El caso Grifols: ¿cómo se defienden los inversores?

El terremoto bursátil causado por la caída del coloso catalán Grifols en el Ibex 35 se ha cobrado como víctimas a los accionistas. Fondos y bancos, pero también ciudadanos que invirtieron sus ahorros en las acciones de la farmacéutica, han visto cómo de la noche a la mañana el valor de sus acciones se precipitaba tras saltar las sospechas de que la compañía escondía bajo la alfombra algunos pufos en sus cuentas. Acusaciones que no han sido pro...

El terremoto bursátil causado por la caída del coloso catalán Grifols en el Ibex 35 se ha cobrado como víctimas a los accionistas. Fondos y bancos, pero también ciudadanos que invirtieron sus ahorros en las acciones de la farmacéutica, han visto cómo de la noche a la mañana el valor de sus acciones se precipitaba tras saltar las sospechas de que la compañía escondía bajo la alfombra algunos pufos en sus cuentas. Acusaciones que no han sido probadas, y sobre las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo policía del parqué bursátil, aún debe pronunciarse.

No obstante, en encrucijadas como esta, y de confirmarse que la multinacional esconde algún cadáver contable, cabe preguntarse a qué salvavidas legal pueden agarrarse los inversores. Existen varias vías para reclamar, aunque los antecedentes muestran que el camino en los tribunales para recuperar las inversiones está plagado de baches.

Para empezar, la Ley de Mercado de Valores ofrece dos salidas. En primer lugar, el artículo 38 abre la puerta a exigir indemnizaciones por informaciones “falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto”, es decir, del documento que sirve para guiar a los inversores en los mercados secundarios.

En segundo término, el artículo 104 proclama la responsabilidad de los administradores si la información de la emisora no proporciona “una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor”. El asunto Grifols encajaría en este escenario, según las acusaciones del fondo bajista Gotham City Research.

¿Es ahora el momento de llamar a las puertas del juzgado? No tan rápido, dicen los expertos. Antes de mover ficha judicial, la recomendación es tener paciencia. Y, sobre todo, esperar a que la CNMV se pronuncie. Así lo aconseja Fernando Gavín, socio de Gavín & Linares Abogados, una de las firmas que ya estudia las derivadas del caso de la farmacéutica y tantea futuros pasos en los tribunales.

Si la CNMV concluye que las cuentas de la multinacional catalana están distorsionadas, los inversores tendrían vía libre para reclamar. Podrían exigir la devolución de “la diferencia entre lo pagado y lo que realmente valen las acciones”, explica Gavín. De forma que, si el organismo de control español dice que su valor es cero, como afirma Gotham, los damnificados podrían reclamar todo lo invertido. Tendrían tres años para hacerlo.

Pero los antecedentes no son halagüeños. Los asuntos similares más sonados, como el de Pescanova o Banco Popular, tienden a eternizarse y, a veces, las indemnizaciones quedan en un limbo, “salvo que la entidad ofrezca un acuerdo como hizo Bankia en su momento”, apunta Marisa Protomártir, directora jurídica de la asociación de usuarios financieros Asufin. Bankia puso en marcha un sistema para resarcir a cientos de miles de afectados por las irregularidades de su debut bursátil. Muchos recuperaron su dinero a cambio de renunciar a acciones legales.

Quizá el precedente que más recuerda a Grifols es el de la operadora española de wifi Gowex, “porque la bajista que precipitó su caída también fue Gotham City”, señala Guillermo Bayas, socio de litigación y arbitraje de AGM Abogados. La empresa de Jenaro García cotizó en el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) entre 2010 y 2014 hasta que reconoció la manipulación de sus cuentas. Nueve años después, cuatro inversores han conseguido que el Tribunal Supremo condene a la consultora Ernst & Young (EY) como auditora responsable. Asufin, por su parte, mantiene el pulso por una indemnización a los perjudicados y comanda una demanda de 3,3 millones, que agrupa a 130 accionistas.

Una cosa es clara: batallar para recuperar el dinero requiere tiempo. “Son pleitos que en lo civil pueden durar entre dos y dos años y medio”, aunque depende del juzgado y de si se recurre la resolución, apunta Manuel Romero, socio fundador del bufete RRBS Legal. Por su parte, la vía penal puede eternizarse. “Un procedimiento de este tipo puede durar sólo en primera instancia de seis a ocho años, y un recurso otros dos años”, señala el abogado Guillermo Bayas. Una estrategia común, revelan los juristas, es esperar a que los informes del pleito penal se filtren y estos sirvan de ayuda para construir las reclamaciones en la vía civil.

Esta yincana judicial sería más llevadera si España hubiera implementado un sistema de demandas colectivas, como han hecho otros países como Portugal. Nuestro país está en tiempo de descuento en su deber de adaptar sus leyes para impulsar un mecanismo de defensa grupal de los consumidores, en línea con la hoja de ruta de la Unión Europea. El último anteproyecto apostaba por un modelo opt-out, es decir, un sistema de pleito testigo que beneficie a todos los afectados que no se desvinculen expresamente. Los expertos creen que esta alternativa daría respiro a los tribunales, colapsados por litigios masivos como el de las preferentes.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) es tajante al respecto: “No tiene sentido que cada persona tenga que reclamar lo suyo”. Fuentes de la asociación confirman a este medio que estudian la viabilidad de posibles acciones judiciales para defender a los afectados por la caída de Grifols, con el asesoramiento del despacho Cremades y Calvo-Sotelo. Y añaden: “Necesitamos una justicia más ágil y con mecanismos adecuados para intentar obtener reparación por los daños causados”. Si bien, reconocen, el de Grifols “no es un caso claro todavía”.

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