La patronal de las pymes pide al Gobierno que “renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario”

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, celebra este miércoles su asamblea general anual. El encuentro llega en pleno cruce de declaraciones entre el Ministerio de Trabajo y las asociaciones de empresarios por la falta de entendimiento entre ambos en la negociación para reducir la jornada, a lo que se suma el cabreo de la organización y de la gran patronal de la que depende, CEOE, por la entrada de patronales autonómicas en el Consejo Económico y Social y por la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto el acto alabando a los “pequeños y medianos empresarios que se juegan el patrimonio de su familia, a la que atienden como pueden en mitad de una burocracia, unos impuestos y un intervencionismo como no se había visto desde la Transición”. Ayuso ha dicho que “se quieren copiar el modelo de países con un tejido empresarial muy diferente o directamente se aplica la ideología totalitaria que aún repite que un empresario es un capitalista burgués privilegiado y explotador, cuando solo el que lo pasa sabe de la dureza de las condiciones del pequeño y mediano empresario”.

La presidenta madrileña ha criticado, además, a los “políticos que viven en los mundos de Yupi” y ha hablado de “activistas de salón que quieren machacar a los héroes de nuestra economía”. Justo después ha hecho referencia a la negociación para reducir la jornada, en una colección de críticas al Ejecutivo: “No hay ni un día sin una o varias ocurrencias. Semanas de cuatro días, reducciones de jornada sin tener en cuenta la negociación colectiva, subidas del salario mínimo sin tener en cuenta la productividad y los costes, alquileres intervenidos... Están destruyendo a la pequeña empresa”.

Manifiesto crítico con el Gobierno

Con todo ese caudal de medidas que tanto critican las patronales, la asociación que dirige Gerardo Cuerva ha emitido un comunicado titulado Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española. Por la libertad de la empresa. Es una colección de quejas contra el Gobierno, cada una asociada a las razones que las causan.

“Las pequeñas y medianas empresas españolas decimos basta ya a la injerencia del Gobierno en la empresa”, arranca el comunicado. “Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresa en España. La sobrerregulación y el excesivo control que se está imponiendo sobre la empresa, la política continuada de aumento de costes y cargas burocráticas, fiscales y sociales se combina con un discurso estigmatizador y un cambio de cultura que se está procurando sobre la figura del empresario basada en la persecución de los beneficios, la rentabilidad y el éxito en los negocios”, continúa.

Con ese diagnóstico, la patronal que dirige Cuerva pide poner pie en pared: “Ante esta situación, las empresas españolas han de realizar una defensa activa. El hostigamiento hacia la actividad empresarial supone un serio deterioro del clima empresarial de nuestro país con preocupantes consecuencias en el futuro”. Cepyme considera “imprescindible” respaldar la iniciativa privada y “alentar el aumento de la inversión y la productividad, como factores determinantes para impulsar el bienestar de la población”.

“La aprobación de reformas por parte del Gobierno que intervienen en el funcionamiento de la empresa y hurtan la flexibilidad necesaria para su desarrollo debe cesar. El Gobierno ha actuado unilateralmente, mediante la imposición coercitiva, ignorando y menospreciando el diálogo social, la interlocución entre trabajadores y empresarios que durante cinco décadas han remado juntos por la eficacia y el consenso; supone un retroceso hacia fórmulas pretéritas e ineficaces”, dice Cepyme, en clara referencia al caudal de iniciativas que el Gobierno ha sacado adelante sin el respaldo empresarial pero sí con el apoyo de los sindicatos, como la reforma del subsidio de paro, la del sistema de pensiones o los incrementos del salario mínimo. Muy lejos queda el acuerdo para cambiar la reforma laboral de la primera parte de la pasada legislatura, entre otros.

“Estigmatización”

La patronal de pymes articula su comunicado en varios puntos. En el primero pide “que cese la estigmatización del empresario”. La organización cree que “la empresa ha dejado de ser vista como un actor fundamental de la sociedad para ser utilizada como un instrumento de polarización política”. “Somos testigos del cambio cultural de actitud hacia la empresa que se está procurando”, añade. En el segundo punto reclama poner fin al “control de la empresa y la sobrerregulación”: “Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario”. Cree que hay “una desconfianza infundada, y que además supone un trato discriminatorio hacia el empresario”. El comunicado también lamenta que “la proliferación de registros, planes y protocolos obligatorios no solo carece de efectividad y eficacia probada, sino que supone una gran carga y coste burocrático para las pymes”.

El comunicado también reclama respecto a la negociación colectiva (”puede avanzar, modernizarse y reformarse de forma legítima y necesaria, pero debe hacerse desde la consulta y negociación con los agentes sociales”); flexibilidad interna en la empresa (”alejarnos del modelo europeo de flexibilidad es un error que acabarán pagando todos los ciudadanos españoles”); y la no intervención salarial (”pedimos la no intervención gubernamental de los salarios ignorando la importante capacidad de adaptación de los convenios colectivos y el impacto que supone en la propia viabilidad de la empresa, en especial de las de menor tamaño”). Asimismo, la patronal de Cuerva reclama “cargas sociales y una fiscalidad que no lastren la competitividad”; “una ordenación del tiempo y los recursos del trabajo sin injerencias”; y “respeto al diálogo social”.

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