Hacienda permitirá a la Comunidad Valenciana incumplir los objetivos de déficit por el desastre de la dana

El Gobierno de España permitirá a la Comunidad Valenciana aumentar sin límite los niveles de gasto público para hacer frente a la devastación ocasionada esta semana por la dana en provincias como Castellón y, sobre todo, Valencia. Las lluvias torrenciales e inundaciones han dejado por ahora más de 200 personas fallecidas y un reguero de destrucción por el momento incalculable. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó este sábado en una declaración institucional desde La Moncloa que Hacienda autorizará al Govern de Carlos Mazón “todos los gastos de urgencia” que necesite “sin límite alguno de recursos”. Dada la magnitud de la catástrofe y a la espera de cálculos oficiales, precisan fuentes gubernamentales, eso implicará que la comunidad pueda desviarse, con todo el margen que haga falta, de las reglas de gasto y del límite al déficit público comprometido para 2024, que en la teoría debería ser del 0,1% del PIB.

Las comunidades autónomas, al igual que el resto de los niveles que conforman la administración pública, deben cumplir cada año con unos objetivos de déficit para, así, conseguir cuadrar las cuentas y no engordar la deuda. La Comunidad Valenciana, uno de los territorios históricamente peor financiados por el sistema, suele incurrir en números rojos cada año por la falta de recursos, entre otros aspectos. La Autoridad Fiscal, en verano, ya anticipó que la región cerraría el año 2024 con un desequilibrio cercano al 1,2% del PIB. Y ahora, asumen desde el Gobierno, el desvío será mayor de lo previsto por todo el gasto que se viene. Esto no preocupa al Ejecutivo central, que insiste en que lo importante es destinar todos los recursos que sean necesarios “para salvar vidas y reconstruir las zonas damnificadas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes”. “Ya se hablará de números después”, dicen otras fuentes del Gobierno.

Por eso, todavía es pronto para pensar en cifras. “Primero hay que concentrarse en las tareas más urgentes y el balance de los daños llegará más adelante”, indican las fuentes gubernamentales. Es en ese momento cuando desde el Gobierno central se evaluará la situación para, previsiblemente, destinar una partida de gasto público ligado a la reconstrucción y la reparación. El Govern, que en un primer momento movilizó 240 millones de euros en ayudas, previsiblemente hará lo mismo y no tendrá que preocuparse por el corsé que vigila el gasto público.

Aún no se conoce si los recursos vendrán a través del fondo de contingencia (en cuyo caso computaría como déficit del Estado) o mediante otras vías de financiación extraordinarias. En el caso de que el Estado diese ayudas, por ejemplo, estas correrían a cuenta de la Administración central en cuestiones de contabilidad. Tampoco se descarta solicitar ayuda comunitaria. Desde el Gobierno, y dada la dimensión de la crisis, también se valora la posibilidad de negociar con la Comisión Europea para que todos estos desembolsos no computen en el cálculo del objetivo de déficit previsto para España, habida cuenta de que las reglas fiscales comunitarias —congeladas durante la pandemia de la covid y que vuelven a estar operativas en este 2024— limitan los números rojos y prevén apercibimientos y sanciones para los países que las incumplan.

El Gobierno, por el momento, ha creado 100 plazas de servidores públicos interinos que se incorporarán a las subdelegaciones de Gobierno en la Comunidad Valenciana a partir del lunes, dijo Sánchez, con el objetivo de “agilizar la tramitación de las ayudas a los damnificados”. Además de medidas para impulsar la contratación de emergencia, en el Consejo de Ministros del próximo martes el Ejecutivo aprobará la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para aquellos lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón “que se han visto más golpeados”, añadió el presidente. No se descartan más medidas con carácter de urgencia.