La transición energética en España, en gráficos

La segunda década del siglo XXI ha supuesto una sacudida para el sector del consumo y la generación de energía eléctrica. La pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania pusieron patas arriba los precios y los mercados energéticos. Ambos eventos han sido dos aceleradores que se unieron al reto ya preimpuesto de la descarbonización del consumo y la industria con el fin de mejorar la eficiencia y la independencia competitiva.

España, por sus características temporales (viento, sol y capacidad de generación hidráulica), se ha convertido en los últimos años en una de las potencias europeas, encabezando en buena medida la electrificación de su economía tanto doméstica como industrial. Los datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), en su último informe, da cuenta de cómo la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico en hogares y en la industria se han disparado. En 2022, año especialmente crítico en materia energética tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en España se llevaron a cabo 23.096 instalaciones de autoconsumo industrial, en 2019 fueron 3.418, un aumento del 675%. En ese mismo lapso de tiempo, en el plano residencial, la APPA contabilizó, en 2022, en torno a 217.248 instalaciones, frente a las 4.328 de 2019.

Si bien el autoconsumo supone un arañazo de consideración, en términos macro España también ha potenciado su generación eléctrica. El porcentaje total de energía procedente de recursos renovables se situó en 2023 en el 24,8%, un aumento de siete puntos con respecto a 2019 y en torno a diez más que una década atrás. Esto se traduce en una reducción considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el Dióxido de Carbono, que el Instituto Nacional de Estadística publica con regularidad.

Por sectores, esta electrificación progresiva es desigual. Mientras que en el trasporte supone el 11,9% de la energía empleada, en el consumo, frente al 21% del sector de la refrigeración (frío/calor) o el 56% de la energía producida para el consumo general. Los porcentajes, en cualquier caso, muestran una tendencia ascendente que, necesariamente, derivará en una segura necesidad de remodelación del sistema eléctrico español para poder adecuarse al nuevo volumen de demanda.

En este sentido, la inversión en I+D+i se antoja como otro de los retos centrales de la economía española, que solo mediante la inversión en investigación y en formación técnica especializada podrá mantener su posición preponderante para dar la batalla frente al reto climático. Al mismo tiempo, el nuevo ecosistema de servicios, como los grandes centros de datos (que requieren un gran consumo hídrico y eléctrico) o las nuevas inversiones de multinacionales de la automoción, que pretenden instalar en España nuevas plantas de baterías y coches eléctricos, hacen necesaria la adecuación regulatoria al nuevo contexto para dar un entorno de estabilidad normativa que permita el desarrollo seguro y productivo de las nuevas inversiones.