130 Millones

Le va a costar al Estado 130 millones organizar las elecciones generales del próximo 28 de abril. Una cantidad importante a la que hay que sumar los gastos que realicen cada uno de los partidos para convencernos de que son la mejor opción. Desconozco los capítulos en los que se descompone aquella cantidad, aunque imagino que una parte nada despreciable se la consume la gestión del voto por correo. En todo caso, es un dinero bien empleado cuando se trata de que la ciudadanía pueda ejercer un derecho en un entorno de pluralidad política y con todas las garantías. No es el propósito de esta colum...

Le va a costar al Estado 130 millones organizar las elecciones generales del próximo 28 de abril. Una cantidad importante a la que hay que sumar los gastos que realicen cada uno de los partidos para convencernos de que son la mejor opción. Desconozco los capítulos en los que se descompone aquella cantidad, aunque imagino que una parte nada despreciable se la consume la gestión del voto por correo. En todo caso, es un dinero bien empleado cuando se trata de que la ciudadanía pueda ejercer un derecho en un entorno de pluralidad política y con todas las garantías. No es el propósito de esta columna, por tanto, abrir una reflexión sobre el coste electoral para la administración, aunque sí tenga una relevancia muy significativa en términos democráticos limitar por ley y someter a los pertinentes controles políticos, la cantidad y procedencia de los recursos que los partidos utilizarán en esta campaña.

Más allá del gasto que provoca unas elecciones, me interesa el dato únicamente como simple reclamo para tomarnos en serio un proceso que entrará oficialmente en fase de campaña el próximo viernes. Elegir a quienes van a administrar nuestros asuntos (y los del común) no es solo la consecuencia jurídica de vivir en un sistema democrático que ha superado con éxito cuatro décadas. Seleccionar a nuestros gobernantes tiene, a mi juicio, otra dimensión que conecta con la libertad y autonomía de la persona como expresión de su dignidad. Más aún, quienes hayan tomado parte en una misión electoral, de las que se despliegan en países de estructuras institucionales frágiles, habrán advertido, al margen del contexto político, la existencia de cierto instinto natural que impulsa a toda persona a querer decidir por sí misma su gobierno. Algo que en las democracias consolidadas, sin embargo, parece aplacarse como resultado de cierto hastío hacia la política.

Los partidos y cada uno de los candidatos a ocupar un escaño en las Cortes Generales tratarán de incentivar nuestro voto y reclamar nuestra confianza durante las próximas semanas. Para hacerlo utilizaran viejos y nuevos formatos. No dudarán en ‘segmentarnos’ para así identificar mejor qué queremos escuchar o, por el contrario, qué cosas nos disgustan hasta el punto de movilizarnos contra aquél que cometa el error de verbalizarlas. Toda esta información obtenida ¿con o sin? nuestro consentimiento será utilizada para vertebrar los ejes de una campaña que se prolongará durante dos semanas. También identificarán aquellos lugares de la geografía española donde resulte más productivo su esfuerzo de seducción. En esta ocasión, los electores que residan en 25 de las 52 circunscripciones donde se reparten cinco, cuatro, y tres escaños recibirán más atención porque, al parecer, son ellos los que pueden otorgar la mayoría a uno de los dos bloques. Esta vez, como saben, no se trata de ganar, sino de poder gobernar. Atentos.