Los dueños de pisos turísticos en Barcelona preparan una ofensiva legal ante la Generalitat por su cierre en 2028

Los propietarios de viviendas de uso turístico en Barcelona están dispuestos a pelear con la Generalitat de Cataluña para que anule, o al menos suavice, el plan que prevé la supresión de todas las licencias otorgadas para alquiler turístico en 2028 (en torno a 10.000), con el que se quiere dar una respuesta a la grave crisis inmobiliaria que vive la capital catalana y sus alrededores. Un deterioro muy similar al del resto de grandes ciudades en España, con una falta de oferta estructural y una subida exponencial de los precios del alquiler que ha provocado un empobrecimiento generalizado de los vecinos de Barcelona y su expulsión fuera del centro de la ciudad hacia la periferia.

Y el primer hito de esa batalla es la ofensiva legal, que se traduce en la interposición de reclamaciones patrimoniales ante la Consejería de Territorio del Gobierno de la Generalitat por el perjuicio que les va a ocasionar el cierre de la actividad en 2028. Hasta hoy se han presentado reclamaciones por valor de 4.280 millones que corresponde a 7.200 pisos. Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) alertan de que que si no obtienen respuesta del citado organismo en seis meses, la siguiente decisión será acudir a la vía judicial interponiendo un contencioso administrativo. Todo ello pese al revés de la semana pasada, en el que el Tribunal Constitucional declaró constitucional el decreto ley en el que se ampara el futuro cierre de estas viviendas, desestimando la demanda de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. “Es arbitrario y discriminatorio que haya 262 municipios [en los que se establecen las restricciones] en los que se exija una nueva licencia, pese a ser legales, para operar como vivienda de uso turístico y que en el resto no sea necesario ningún trámite”, ha recalcado Pablo Molina, abogado especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues.

Durante la jornada La regulación de los pisos turísticos en Barcelona, un modelo pionero y de éxito en riesgo, Enrique Alcántara, presidente de Apartur, ha expuesto el impacto positivo que genera esta actividad en términos de PIB y empleo, según datos de un informe elaborado por PwC, y ha rechazado que sean los responsables de esa tormenta perfecta en el sector inmobiliario. “Barcelona cuenta con un sector de pisos turísticos regulado y normalizado que paga impuestos, contribuye fiscalmente y que, además, ha ayudado a la administración pública a combatir la oferta ilegal, con el cierre de 10.000 viviendas de uso fraudulento en los últimos diez años”, recalcó Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona. La Asociación recuerda que contribuye con 1.948 millones de euros al PIB de la capital catalana, con 40.340 puestos de trabajo y que representa el 40% del alojamiento turístico, intensivamente utilizado en grandes acontecimientos como el Mobile World Congress o el Sonar. “Cualquier decisión, para ser eficiente, debe fomentarse en datos y no en percepciones. Y no lo decimos solo nosotros, también el Banco de España recomienda que cualquier medida restrictiva sobre la vivienda de uso no residencial debe tener en cuenta una evaluación global de su impacto”.

Frente a las críticas que les sitúan como los principales responsables de la falta de vivienda en alquiler en Barcelona, el informe recalca que los pisos turísticos solo representan el 1,2% del parque de vivienda y propone otras medidas más eficaces, como un cambio sustancial en el destino del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), en vigor desde 2012. Las últimas previsiones apuntan a que la Agencia Tributaria de Cataluña habría recaudado en torno a 100 millones de euros por este tributo en el último ejercicio, de los que 75 millones pertenecerían a Barcelona. Apartur ha solicitado a la Generalitat de Cataluña que destine el 100% de la recaudación a crear una bolsa de vivienda pública.