Flavia Rodríguez-Ponga: “Esta catástrofe es siete veces más devastadora que otras que hemos vivido”

El Día de Todos los Santos esta vez fue especial. El viernes 1 de noviembre, mientras millones de españoles viajaban al pueblo para rendir tributo a sus difuntos y decenas de miles de valencianos seguían retirando barro de sus calles y buscando los cuerpos de personas desaparecidas, en un discreto despacho del Paseo de la Castellana de Madrid se reunía un gabinete de crisis para hacer frente a ...

El Día de Todos los Santos esta vez fue especial. El viernes 1 de noviembre, mientras millones de españoles viajaban al pueblo para rendir tributo a sus difuntos y decenas de miles de valencianos seguían retirando barro de sus calles y buscando los cuerpos de personas desaparecidas, en un discreto despacho del Paseo de la Castellana de Madrid se reunía un gabinete de crisis para hacer frente a la mayor catástrofe natural que ha vivido hasta la fecha el sector asegurador español. En la sede del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) debatían sobre cómo afrontar una avalancha de solicitudes de indemnización. Durante los primeros días, el registro de expedientes recibía peticiones a un ritmo frenético: un parte nuevo cada seis segundos. Una semana después, el Consorcio ya tenía una estimación de cuánto tendrían que pagar a los afectados: alrededor de 3.500 millones de euros. Una cifra nunca vista.

La directora de este organismo, de carácter público aunque con financiación privada, es Flavia Rodríguez-Ponga (Madrid, 1962). Esta alta funcionaria del Estado relata cómo durante el Puente de Todos los Santos se fraguó la respuesta que tendría que dar el CCS, en reuniones interminables con José Antonio Fernández de Pinto, director general de Seguros —y presidente del Consorcio— y Celedonio Villamayor, director de operaciones. “Fueron días de no dormir casi nada, de estar muy aislados, y de trabajar pensando en cómo íbamos a ser capaces de tramitar un volumen de expedientes descomunal”, recuerda en su despacho.

Viendo las primeras imágenes de la devastación provocada por la riada, los técnicos del CCS ya tenían claro que este desastre no tendría parangón. Hablando con el personal de la delegación de Valencia, con aseguradoras y con peritos, vieron que el grado de devastación era de otro orden de magnitud. “Hace un año habíamos contratado para el Consorcio a un geógrafo, que ha acabado siendo clave para poder evaluar lo más rápido posible dónde se iban a concentrar la mayor parte de los daños. Con su análisis y las estimaciones de nuestros expertos, pudimos sacar una primera cifra de cuánto dinero tendremos que pagar, que rondará los 3.500 millones de euros. Tener ese cálculo era importante para poder movernos muy rápido y empezar a ver cómo prepararnos para lo que se nos venía encima. El trabajo de todos los equipos ha sido excepcional”, subraya Rodríguez-Ponga.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una figura que no existe en ningún otro país del mundo, aunque algunos ya están intentando replicarla. Fue tras la Guerra Civil cuando el sector asegurador decidió crear un fondo común para hacer frente a riesgos extraordinarios, que no podía cubrir una aseguradora por sí sola. Al principio se incluían grandes incendios y explosiones, motines... pero con los años se fue ampliando hacia catástrofes naturales, como tornados, erupciones volcánicas, terremotos o inundaciones. La entidad se financia íntegramente con un pequeño recargo que se aplica en todas las pólizas de seguros. El organismo depende del Ministerio de Economía y su presidente es siempre el director general de Seguros, pero funciona de forma autónoma y en su consejo de administración la mitad de los consejeros representan a las aseguradoras y la otra mitad a la Administración Pública.

La directora general del Consorcio recuerda que la entidad “tiene un patrimonio propio y no recibe nada de dinero de los Presupuestos Generales”. Tanto las indemnizaciones como todos los gastos de personal y administrativos salen de sus propios recursos. El CCS cuenta ahora con unas reservas para hacer frente a riesgos catastróficos por valor de 10.000 millones de euros, concentrados en activos líquidos de rápida disposición. Ante las dudas de si el fuerte golpe financiero que supone para el organismo la dana de Valencia va a cambiar algo su funcionamiento, Rodríguez-Ponga lo tiene claro: “no vamos a tener necesidad de buscar más recursos económicos, ni de subir los recargos futuros a los asegurados, gracias a que llevamos años con una gestión muy prudente y acumulando patrimonio por si ocurría algo así”.

Para poner en situación la escala de la catástrofe, la responsable del Consorcio recuerda eventos extremos del pasado. “El ciclón Klaus [que azotó el norte de la Península Ibérica en 2009] generó el pago de unos 500 millones de euros de indemnizaciones. El mayor desastre en décadas. El terremoto de Lorca y el volcán de La Palma fue menos dinero. Pues bien, ahora estamos hablando de multiplicar la cifra de Klaus por siete. Es una barbaridad”. Cuando se analizan todos los riesgos catastróficos a los que ha hecho frente el Consorcio, y se ajustan por la inflación, se ve que el más costoso en la historia del organismo fue la inundación de Bilbao y la provincia de Vizcaya en 1983. Y ni siquiera se llega a los 1.000 millones de euros.

Mientras se desarrolla la entrevista, el número de expedientes que llegan al CCS no para de subir. El miércoles alcanzaban los 184.000 procedimientos abiertos. Para el fin de semana ya superarán los 200.000. Los encargados de tramitarlos son los 300 trabajadores del Consorcio. “En esas primeras reuniones, ya tuvimos claro que había que articular algún mecanismo de colaboración con las entidades aseguradoras para que nos facilitaran parte de sus recursos para hacer frente a esta avalancha”, apunta Rodríguez-Ponga. El miércoles 13, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, firmó un memorando de actuación con el sector asegurador para que sumaran 1.000 peritos y 3.000 empleados para la tramitación de expedientes.

La gran obsesión de la directora del Consorcio, y también del ministro Cuerpo, es que los pagos de las indemnizaciones se realicen de la forma más rápida posible. De hecho, los primeros abonos se realizaron menos de una semana después de que pasara la dana. Para agilizar los trámites, además de apoyarse en las compañías de seguros privadas, se va a facilitar las teleperitaciones (una evaluación de daños de un coche, realizado por un perito que puede estar en otra provincia, y se va a permitir que los agentes de las aseguradoras soliciten al CCS el adelanto de una parte de la indemnización, cuando ya ha habido una primera estimación de daños. “Es fundamental que el dinero llegue rápido a los afectados. Cuanto antes llegue, antes podrán empezar a rehacer sus vidas”, concluye Rodríguez-Ponga.