Enredo judicial con rey emérito de fondo

Seis fiscales del Supremo experto en delitos económicos, dos fiscales anticorrupción, un fiscal suizo y un magistrado de la Audiencia Nacional andan enredados en la investigación a un comisario corrupto, José Manuel Villarejo, a un rey emérito, Juan Carlos I, y a su examante, Corinna Larsen. El policía, preso desde octubre de 2017, grabó en 2015 una conversación con Larsen en la que esta sugería que Juan Carlos I ocultó dinero...

Seis fiscales del Supremo experto en delitos económicos, dos fiscales anticorrupción, un fiscal suizo y un magistrado de la Audiencia Nacional andan enredados en la investigación a un comisario corrupto, José Manuel Villarejo, a un rey emérito, Juan Carlos I, y a su examante, Corinna Larsen. El policía, preso desde octubre de 2017, grabó en 2015 una conversación con Larsen en la que esta sugería que Juan Carlos I ocultó dinero en el extranjero a través de testaferros y que su fortuna procede de negocios ilegales. Corinna no contó entonces a Villarejo que parte de la fortuna del Rey había acabado en sus manos en 2012, tras una donación de 65 millones sobre la que hace más de un año puso su foco la fiscalía suiza. El dinero que regaló Juan Carlos a su amante procedía de Abdalá bin ABdulaziz, rey de Arabia, en 2008. El rey emérito decidió ocultar al fisco ese regalo, que depositó en un banco a nombre de una fundación domiciliada en Panamá y administrada desde Suiza por dos conocidos de varios empresarios españoles corruptos: el gestor de patrimonios Arturo Fasana y el abogado experto en estructuras opacas Dante Canónica.

El fiscal suizo y la Fiscalía Anticorrupción española investigan si ese regalo de 2008 tiene relación con el pago de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca adjudicadas en 2011. La Fiscalía Anticorrupción entendió en 2018 que las revelaciones de Larsen eran indicios “extraordinariamente débiles” para abrir una investigación, con el inconveniente de que los supuestos hechos delictivos correspondían a unos años, entre 2009 y 2012, en los que el rey Juan Carlos era inviolable y por tanto no se le podía investigar ni imputar. El fiscal pidió el archivo provisional de la pieza número 5 del caso Tándem, el proceso abierto por los negocios ilegales del comisario Villarejo, y el juez Diego De Egea aceptó.

Tras el archivo, la Fiscalía inició una investigación sobre uno de los negocios ilegales que aireó Corinna en su conversación con Villarejo relativo al pago de comisiones en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a un consorcio español por 7.000 millones. Sostenía Anticorrupción que podía tratarse de un caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. El fiscal suizo avanzó en una causa paralela con idéntico objetivo y con la colaboración de las autoridades judiciales españoles. La investigación conocida no ha sido capaz de probar hasta ahora la relación entre el regalo en 2008 del rey saudí a don Juan Carlos y el pago de comisiones ilegales por la adjudicación en 2011 de las obras del tren a La Meca.

Hacienda ha acreditado que el rey Juan Carlos nunca presentó declaración informativa sobre bienes situados en el extranjero ni hay constancia de que mantuviera cuentas fuera de España. Este ocultamiento supone un delito fiscal si se demuestra que el monarca mantuvo su fortuna oculta en el extranjero después de junio de 2014, cuando su abdicación acabó con su inviolabilidad. En 2012 se deshizo de su patrimonio oculto en una fundación panameña al donarlo íntegramente a Larsen. Si mantuvo otra parte del dinero oculto en el extranjero es algo que investigan ahora los fiscales.

El juez García Castellón ha decidido ahora reabrir la pieza que se archivó en 2018 para investigar un hecho menor: si Corinna contrató a Villarejo para que investigase a una asistente española que supuestamente estaba filtrando información sobre la vida privada de la examante del rey emérito. De paso, Garcia Castellón, al que Anticorrupción no ha informado de los últimos avances en sus pesquisas, pide a la Fiscalía que le diga si hay conexión entre lo que se investiga desde la Audiencia Nacional y los trabajos de seis fiscales en el Supremo.