El Gobierno pacta con CC OO y UGT que todos los funcionarios vuelvan a poder jubilarse parcialmente
El retiro parcial, que compatibiliza reducción de jornada con el cobro proporcional de la pensión, fue prohibido para el colectivo por el PP en 2012
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha pactado este miércoles con los sindicatos devolver a los funcionarios (incluidos los de Clases Pasivas) la posibilidad de jubilarse de manera parcial. En un encuentro con responsables de UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CC OO, el Ejecutivo ha acordado con estos que la medida se aplique también al personal estatutario. Esta modalidad de retiro, que permite compatibilizar un recorte de la jornada con el cobro proporcional de la pensión por las horas no trabajadas y que respeta el cobro del total de la prestación cuando se accede al retiro completo, fue prohibida para estos colectivos por el Gobierno del PP en 2012, en el marco de los ajustes presupuestarios que llevó a cabo.
No obstante, aún se desconoce cuándo los funcionarios podrán acceder a esta jubilación, ya que deben acometerse cambios legislativos. En ese sentido, CC OO y UGT han asegurado que “ahora corresponde al Gobierno impulsar, con agilidad, las modificaciones normativas necesarias para que el acuerdo se haga realidad”. Y han añadido que el compromiso del Gobierno con los sindicatos es que esta reforma se tramite “a la mayor brevedad posible”.
Las normas que deben modificarse para que los funcionarios y el personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud (aquellos que fueron transferidos de la sanidad estatal a las comunidades autónomas) puedan acceder a la jubilación parcial son tres. Según han informado los sindicatos, se trata del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley General de Seguridad Social, que regulará la edad, cotización y grados de reducción de jornada; y la Ley de Clases Pasivas, referida fundamentalmente a ciertos empleados de la Administración General del Estado, así como personal de seguridad y de Justicia.
Lo que sí han pactado ya este miércoles es que esta modalidad de jubilación lleve aparejada contratos de relevo, “que permitan la entrada de personal joven en empleos públicos estables y de calidad”. Para ello, el acuerdo recoge que el trabajador o trabajadora relevista que sustituya a quien se jubile parcialmente “será siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo”. Además, añaden que “las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales estarán garantizadas”.
El acuerdo se presenta como antesala de las negociaciones que el Gobierno debe abrir con los sindicatos de la función pública para abordar el incremento salarial del los más de tres millones de empleados públicos a partir de 2025. El 31 de diciembre próximo se termina el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que CC OO y UGT pactaron con el Ejecutivo para el periodo 2022-2024 y que ha supuesto un incremento salarial acumulado del 9,5%.
El sindicato de funcionarios CSIF, que no firmó este acuerdo por considerarlo insuficiente, recuerda que además de la próxima subida salarial, el Gobierno tiene pendiente aprobar la próxima oferta pública de empleo. Y deberá también rendir cuentas sobre el estado de los procesos de estabilización en el empleo para cumplir con el compromiso de España con Bruselas de no superar el 8% de contratación temporal a finales de este año, algo que este sindicato asegura que no se va a cumplir.
Objetivo de estabilización, cumplido
Precisamente, en materia de lucha contra el abuso de temporalidad en el sector público, el ministro Oscar López, ha avanzado también este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que ya se ha producido hasta la fecha la estabilización de 321.776 plazas en todas las Administraciones. De esta forma, según el titular de Función Pública, el Ejecutivo habría cumplido y superado el compromiso con Bruselas de estabilizar a, al menos, 300.000 trabajadores públicos temporales.
No obstante, esta cantidad de puestos estabilizados no son suficientes para recortar la tasa de temporalidad de las administraciones al 8%, algo que también forma parte de dicho compromiso. De hecho, para cumplir con ese porcentaje el volumen de empleados públicos temporales debería oscilar entre 250.000 y 280.000, pero actualmente, si se descuentan los 321.776 estabilizados, la cifra de temporales sigue rondando los 700.000 aproximadamente, según el registro central de personal, lo que situaría la tasa en algo más del 20%. Pero si se tienen en cuenta las cifras de la última encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre del año la tasa de temporalidad en el sector público es aún del 28,5%.