Dejar gobernar

El respaldo de Ciudadanos a la investidura de Susana Díaz rompe el absurdo bloqueo institucional sufrido por la Junta de Andalucía desde la celebración de las elecciones, hace dos meses y medio. Ese periodo, unido al de precampaña y campaña, alargaba estérilmente la provisionalidad de las instituciones andaluzas y anunciaba la posibilidad de bloqueos similares en otras partes de España. La señal dada desde Andalucía rema en el sentido de acabar con una contradicción evidente: ninguno de los partidos que acaban de someterse al veredicto de las urnas tiene el menor interés en repetir las eleccio...

El respaldo de Ciudadanos a la investidura de Susana Díaz rompe el absurdo bloqueo institucional sufrido por la Junta de Andalucía desde la celebración de las elecciones, hace dos meses y medio. Ese periodo, unido al de precampaña y campaña, alargaba estérilmente la provisionalidad de las instituciones andaluzas y anunciaba la posibilidad de bloqueos similares en otras partes de España. La señal dada desde Andalucía rema en el sentido de acabar con una contradicción evidente: ninguno de los partidos que acaban de someterse al veredicto de las urnas tiene el menor interés en repetir las elecciones, y sin embargo dejan pasar el tiempo —con pretextos diversos— sin otro motivo real que el de no comprometerse ante sus votantes.

El pacto de Ciudadanos y PSOE era la única solución en Andalucía a la vista de las dificultades para obtener el apoyo del PP o de Podemos. La actitud de estas fuerzas queda en evidencia con la decisión de Ciudadanos, que también parece inclinado a respaldar la investidura de Cristina Cifuentes (PP) como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque con más dudas.

La formación de Albert Rivera corre el riesgo de presentar una imagen confusa ante los electores, apoyando unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Que sea difícil explicarlo a militantes muy convencidos no implica que la mayoría de los ciudadanos prefieran el desgobierno. No es así. Lo que desean es vivir un tiempo de pactos y coaliciones, como puso de relieve la encuesta poselectoral de Metroscopia publicada por EL PAÍS el domingo y lunes pasados. Desde ese punto de vista, Ciudadanos corre un riesgo calculado: más vale presentarse como el partido que favorece la gobernabilidad que jugar a vetos e intransigencias.

Alargar el tiempo de la transacción solo se entiende en caso de negociaciones para Gobiernos de coalición en que cada parte se responsabiliza de la gestión y acuerda reglas de funcionamiento interno. En cambio, organizar un complicado ceremonial de negociaciones y pliegos de condiciones es más extraño cuando se trata simplemente de permitir que se constituya un Gobierno. Es más: el partido que facilita el apoyo al PSOE en Andalucía, y quizá al PP en Madrid, tiene previsto pasar a la oposición y no integrarse en Gobierno alguno. Es innecesario tener que dejarse todos los pelos en la gatera para permitir el funcionamiento de Gobiernos minoritarios, a los que se va a pedir cuentas desde la oposición —incluida la fuerza que le apoya— desde el principio. No confundamos un verdadero acuerdo de coalición con un simple pacto de investidura para permitir que las instituciones echen a andar.

Lo más positivo de la decisión de Ciudadanos es el aldabonazo que supone para los negociadores de pactos municipales y autonómicos en toda España. Pongamos las cosas en su lugar: ninguna fuerza política ha obtenido el suficiente número de votos en las pasadas elecciones como para imponerse a las demás en las autonomías y en un considerable número de Ayuntamientos. Así que los pactos no es que sean inevitables; es que son deseables para lograr un funcionamiento razonable de las instituciones.