla acoge, además, a unos 1.300 menores, en su mayoría marroquíes, que residen en varios centros y cuya tutela ejerce la administración.
La situación de tensión se disparó el pasado miércoles, con la transformación en disturbios de una protesta a las puertas del CETI que se saldó con 33 residentes del centro detenidos y varios migrantes y policías heridos de diversa consideración. La delegada del Gobierno recalcó ayer que, por el momento, no se producirá ninguna salida de residentes del CETI. “La salida que se está preparando desde hace una semana corresponderá a personas vulnerables o sujetas a protección internacional que se encuentran en la plaza de toros”, señaló en Twitter.
Ese compromiso, adelantado la pasada semana por el consejero de Economía y Políticas Sociales de Melilla, Mohamed Mohamed Mohand, llegaba después de que 30 personas accedieran a la ciudad en un salto colectivo a la valla en el que murió un joven. Este martes, el presidente melillense, Eduardo de Castro (Cs), apuntaba a los traslados como única vía para afrontar la situación de emergencia sanitaria en la ciudad ante el incremento de casos de covid-19, que ha llevado a solicitar por segunda vez el confinamiento del CETI tras detectarse un brote con cuatro casos y transmisión comunitaria.
La orden de confinamiento, publicada el miércoles en el boletín oficial de la ciudad (BOME), está pendiente de ratificación judicial, después de que la titular del juzgado de guardia tumbase el martes una medida similar por considerarla desproporcionada. En su auto, la juez planteaba una alternativa a la restricción de la movilidad de los residentes del CETI: solicitar al Gobierno central el traslado de personas a la Península.
En todo caso y pese al rechazo de la justicia, los residentes del CETI llevan cinco días en una cuarentena de facto. De Castro reconoció que ha trasladado a Grande-Marlaska la necesidad de descongestionar el centro. “El ministro me dijo que no era fácil, que estaban en ello”, dijo a medios locales.