Los argumentos de las nucleares catalanas para alargar su vida: el gran apagón, 90 millones anuales y el reactor americano de 80 años
La sociedad que gestiona los complejos de Ascó y Vandellòs subraya que da trabajo a una plantilla joven y se agarra al precedente que ha abierto Almaraz
Las plantas nucleares catalanas de Ascó y Vandellòs toman posiciones para alargar su actividad más allá de su supuesta fecha de caducidad, a rebufo de la senda abierta por Almaraz en Extremadura. Anav, la sociedad que comparten Endesa e Iberdrola y que gestiona los complejos nucleares de Cataluña, reivindica la pertinencia de poder seguir operando pese al plan de cierre que se pactó en el año 2019 y que, de respetarse, finiquitaría a Ascó I en octubre de 2030, a Ascó II en septiembre de 2032 y a Vandellòs en febrero del año 2035.
La empresa propietaria defiende que la seguridad está garantizada y se aferra a una estrategia donde plantea varios factores para hacerse valer: 90 millones de inversión anual, contrataciones para mantener la plantilla joven y los efectos negativos que tuvo el gran apagón del pasado abril. Además, se pone como ejemplo una central de Estados Unidos, con un diseño idéntico al de las catalanas, que ha logrado autorización para resistir hasta los 80 años.
El referente que toma Anav es la central de North Ann, ubicada en el estado de Virginia y que el año pasado recibió la luz verde del Nuclear Regulatory Commission (NRC) para operar hasta 2060. “Nuestros tres grupos nucleares cesarían la actividad con una media de 46 años, mientras que en Estados Unidos tiene autorización hasta los 80 años y se estudia la posibilidad de alargarle la vida hasta los 100”, sostiene Paulo Santos, director general de Anav. Santos defiende que, en cuanto a diseño, North Ann es una infraestructura “gemela” a Ascó y Almaraz. El máximo responsable de Anav subraya que el apagón masivo del pasado abril hizo abrir las ojos sobre la magnitud de la dependencia energética y “cambió la percepción de la opinión pública sobre la energía nuclear”.
Ascó I inició su actividad el 10 diciembre de 1984, mientras que Ascó II lo hizo el 31 de marzo de 1986. Vandellòs II arrancó en marzo de 1988. Pese al paso de los años, la sociedad gestora reivindica una inversión anual de 90 millones de euros, 30 millones por reactor, para tener el mantenimiento al día. Además, se destaca que la política de contrataciones ha mantenido la plantilla joven, con una media de 46 años y un 20% de licenciados y doctorados.
En España la energía nuclear soporta el 20% del consumo eléctrico anual pero en Cataluña la dependencia asciende hasta el 51%. La industria es el sector que más energía eléctrica precisa, un 37,8 %, mientras que el sector servicios y el doméstico suponen el 33,8 % y el 24,8 % del consumo eléctrico total, respectivamente.
Sin el empuje de los reactores de Ascó y Vandellòs, Cataluña necesitaría 8.000 megavatios (mw) eólicos adicionales o 12.000 mw fotovoltaicos. El reto no es menor, porque actualmente, sumando el aporte de estas dos renovables no se llega a los 4.000 megavatios instalados. El departamento de Territorio de la Generalitat ha establecido que un 1,2% del suelo de la superficie de Cataluña tendría que contar con instalaciones de energía eólica y solar, lo que equivaldría a 383 kilómetros cuadrados. Será menester vencer los recelos que afloran a nivel municipal cuando se activa un proyecto para instalar molinos de viento, dado el impacto visual que generan aerogeneradores de 100 metros de altura y la consecuente ocupación de grandes extensiones de terreno. En la zona de Tarragona, la proyección de un pequeño parque eólico, con apenas seis aerogeneradores para generar 30 megavatios de potencia, ha levantado la oposición de los ayuntamientos de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs y Riudoms. Son, en todos los casos, municipios cercanos a la central nuclear de Vandellòs.
La fotovoltaica, y sus huertos solares, también generan reproches. La entidad ecologista Gepec–Ecologistes de Catalunya ha presentado alegaciones a dos proyectos de generación y almacenaje de energía renovable en el Penedès que prevén una potencia de 11,59 megavatios cada una de ellas. Las alegaciones, explica Gepec, “se fundan principalmente en el impacto ambiental” y en la alteración de un corredor natural donde “habitan especias protegidas” como el mochuelo o el águila.
El rechazo de una parte del territorio al impacto de las renovables lastra su despliegue, lo mismo que los pocos incentivos económicos que, según los promotores de la eólica, se encuentran en Cataluña, donde las tasas para una instalación pueden llegar a los 130.000 euros, mientras que en Andalucía o Castilla y León las sitúan en torno a los 30.000 euros.
El Govern de la Generalitat calcula que en 2050 harán falta 62.000 megavatios de renovables para abastecer la demanda energética. Pero se da por descontado que instalando placas solares en edificios o zonas yermas, como techos de grandes zonas industriales o márgenes de autopistas, no se podrán superar los 14.000 megavatios.