Todos quieren a Huawei, pero sin hacerse la foto

En 2018, Huawei dominaba el mercado de las telecomunicaciones español. No solo era el fabricante que más móviles vendía detrás de Samsung, sino que lideraba los contratos de red de los principales operadores, acaparando en particular los de telefonía 5G, una tecnología que comenzaba a arrancar. Pero en 2019 la historia dio u...

En 2018, Huawei dominaba el mercado de las telecomunicaciones español. No solo era el fabricante que más móviles vendía detrás de Samsung, sino que lideraba los contratos de red de los principales operadores, acaparando en particular los de telefonía 5G, una tecnología que comenzaba a arrancar. Pero en 2019 la historia dio un brusco giro cuando la Administración estadounidense impuso un veto general a todos los equipos del fabricante bajo la acusación de que el Gobierno chino tenía acceso a los datos y comunicaciones de las redes y teléfonos móviles 5G de Huawei. Un veto al que se unieron posteriormente varios países europeos, impulsados por la recomendación reiterada de la Unión Europea a sus Estados miembros de que eliminaran a la firma china de sus redes.

Aunque España nunca suscribió ese veto, la marca asiática sufrió un desplome absoluto de las ventas de smartphones en el mercado nacional al no poder incorporar el sistema operativo Android de Google y aplicaciones tan populares como WhatsApp, Google Mail o Google Maps. De vender casi cuatro millones de móviles al año ha pasado a tener una cuota residual, por debajo del 1%, y ha cerrado todas sus tiendas en España.

Ese declive no ha ido paralelo al de las redes. Aunque desde el veto estadounidense las principales operadoras (Telefónica, MasOrange y Vodafone) anunciaron que prescindirían paulatinamente de las infraestructuras contratadas con Huawei, la realidad es muy distinta. Más bien se ha tratado de una campaña de marketing con vistas a la opinión pública que de un rechazo real, porque el fabricante chino sigue estando muy presente en las redes de telecomunicaciones españolas. Como sucede con el llamado lavado de imagen verde o greenwashing cuando las empresas quieren presumir de un ecologismo que en realidad no practican, las telecos y la Administración han aplicado una especie de Huaweiwashing, bajo la fórmula de seguir confiando importantes contratos a Huawei, pero eludiendo cualquier publicidad de ellos.

El paradigma de esa política ha sido Telefónica. Bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, la compañía adjudicó en 2019 el core o núcleo inteligente de toda su red 5G española a Huawei, coincidiendo con el veto a la marca de la primera Administración de Donald Trump. No obstante, ante las críticas internacionales recibidas y la actitud de otras grandes operadoras europeas como Deutsche Telekom o BT, dio marcha atrás y dijo que reordenaría su estrategia para excluir paulatinamente al fabricante chino de sus contratos 5G y diversificaría sus suministradores. El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, declaraba a Reuters a finales del pasado julio que la empresa estaba reduciendo los equipos de Huawei en España. Sin embargo, la operadora española firmó con el fabricante chino en diciembre de 2024, antes de la salida de Álvarez-Pallete y con Gallo como presidente de Telefónica España, la renovación (desde 2025 hasta finales de 2030) del contrato más importante de 5G de la operadora, el core de su red para todo el mercado residencial. Esa renovación no se hizo pública y salió a la luz gracias a la noticia publicada por EL PAÍS.

La misma estrategia la han practicado sus rivales. En Vodafone España, Huawei representa el 70% de la red de acceso o radio (la que llega a los usuarios), pero no tiene presencia en el core porque su anterior propietario, la británica Vodafone Group, decidió prescindir del fabricante chino. MasOrange le ha confiado más del 50% de su red de radio. Y ambos han firmado en 2025 con Huawei —sin publicidad alguna— la gestión de su centro de control de red (Network Operation Center o NOC), que se encarga de la monitorización, gestión y mantenimiento de la infraestructura de la red de acceso, como las incidencias más cercanas al usuario final.

La Administración no le va a la zaga en esa estrategia de discreción. A diferencia de países como Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, el Reino Unido (antes del Brexit), Rumania y Dinamarca, que han incluido a Huawei en una lista de suministradores de riesgo prohibiendo su contratación por los operadores de telecomunicaciones, España nunca ha llegado a concretar esa lista, ni parece que lo vaya a hacer. En los últimos meses, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha viajado al país asiático y ha estrechado lazos comerciales. Esa indefinición permite contratar cualquier servicio con la marca sin incumplir la legislación. Pero al mismo tiempo se evita publicitar esos contratos para no soliviantar a los países aliados, en particular a EE UU.

De ahí que cuando se supo que el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei por 12,8 millones de euros el contrato para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las fuerzas policiales, la reacción norteamericana fuera inmediata. Varios congresistas pidieron explicaciones al Gobierno español y amenazaron con endurecer las relaciones comerciales.

El contrato fallido

Esa confianza hacia Huawei se ha hecho más patente en la adjudicación por el Ministerio de Transformación Digital de la renovación de RedIRIS, una red de fibra de alta velocidad que da cobertura a universidades y centros de investigación, aunque presta servicios a otras instituciones públicas como el Ministerio de Defensa. El contrato le fue adjudicado el pasado 25 de agosto a Telefónica bajo la condición de que mantuviera los equipos de Huawei que ya gestionaban la red desde 2020. Tres días después, el ministerio aseguró que el contrato se había cancelado por razones de “estrategia digital y autonomía tecnológica”. El departamento ha anunciado que volverá a sacar a concurso la licitación. El mismo ministerio no hizo público que había incluido a Huawei en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G, conocido como SOC 5G, un organismo público encargado de supervisar y certificar la seguridad de los sistemas, redes y servicios de la nueva generación de telefonía móvil 5G. Cuando EL PAÍS destapó la noticia, el departamento de Transformación Digital aclaró que Huawei se integró en el SOC 95, pero solo a efectos consultivos, sin poder de decisión ni acceso a información crítica.

Con todo, la marca china está acusando el veto estadounidense en España. En 2024, la filial registró unos ingresos de 646,9 millones de euros, lo que supone una caída del 19% respecto al ejercicio anterior, y lejos de los 1.135 millones que facturó en 2022. Además, Huawei Technologies España entró en pérdidas, con un resultado negativo superior a cuatro millones frente al beneficio neto de 21,5 millones del año anterior.

El asunto también tiene ramificaciones políticas. Desde el PP se señala al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a la consultora Acento, que fundó el exministro socialista José Blanco (y cuyo presidente es el exdirigente del PP Alfonso Alonso), como valedores de Huawei. El mismo PP cuyo portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha hecho una encendida defensa en favor de la marca china y contra la aplicación en la UE del veto estadounidense. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró en octubre de 2021 un hub tecnológico de Huawei y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó en agosto del año pasado en Pekín la sede central de la compañía. Una visita que repitió este mismo año el presidente de Generalitat catalana, Salvador Illa.