No son soportables más escándalos

No es admisible sin más el posicionamiento del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial respecto a que dicha institución incumpliría la ley si no aprueba la indemnización solicitada por su antecesor. Son incontables las desestimaciones por parte de las Administraciones públicas de las pretensiones de ciudadanos basadas en derechos recogidos en las normas. Sirvan de ejemplo las solicitudes de pensión por incapacitación que son denegadas y obligan a los trabajadores a acudir a los juzgados que en algunas ocasiones les darán la razón y en otras no. Las normas, como de sobra sabe el...

No es admisible sin más el posicionamiento del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial respecto a que dicha institución incumpliría la ley si no aprueba la indemnización solicitada por su antecesor. Son incontables las desestimaciones por parte de las Administraciones públicas de las pretensiones de ciudadanos basadas en derechos recogidos en las normas. Sirvan de ejemplo las solicitudes de pensión por incapacitación que son denegadas y obligan a los trabajadores a acudir a los juzgados que en algunas ocasiones les darán la razón y en otras no. Las normas, como de sobra sabe el señor Moliner, no solo se interpretan literal y aisladamente. El señor Dívar se ha visto forzado a dimitir aunque supuestamente no ha infringido literalmente ninguna norma. Pero por supuesto que las ha vulnerado. La reglamentación del CGPJ que, al parecer, eximía a sus miembros de aportar justificación de sus gastos, es de suponer que lo hacía al presuponer la honorabilidad de los consejeros y su presidente y que, por ello, no harían un uso indebido de sus fondos.

El señor Dívar, en mi opinión, con sus disposiciones privadas de dinero público, ha actuado en fraude de ley (art. 6.4 del Código Civil), vulnerando principios como el establecido en el artículo siete del mismo Código que exigen la buena fe para ejercitar un derecho (el derecho a no presentar facturas). Pero no es este modesto ciudadano el que debe aportar argumentos para denegar la indemnización. Pongan a trabajar a sus letrados, a estudiar normas administrativas, civiles y, en su caso, penales, así como la jurisprudencia que sea de aplicación para denegar la indemnización.

Que sea el señor Dívar, si quiere mantener su petición, el que pase por el trago (no es inquina, señor, es indignación) de ir a defender su pretendido derecho ante los tribunales de justicia.

Y ya, puestos a trabajar, estudien la forma de exigirle la devolución del dinero público indebidamente gastado.

La salud pública saldría beneficiada por una decisión como la que apunto, que serviría para restablecer el necesario buen nombre y prestigio de esa institución.— Manuel Caballero Castilla.