Correos sigue la senda de Italia y Francia para prestar servicios financieros, pero sin llegar a ser un banco

Las nuevas funciones que el Gobierno ha adjudicado a Correos acercan a la compañía pública a los modelos italiano y francés, pero sin llegar a ser un banco. Estas nuevas atribuciones se incluyeron en el Real Decreto Ley de medidas urgentes del último Consejo de Ministros del año, donde también se estableció que Correos es la empresa designada para prestar el servicio postal universal en España hasta 2030. Los sindicatos cele...

Las nuevas funciones que el Gobierno ha adjudicado a Correos acercan a la compañía pública a los modelos italiano y francés, pero sin llegar a ser un banco. Estas nuevas atribuciones se incluyeron en el Real Decreto Ley de medidas urgentes del último Consejo de Ministros del año, donde también se estableció que Correos es la empresa designada para prestar el servicio postal universal en España hasta 2030. Los sindicatos celebraron este viernes que el servicio que presta la compañía pasará a estar mejor financiado, ya que hasta ahora la retribución de muchos envíos no llegaba a cubrir gastos.

Según explica CSIF, el sindicato con mayor representación dentro del sector público (en Correos, el principal es CC OO), la empresa pública aún debe detallar cuáles serán exactamente los nuevos servicios que prestará, pero esta ha adelantado a los representantes de los trabajadores que no serán operaciones crediticias, sino “servicios financieros básicos”, sobre todo en la España vaciada. “No va a ser una banca postal como la italiana, se centrará en facilitar la realización de algunas operaciones”, explica a este periódico el presidente de CSIF Correos, Óscar Venteo.

“Valoramos el esfuerzo que el Gobierno realiza con esta medida legal para intentar reactivar y rescatar a Correos de la situación crítica en la que se encuentra”, señalaron en un comunicado conjunto UGT, CSIF y Sindicato Libre, en el que hicieron referencia a “la mala gestión de la empresa pública” entre 2018 y 2023 como uno de los principales factores que explican la situación actual de la compañía.

Cabe recordar que el mes pasado, Correos informó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil que ha acordado acometer una reducción de capital por una cantidad de 211,5 millones de euros, casi el 35% de su capital social hasta ese entonces, ante la acumulación de pérdidas que ha tenido en los últimos ejercicios, y también por las que incurrirá al cierre de 2024. Con ello, la empresa quiere evitar que su patrimonio neto merme hasta ser inferior a la mitad de su capital social, lo que le haría incurrir en causa de disolución. Así, el capital social del grupo pasará de estar compuesto por 611.521 acciones de 1.000 euros de valor nominal, es decir unos 611,5 millones de euros, a unos 400 millones de euros. Su propiedad exclusiva es de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La compañía pública se encuentra inmersa, a su vez, en las negociaciones para acordar un nuevo convenio colectivo que sustituya al actual, firmado en 2011, con el que Correos busca varios objetivos. Por un lado, rejuvenecer su plantilla de en torno a 46.000 personas y reorganizar las jornadas de trabajo. Esto último se hará, sobre todo, con la aprobación de un cuarto turno de martes a sábado e incentivando la productividad de los trabajadores para mover a una buena parte de la plantilla hacia los turnos de tarde. A día de hoy, en torno al 80% de los empleados del servicio público postal trabajan de mañana y Correos aspira a que la relación entre mañana y tarde evolucione hacia un 60-40%.

El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio. El SPU incluye los envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kilogramos de peso, y de paquetes postales hasta 20 kilogramos. En el Real Decreto se explicaba que los “elevados costes estructurales”, la ausencia de “diversificación de ingresos y la “excesiva dependencia del servicio postal condiciona la viabilidad económico-financiera de Correos”.

A través del nuevo Real Decreto se obliga a Correos “a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero”, y se regula “el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios”. El Gobierno sostiene que Correos, por su “implantación en el territorio” y los medios de los que dispone, “es el instrumento ideal del Estado” para prestar servicios de interés económico general. Entre esas asignaciones a Correos se encuentra la de “la accesibilidad a servicios financieros básicos” y el “acceso universal a la Administración Pública”, desde la gestión del pago de tributos y multas o los pagos a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, entre otros.

Estas nuevas competencias de Correos serán compensadas vía Presupuestos del Estado. El Real Decreto precisa que se establecerá un “contrato-programa plurianual” con las condiciones que justifican su abono. A estos efectos se podrá establecer un mecanismo de pagos a cuenta como anticipo para hacer frente a los costes anuales incurridos derivados del SIEG. El importe de este cobro a cuenta será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y será liquidado posteriormente, tras las oportunas comprobaciones.