Mantener la cabeza fría

El Gobierno ha tenido que comprometerse a rectificar el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que en sus primeras versiones pretendía desequilibrar, a favor del poder gubernativo, la protección de los derechos fundamentales inscritos en la Constitución. El Ministerio del Interior se había metido en un terreno resbaladizo para conferir amplios poderes a la policía a la hora de identificar, cachear, inmovilizar a personas, disolver reuniones y manifestaciones, además de ensanchar desmesuradamente el catálogo de infracciones sancionables. Incluso había llegado hasta el extremo de considerar com...

El Gobierno ha tenido que comprometerse a rectificar el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que en sus primeras versiones pretendía desequilibrar, a favor del poder gubernativo, la protección de los derechos fundamentales inscritos en la Constitución. El Ministerio del Interior se había metido en un terreno resbaladizo para conferir amplios poderes a la policía a la hora de identificar, cachear, inmovilizar a personas, disolver reuniones y manifestaciones, además de ensanchar desmesuradamente el catálogo de infracciones sancionables. Incluso había llegado hasta el extremo de considerar como “colaboradores” a los vigilantes privados, pese a que la Constitución encomienda la seguridad ciudadana a las fuerzas de la seguridad pública.

Es verdad que Gobiernos de distinto signo político han intentado ampliar el intervencionismo del Ejecutivo. Lo delicado de la materia en juego obliga a estudiar y elaborar con especial cuidado las reformas legales que afectan a derechos fundamentales. Así lo ha sugerido el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno ha recogido el guante, aunque sin precisar la dirección que tomarán los cambios.

Es imposible desligar por completo esta polémica de los episodios de violencia registrados en la vía pública. La ciudadanía entiende y exige que no se permitan actos vandálicos como los protagonizados por minorías de exaltados tras manifestaciones pacíficas. Las fuerzas de la Seguridad del Estado deben contar con información e instrumentos para evitarlos y reprimirlos sin mermar el derecho de los ciudadanos a expresar pacíficamente su discrepancia y su crítica, porque lo excepcional no puede convertirse en pretexto para generalizar una limitación de las libertades por la vía de hecho.

En la estela de esas polémicas, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha tenido la ocurrencia de proponer el cierre del centro de Madrid a las manifestaciones. Y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha valorado como “muy atinado” circunscribir el derecho de manifestarse a un lugar específico. Afortunadamente hay personas que conservan la cabeza fría dentro del Ejecutivo y la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha salido rápidamente al paso de tales ideas: ni se ha reclamado informe jurídico alguno ni se está trabajando en la dirección de limitar el derecho de manifestación. Con toda lógica. Apunta también el razonable criterio de examinar con cuidado las autorizaciones en función de los itinerarios y de las condiciones en que está previsto reunirse, de forma que se reduzcan las molestias para otros ciudadanos.

La mayoría de las manifestaciones que se celebran en España son pacíficas. Es importante que sus organizadores y participantes ejerzan sus derechos con la cabeza fría. Así debe ser para consolidar una línea roja entre los que quieren protestar pacíficamente y los que solo pretenden reventar salvajemente esos propósitos, atentando contra la libertad de todos.