Competencia advierte a Canarias de que su proyecto de ley para regular las viviendas turísticas puede limitar en exceso la oferta

La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno de Canarias de que el conjunto de medidas propuesto en su anteproyecto de ley (APL) pueden generar barreras innecesarias y hacer que los pisos turísticos terminen convirtiéndose “en una actividad residual”. En su informe de 41 páginas, el organismo repasa las medidas contempladas por el Gobierno de Canarias, como que las viviendas tengan al menos 10 años de antigüedad, se suspenda de forma automática de nuevas licencias en zonas tensionadas y que los municipios tengan que reservar el 90% del suelo residencial para uso residencial (excepto en La Gomera, el Hierro y La Palma, que es el 80%). El anteproyecto también recoge que no podrán implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que cada planeamiento urbanístico municipal lo habilite expresamente durante los próximos cinco años. La CNMC no cuestiona en su documento el modelo turístico por el que apuesta Canarias, pero recuerda que toda intervención que restrinja la competencia debe estar justificada por “razones imperiosas de interés general”. Además, debe ser “necesaria y proporcionada” y “acreditarse que es la única medida efectiva”. El Gobierno de Canarias ha criticado este informe este martes.

Entre sus propuestas, la CNMC sugiere excluir de la normativa los alquileres temporales por motivos de trabajo, estudios o salud, ya que no son estrictamente turísticos. También pide justificar los porcentajes de suelo reservado para vivienda habitual y permitir la conversión de locales en viviendas vacacionales. El organismo cuestiona la exigencia de que las viviendas tengan al menos 10 años de antigüedad para poder destinarse al alquiler turístico. Propone que, en el caso de viviendas de protección oficial (VPO), este plazo se vincule a la duración del régimen de protección (que suele rondar los 30 años). Además, pide revisar los límites de capacidad de alojamiento y las restricciones en asentamientos rurales y agrícolas. El informe también señala la necesidad de evaluar la proporcionalidad de ciertos requisitos, como el número de baños o las exigencias de eficiencia energética.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno canario, José Manuel Sanabria (Partido Popular), ha recalcado este martes que el documento “tiene una visión de la vivienda vacacional bastante limitada, centrada solo en el mercado, y olvida numerosos puntos del planeamiento urbanístico, olvida a las personas, olvida la emergencia habitacional que se vive en Canarias y olvida las circunstancias del archipiélago”. Sanabria ha recordado, además, que el anteproyecto sigue la política aplicada de otras capitales europeas. Respecto a las propuestas de la CNMC, el viceconsejero rechaza, en primer lugar, que la VPO se pueda destinar a alquilar vacacional. “No se va a negociar en ningún caso que con dinero público, destinado a gente con menos recursos, se pueda utilizar para gestionar un negocio”. Destaca también que la CNMC opine que se pueda crecer en pisos turísticos en zonas tensionadas o que se permita convertir locales comerciales en vivienda vacacional. “Creo que tiene que ver con un desconocimiento de lo que son las zonas tensionadas y la declaración de emergencia habitacional que hay en Canarias”. Y sentencia: “Pensamos que tenemos un apoyo en Ley del Suelo nacional, que recoge la tensión que produce la vivienda vacacional en el mercado. Lo ha dicho el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional... Estamos soportados jurídicamente. Defendemos el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es absoluto, pero el uso de la propiedad está marcado por el planeamiento”.

El informe ha contado con el voto en contra del consejero Carlos Aguilar Paredes, quien sí defiende “la necesidad de las medidas adoptadas y su pertinencia frente a otras propuestas”. “A juicio de este consejero, concluye Aguilar, “las recomendaciones contenidas en el informe aprobado por la mayoría del Pleno no valoran los argumentos esgrimidos por el APL para justificar la necesidad y la proporcionalidad de las medidas propuestas”. Aguilar añade que la predicción a la que llega el informe sobre los efectos del anteproyecto sobre esta actividad económica “carece de fundamento”.

La patrona canaria de las viviendas vacacionales (Ascav) sí ha celebrado este martes este informe. Su portavoz, Doris Borrego, ha resaltado los vaticinios de que la actividad de la vivienda vacacional “va a ser residual en Canarias, lo que podría generar graves consecuencias en la competencia de los servicios turísticos de Canarias”.