Retrasar la edad de jubilación eleva la mortalidad en los trabajadores de entre 60 y 69 años

Sobre el papel, retrasar la edad de jubilación favorece la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que provee de cotizaciones a la caja pública durante mayor tiempo, y, a la vez, permite al futuro pensionista obtener una prestación más alta al beneficiarse de bonificaciones. Pero posponer el retiro tiene efectos negativos sobre la salud y la esperanza de vida de quienes deciden hacerlo. Especialmente en aquellas personas de entre 60 y 69 años, cuya tasa de mortalidad aumenta considerablemente por cada año extra que suman a su trayectoria profesional. Así lo señala un estudio publicado este miércoles por Fedea, en el que se remarca que, por esta razón, los beneficios fiscales no compensan el riesgo asociado al retiro demorado.

El trabajo, elaborado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, llega a estas conclusiones a partir del cruce de datos de una selección de perfiles obtenidos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, con los resultados de mortalidad asociados por edades. De esta forma, el texto señala que “retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%)”, y añade que “el aumento de la mortalidad se debe principalmente al efecto inmediato de la pérdida de acceso a los regímenes de jubilación anticipada”.

En un análisis más profundo, se indica que, dentro de este grupo edad, son quienes trabajaron en empleos peligrosos, penosos y de escaso valor propio antes de jubilarse, los que sufren más en términos de mortalidad, “aunque retrasan la jubilación en menor medida”. Entre otras razones, porque muchos de estos oficios se enmarcan en regímenes que contemplan coeficientes reductores que permiten jubilarse con antelación sin que la cuantía de la pensión final se vea recortada. Es el caso de los trabajadores de la minería del carbón o del mar, aunque el Ministerio de Seguridad Social ha incorporado a más profesiones con acceso a estas ventajas.

Como propuesta para tratar de corregir esta tendencia, el informe de Fedea recomienda que se ofrezca al trabajador la posibilidad de ir reduciendo progresivamente su carga de trabajo antes de su marcha. “Permitir a los trabajadores reducir gradualmente su carga de trabajo puede incentivarles a permanecer más tiempo en la población activa sin afectar negativamente a su esperanza de vida”, apuntan los expertos.

El Ministerio de Seguridad Social ha promovido el retiro demorado con la última reforma de pensiones, mejorando las bonificaciones por cada año añadido —a elegir entre un 4% adicional o una cantidad extra de entre 5.000 y 12.000 euros—, y ha incrementado las penalizaciones para aquellos que opten por jubilarse anticipadamente en los dos años anteriores a cumplir la edad legal —estas pueden verse recortadas hasta un 21% en función del tiempo cotizado—. Un planteamiento que ha calado sobre una gran parte de extrabajadores, puesto que desde que entró en vigor la última reforma de pensiones —aprobada en dos partes entre 2021 y 2023—, el año pasado la edad media de jubilación sobrepasó por primera vez el umbral de los 65 años.

Diferentes baremos

En la última mesa de negociación, finalizada en julio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para retocar las fórmulas de jubilación parcial y activa —que permiten compatibilizar el cobro de la pensión con el salario—, y que también tendrán acceso a las bonificaciones por retiro demorado. Sin embargo, en opinión de los autores, las ganancias del sistema con el aumento del periodo de aportaciones no compensan la puesta en riesgo de la salud de quienes optan por esta fórmula. “Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, concluye el estudio.

Siguiendo por esta línea, los investigadores del think tank advierten a los distintos gobiernos —puesto que el estudio extrapola sus conclusiones al resto de países— de la necesidad de diseñar “con cuidado” las distintas políticas de jubilación, y recalcan la importancia de tener en cuenta “el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación”. Unos baremos que, en su opinión, “no pueden ser iguales para todos”.

A pesar de la complejidad del análisis, los autores advierten de que sus resultados ofrecen una visión más específica que otros estudios similares realizados hasta la fecha. “Retrasar la jubilación legal y cerrar las opciones de jubilación anticipada son temas relevantes en la agenda política de muchos países. Sin embargo, la evidencia empírica existente sobre los efectos en la mortalidad de la jubilación se basa casi exclusivamente en estimaciones de experimentos políticos que han permitido la jubilación anticipada. Dado que no está claro si existe una simetría en los efectos entre adelantar y posponer la edad de jubilación, nuestros hallazgos sobre el efecto en la mortalidad de retrasar la jubilación son particularmente relevantes”, indican.

“Los impactos heterogéneos en la mortalidad de retrasar la jubilación apuntan a las posibles consecuencias distributivas de aumentar la edad legal de jubilación. Aunque está fuera del alcance de nuestro trabajo, creemos que examinar los efectos distributivos de las reformas de pensiones, teniendo en cuenta las consecuencias en salud y mortalidad, es una vía fructífera para futuras investigaciones”, concluye el texto.

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