Sánchez destaca el valor del pacto social en la reforma de las pensiones en vísperas de su difícil tramitación parlamentaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos dirigentes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo y UGT, Pepe Álvarez, así como de las patronales CEOE, Antonio Garamendi y Cepyme, Gerardo Cuerva, han escenificado este miércoles en La Moncloa la firma de un cuarto acuerdo de la reforma de pensiones iniciada en 2021. El líder del Ejecutivo ha destacado que las medidas acordadas recogen una nueva regulación de la compatibilidad entre el cobro de pensión y el trabajo, mejoran el acceso a la jubilación anticipada en las profesiones penosas y aprovecha mejor los recursos de las mutuas. Si bien, ha ensalzado, sobre todo, el valor de lo pactado el pasado 31 de julio porque “nace del acuerdo del poder ejecutivo con los actores sociales”.

En este sentido, y más allá del contenido del pacto, Sánchez ha querido ensalzar “el valor real del acuerdo” que, según ha dicho, radica en que lo que se pacta “está destinado a perdurar” solo por el hecho de contar con un consenso social tripartito detrás. Sánchez ha ensalzado los 21 acuerdos sociales en temas laborales y de pensiones desde que ostenta el poder. “Esas creo que son las reformas que hacen país, que unen al país, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo”, ha enfatizado.

Estas declaraciones del presidente del Ejecutivo cobran especial relevancia al producirse en la antesala del inicio de la tramitación de la reforma en el Congreso que exigirá parte de las medidas acordadas y que se presenta difícil, tras conocerse que los propios socios parlamentarios del Gobierno de coalición han manifestado su rechazo a varias de las cuestiones del acuerdo. Además, este mismo miércoles, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido en el pleno del Congreso para defender la reforma de pensiones al completo que el Gobierno viene implementando desde 2021. La ministra volverá a medir, por tanto, el grado de respaldo o rechazo que despierta esta última fase de dicha reforma e intentará nuevamente conseguir los futuros votos necesarios para sacar adelante las medidas que requieren cambios legislativos que deben aprobarse en el Parlamento.

El rechazo de los socios del Ejecutivo a varias de las medidas de esta reforma empezó a ponerse de manifiesto el jueves pasado, cuando Saiz —que también ha estado presente en la firma del acuerdo— acudió a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados a hacer una primera presentación lo pactado. Ya entonces, no solo los principales partidos de la oposición PP y Vox, sino también los portavoces de los grupos que han apoyado la formación del Gobierno como EH-Bildu, BNG, Junts y ERC, manifestaron distintas discrepancias con las medidas pactadas. E incluso el diputado de este último grupo, Jordi Salvador, instó al Ejecutivo a negociar las medidas en el Parlamento o de lo contrario podría “haber un disgusto”, en clara referencia a la negativa que habría obtenido la aprobación de la reforma laboral de no haberse equivocado en su voto un diputado popular.

Posteriormente, este pasado lunes, después de que Sánchez anunciara la firma del acuerdo que se ha producido este miércoles, los socios parlamentarios del Ejecutivo volvieron a recordar que las medidas exigirán un intenso proceso negociador en la Cámara baja para poder ser aprobadas, alertando nuevamente de que los apoyos a esta reforma no están ni mucho menos garantizados.

No todas las medidas recogidas en este acuerdo requieren una aprobación del poder legislativo, pero sí lo exigen aquellas más destacadas por Sánchez, que son las destinadas al establecer un nuevo marco regulador para compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación y seguir trabajando al mismo tiempo. Esto se pretende llevar a cabo reformando la norma de los modelos de la jubilación parcial y las condiciones de los contratos de relevo, así como de la jubilación demorada e instando en el plazo de seis meses a modificar también la modalidad de retiro flexible.

El establecimiento de un nuevo sistema de coeficientes para adelantar la jubilación en profesiones penosas se puede articular a través de desarrollos reglamentarios, que no exigirían la aprobación del Parlamento, así como las novedades en materia de gestión de las bajas de origen traumatológico de los trabajadores por parte de las mutuas, que lo que requerirán será la firma de convenios administrativos de colaboración entre estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social y los servicios de salud de cada comunidad autónoma. Si bien, varios socios parlamentarios del Ejecutivo han puesto importantes pegas a esta colaboración y por motivos discrepantes.

Defensa de la reforma al completo

Tras esta firma, Saiz ha comparecido también este miércoles en la Cámara Baja para hacer una defensa de la reforma de pensiones al completo, ante las dudas manifestadas por la oposición respecto a las advertencias lanzadas a España por el Ageing Report, el informe de la Comisión Europea que evalúa la marcha de los sistemas de pensiones y que puso de manifiesto el incremento del gasto que reportarán los cambios hechos en el modelo español. La responsable de la Seguridad Social ha valorado este informe y ha achacado a sus propias “limitaciones metodológicas” la evaluación hecha del sistema español.

En ese sentido, ha vuelto a explicar la denominada cláusula de cierre, que recoge la última reforma de pensiones ya en vigor y que prevé que informes trimestrales de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (Airef) determine si hay desviaciones de gasto en el sistema y, de haberlos, el Gobierno deberá promover nuevas reformas para ajustar el sistema. Este primer informe se conocerá en la primera parte de 2025, por lo que Saiz ha emplazado a esa fecha para comprobar que las reformas del Gobierno están funcionando.

Mientras tanto, asegura que su departamento tienes datos que apuntan a esos buenos resultados. Uno de los principales objetivos de esta reforma es lograr que los trabajadores se jubilen más tarde y, según ha anunciado, la edad efectiva de retiro ya alcanza los 65,2 años por primera vez. Si bien los expertos aseguran que este aumento de la edad efectiva es atribuible en mayor medida al retraso de la edad legal (66,6 años en 2024 y llegará a los 67 años en 2027, debido a la reforma de 2011) que a los incentivos aprobados por el Ejecutivo para prolongar voluntariamente la vida laboral. En cualquier caso, Saiz ha asegurado que las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa en niveles razonables y las medidas están teniendo buenos resultados”.