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Más de 11 millones de usuarios de luz y gas en España afrontarán subidas inmediatas en sus facturas por la guerra de Irán

El alza en los mercados mayoristas está impactando ya sobre los usuarios con tarifas reguladas, más expuestos a la inestabilidad internacional

Imagen de archivo de una vivienda de pocos recursos. Maria Arranz (ECODES)

La escalada bélica desatada en Oriente Próximo tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya empieza a notarse en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ...

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La escalada bélica desatada en Oriente Próximo tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ya empieza a notarse en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han anticipado que habilitarán medidas para tratar de paliar el daño que pueda ocasionar esta situación sobre las economías domésticas.

El más inmediato puede venir reflejado en la factura energética y afectar a más de 11 millones de hogares. El incremento del gas y el petróleo a nivel internacional se traducirá en un recibo gasista y eléctrico más caro. El impacto se notará ya a corto plazo y más directamente sobre los hogares españoles que dispongan de tarifas reguladas, ya que están diseñadas para recoger de forma más inmediata el precio de los hidrocarburos en los mercados mayoristas.

El peso específico que tienen los países del Golfo Pérsico afectados por las hostilidades en los mercados energéticos globales ha provocado una repentina subida de los precios del gas y el crudo, dada la expectativa de que ese foco de oferta se cerrará y tensará los precios por las dificultades de tránsito de los buques en el estrecho de Ormuz, donde se concentra el 20% del tráfico mundial de los principales productos energéticos.

En los últimos días, la referencia gasista en Europa (el índice TTF holandés) ha pasado de rondar los 30 euros por MWh a superar ampliamente los 50 euros por MWh, lo que representa un incremento de más del 66%. El petróleo también se ha descontrolado: el coste del barril de Brent ha aumentado de los 70 dólares a rondar los 80 dólares (+15%).

En este contexto, la tarifa regulada de gas, a la que según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están acogidos más de tres millones de consumidores, sufrirá una revisión al alza el próximo 1 de abril, momento en que se produce la actualización trimestral. La Tarifa de Último Recurso (TUR) se revisa con una fórmula que recoge los precios internacionales del gas y otros productos, por lo que si continúa el ascenso de los precios todo apunta a que tendrán un recibo más caro el próximo mes.

La situación impacta aún más sobre la factura de la luz. La CNMC señala que más de ocho millones de hogares tienen la tarifa regulada Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC). Este formato también está vinculado al precio diario de la electricidad, que ha sufrido una repentina subida en los últimos días. Según los datos del mercado ibérico OMIE, el precio mayorista de la luz ha pasado de una media de 16,41 euros por MWh en enero y febrero a 90 euros por MWh este mismo miércoles. Esto es así porque el precio de la electricidad se basa a su vez en el precio del gas.

La tarifa PVPC recoge el precio del mercado mayorista. No obstante, las reformas acometidas tras la guerra de Ucrania, cuando llegó a niveles anormalmente elevados, han permitido que dicha subida ahora se amortigüe, ya que la exposición al mercado mayorista está limitada tomando otras referencias de más largo plazo. Aun así, los mercados de futuros de la electricidad también han sufrido un fuerte incremento, por lo que también en esos productos a plazo en los que se basa el PVPC están subiendo y se notarán en el recibo de final de mes.

La problemática es diferente para los usuarios que cuenten con contratos de luz y gas del mercado libre, que suelen tener su revisión de precios anual y son más estables. Sin embargo, esto suele implicar que también son más caros, precisamente por la garantía de estar cubiertos ante la volatilidad del mercado. En cambio, las revisiones anuales también se basan en el precio mayorista y cuando llegue el momento de actualizar subirán de precio en consecuencia.

El hecho de que ahora las tarifas reguladas vayan a subir más no significa necesariamente que sean más caras que las del mercado libre. De hecho, las asociaciones de consumidores hacen hincapié recurrentemente en que las tarifas reguladas, en contextos más benignos, son más económicas. Facua advertía el pasado verano de recibos hasta un 23% más baratos. Hasta el estallido bélico en Irán, tanto la TUR como el PVPC seguían siendo los más baratos.

Pero ahora conviene revisar la situación y ver qué merece más la pena. Según el comparador tarifario de la CNMC, para un consumidor medio de PVPC, la factura del último mes rondaría los 44,25 euros. Existen algunas ofertas actualmente de compañías privadas por debajo de esa cantidad, pero es recomendable consultar con expertos para evitar sustos con la letra pequeña de estas agresivas ofertas de captación, que a veces ocultan subidas tras los primeros meses. En el caso de la tarifa TUR de gas, aún este mismo martes la CNMC reflejaba que era la tarifa más barata respecto de las competidoras de mercado libre. El problema es si ahora suben con fuerza.

Para evitar fraudes y engaños, sobre todo en momentos como el actual en que la confusión con los mercados energéticos se pueden apoderar del consumidor, el Ministerio para la Transición Ecológica ha prohibido hacer ofertas energéticas por teléfono. En la anterior crisis provocada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, hubo muchas llamadas de comerciales para captar clientes y sacarlos del mercado regulado, que en esos momentos supuso un duro golpe a los bolsillos de los consumidores por las fuertes subidas.

Ahora el Gobierno ha señalado que esperan que la crisis de Oriente Próximo sea larga y están dispuestos a tomar medidas que protejan a los consumidores y evitar que se puedan dar movimientos especulativos que perjudiquen a los usuarios. Entre las medidas, barajan ayudas fiscales. En los últimos años redujeron los impuestos de las facturas de la luz y el gas y subvencionaron la tarifa TUR. El problema del inevitable incremento de los precios energéticos por la dependencia exterior es que, como ya sucedió en 2022, acaba repercutiendo en otros productos e incrementando la inflación. Un escenario que trata de evitarse a toda costa para no mermar aún más el poder adquisitivo de las familias, castigado en los últimos años.

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