Consumo propone multar con 3,6 millones a Alquiler Seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, continúa con su batalla contra las empresas que atentan contra los consumidores. Ahora, considera que Alquiler Seguro ha vulnerado los derechos de los consumidores, valiéndose de su posición de dominio de mercado y de forma prolongada en el tiempo, según la propuesta de sanción a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

El expediente constata prácticas ilegales como obligar al inquilino a contratar un seguro de hogar y a responsabilizarse de los posibles cargos por reclamaciones judiciales y por impagos, forzar la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino sin haberlo solicitado e introducir una cláusula en el contrato de alquiler que autorice a la agencia a incluirle en ficheros de morosos. Son infracciones consideradas en esta propuesta como muy graves a las que se suma la obligación de que el arrendatario presente un estudio de solvencia. Todo ello podría costarle a Alquiler Seguro 3,6 millones de euros de multa, en lo que supondría la primera sanción millonaria a una empresa del sector inmobiliario.

Cuando se sanciona a una compañía por una práctica determinada, se invalida dicho comportamiento, lo cual abre la puerta a que los consumidores reclamen los gastos derivados del mismo, algo que podrían hacer los afectados por estas cláusulas, de confirmarse formalmente esta propuesta de sanción.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 descartan pronunciarse sobre este expediente.

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, abrió expediente sancionador a Alquiler Seguro el pasado mes de marzo, tras poner en marcha una investigación en noviembre de 2023 a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Consumo por la organización de consumidores Facua, a la que posteriormente se incorporaron otras organizaciones, como OCU, que reclamaba a los organismos competentes que investigasen al portal inmobiliario por obligar a los inquilinos “a abonarles un mes de renta —más el 21% de IVA— por prestarles un servicio de atención, pese a que estos no los hayan solicitado”.

Ahora, además de considerar irregular la imposición del Servicio de Atención al Inquilino, Consumo considera que la compañía podría haber incurrido en otras cinco infracciones muy graves: la imposición de cargos por impagos, la obligatoriedad del arrendatario de contratar un seguro de hogar, la que le obliga a responsabilizarse de los posibles cargos por reclamaciones judiciales y la introducción de una cláusula en el contrato que autoriza la inclusión del inquilino en ficheros de morosos.

Todas ellas son infracciones tipificadas como graves en la Ley para la Defensa de los Consumidores, pero el ministerio considera que el comportamiento desplegado por Alquiler Seguro desde, al menos, junio de 2023, habría incurrido en cuatro de los cinco requisitos que la ley prevé como agravantes.

Abuso continuado de su posición de dominio

Así, la propuesta de sanción recoge que el portal inmobiliario habría aprovechado situaciones de necesidad de determinados bienes, que habría explotado la especial inferioridad, subordinación o indefensión de determinados consumidores, que existiría un incumplimiento total de los deberes impuestos con desprecio manifiesto de los intereses públicos protegidos por la ley y que este portal, que ha intervenido en la formalización de más de 76.000 contratos y cuenta con más de 97.000 inquilinos en sus pisos en alquiler, se habría valido de esa situación de predominio en el mercado.

A estas infracciones muy graves se sumaría una séptima, tipificada en este caso como leve pero agravada por los mismos motivos: la imposición al arrendatario de la realización de un estudio de solvencia.

Tras presentar esta propuesta de sanción, ahora se abre un período de 15 días en los que Alquiler Seguro puede presentar alegaciones, aunque contra esta decisión administrativa no cabe recurso. Antes del 12 de diciembre, el ministerio tendrá que pronunciarse formalmente y, de ratificar finalmente la multa, esta sería la primera sanción millonaria que los organismos competentes —ya sean nacionales o autonómicos— impusieran a una empresa del sector inmobiliario.