Ni en la ciudad ni el campo: cuatro comunidades tienen el esfuerzo de alquiler disparado en todas partes

Alquilar una casa es cada vez más complicado en España. Las rentas llevan años creciendo y, frente a esa realidad, no han faltado quienes han recomendado a los inquilinos irse del centro de las ciudades a buscar pisos más baratos. Pero esa solución no siempre es posible. El efecto de mancha de aceite con el que muchos expertos reflejan el comportamiento de precios de la vivienda ...

Alquilar una casa es cada vez más complicado en España. Las rentas llevan años creciendo y, frente a esa realidad, no han faltado quienes han recomendado a los inquilinos irse del centro de las ciudades a buscar pisos más baratos. Pero esa solución no siempre es posible. El efecto de mancha de aceite con el que muchos expertos reflejan el comportamiento de precios de la vivienda hace mucho que llegó a las periferias. Y en algunos sitios va más allá: cuatro comunidades autónomas superan el umbral recomendado de esfuerzo de alquiler incluso fuera de sus áreas urbanas, según el último informe anual del Banco de España. En su análisis, el supervisor diferencia entre tres tipos de zonas: centro de las áreas urbanas, la periferia de estas y “fuera de las áreas urbanas”. En Andalucía, Baleares, Canarias y Cantabria el precio medio de los alquileres supera el 30% de la renta neta de los hogares en todas partes.

Lo sabe bien Erico García, de 30 años, quien acaba de mudarse con su pareja, de su misma edad, a Herrera de Ibio (Cantabria), el pueblito de ella. Vivir todo el año en Comillas (2.300 habitantes), de donde es él, se ha convertido en todo un capricho ante el precio de los alquileres. La turistificación del norte multiplica la demanda residencial veraniega y los propietarios encuentran en el viajero un filón para exprimir sus propiedades. Los oriundos de Comillas con ganas de emanciparse han de asumir cifras inalcanzables o resignarse a buscar un techo fuera. La pareja tiene dos niños y ahora, por 500 euros mensuales, arriendan una casa con jardín. Por esa cifra, en el portal inmobiliario Idealista únicamente asoma un piso en Comillas, aunque se ofrece solo en verano e invita a pensar que hay truco. “Allí solo hay alquiler para verano o de septiembre a junio”, critica el treintañero.

García, mozo de almacén en un supermercado, suspira: “De mi círculo de amistades casi todos viven con sus padres, somos nueve y solo tres se han emancipado, ninguno en Comillas”. La pujanza estival deja urbanizaciones vacías en invierno. Y la tensión económica se ha ido propagando por el alfoz, pues pueblos antes desahogados como Cabezón de la Sal, sin mar, se van saturando conforme acogen a los expulsados de las villas costeras. Este treintañero y su pareja vivieron allí un tiempo “en un piso viejo, sin calefacción, con los ventanales horribles, por 450 euros mensuales”. Tras un año buscando, encontraron su residencia actual. Aquel apartamento, relata, lo ocupó una conocida suya: la casera le exigió 500 euros al mes sin aplicar mejora alguna al inmueble.

“Estamos viviendo un proceso de gentrificación suave”, resume Sergio Nasarre, exdirector de la Cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. “Desde hace tres o cuatro años asistimos a una segunda gentrificación de personas que ya fueron expulsadas de los centros de las ciudades hacia la periferia y ahora se ven expulsadas de ahí hacia una segunda corona o incluso más allá”, desarrolla. El documento del Banco de España relaciona los lugares con las tasas de esfuerzo más elevadas con “la actividad turística”. Y Nasarre recuerda un dato que no le parece casual: “En 2023 se batieron todos los récords de compra de viviendas por parte de extranjeros, cuya cuota de mercado se ha multiplicado por cuatro desde 2009″.

Del análisis de los datos del supervisor se desprende la más que evidente situación de dificultad para los inquilinos en España. Solo dos comunidades, Aragón y La Rioja, mantienen una relación entre los precios de arrendamiento y los ingresos medios que no llega al sobresfuerzo en ninguna parte (lo que no excluye que individualmente esas situaciones se darán en muchos casos). Por el contrario, en muchos lugares se supera ampliamente el 30%, como en el centro de las áreas urbanas de la Comunidad de Madrid, que con un 44,3% alcanza la tasa más elevada. El porcentaje que EL PAIS ha tomado como referencia no es aleatorio: la Ley por el derecho a la vivienda considera que se dan unas “condiciones asequibles” cuando los gastos en vivienda no superan “el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia”. Ese criterio legal es más restrictivo porque incluye en el cómputo los suministros básicos (luz, agua, internet…), mientras que el Banco de España solo ha tenido en cuenta la renta mensual media.

La situación más acusada, no obstante, parece darse en las dos comunidades insulares. Con economías muy basadas en el turismo, territorio escaso y mucha población, tanto Baleares como Canarias superan el 38% de esfuerzo incluso en alquileres que están fuera de áreas urbanas. Esta presión de la vivienda fue, precisamente, uno de los principales motivos por los que miles de canarios salieron a la calle en abril a manifestarse contra la turistificación. El sociólogo Eugenio Reyes, portavoz de ese movimiento de protesta, asegura que “el desarrollo del turismo vacacional ha disparado el valor del alquiler y de la vivienda”. “Tenemos el suelo rústico más caro de España”, lamenta este histórico militante de Ben Magec-Ecologistas en Acción, “podrías pensar que la población se puede refugiar de los precios en zonas periurbanas o rurales, pero eso se lo pone más difícil a la población”. Mientras, se queja de que en el archipiélago “hay unas 211.000 viviendas vacías, según datos de Hacienda”.

España hace tiempo que se ha situado como uno de los países europeos donde más inquilinos superan la tasa de esfuerzo del 40%, que es el baremo que toma la oficina de estadística comunitaria Eurostat. En su informe anual, el supervisor recuerda esto y busca esas situaciones en las mismas áreas geográficas descritas anteriormente. Los resultados se parecen pero no son idénticos. Y, sobre todo, permiten comprobar que incluso en los lugares donde aparentemente los valores medios no detectan un esfuerzo inmobiliario, hay muchos hogares que sí viven esa realidad. De hecho, incluso en las áreas rurales más desahogadas, que son las de Aragón y Murcia, más de un 20% de familias (es decir, una de cada cinco) destinan al menos un 40% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler.

Eso es precisamente lo que María Eugenia Rivero, de 26 años, no quiere que le suceda. Le gustaría independizarse e irse a vivir con su novio. Pero dice que la cosa “está fatal” en su pueblo, Medina Sidonia (Cádiz, 11.738 habitantes). “De tres años a esta parte los precios han subido una barbaridad. Como está a 30 minutos de la playa, en verano se lo rifan y hay pisos turísticos que te alquilan solo para temporada escolar, pero ahora mismo un alquiler de larga estancia es imposible”, relata. Agrega que una casa de una habitación cuesta “sobre 450 euros”, un precio que en otros contextos puede parecer un chollo. Pero en Cádiz, la provincia con peores datos de empleo de España, Rivero y su novio tienen actualmente contratos de jornada parcial. Juntan unos 1.200 euros al mes y “con esos sueldos, si le sumas el coste de vida, al final es imposible pagar ese alquiler”. Una situación que nunca se imaginó: “Esto es un fenómeno reciente, conforme la costa se ha ido masificando, la gente ha ido viniendo a los pueblos más cercanos”.

Algo parecido describe Ángel Sánchez, de 38 años, quien regenta dos agencias inmobiliarias en la provincia de Málaga. Una está en la costera Fuengirola y la otra 26 kilómetros más al interior, en Coín. Dos mundos hace años, que ahora se han integrado. Desde la pandemia ha notado un crecimiento de lo que denomina “clientes rebotados”. No porque estén enfadados sino “porque empiezan a buscar en el centro de Málaga, se van a las afueras y acaban buscando en pueblos colindantes hasta que llegan a Coín, que ni siquiera lo es”. Aunque destaca que está muy bien comunicado tanto con la capital provincial como con Marbella. Sánchez admite que “los que vienen de fuera quizás sí han subido un poco los precios”, pero describe sobre todo cambios en la clientela (”con el teletrabajo conozco a gente que ha venido de Alemania y de Dublín”) y en lo que se ofrece: “Las casas del pueblo suelen ser de alquiler tradicional, pero últimamente estamos viendo alguna opción de alquiler por habitaciones, que no era nada común en un pueblo así”.

Los inquilinos de menores ingresos, más presionados

Es resumen, el problema del alquiler se va extendiendo. Y eso puede deberse a que, independientemente de la ubicación geográfica, el Banco de España detecta una relación con la capacidad adquisitiva de los hogares. “Los problemas de sobresfuerzo asociados al gasto en vivienda de alquiler se observan en las principales economías europeas, si bien en España estos problemas presentan una especial intensidad entre los hogares con menor renta”, resume el informe anual. Mientras que la tasa de esfuerzo general ha disminuido del 25,5% al 22,5% entre 2011 y 2022, en el mismo periodo aumentó para los hogares con menor renta. Los del primer quintil (el 20% de familias con menores recursos) destinaron de media casi un 45% de sus ingresos al alquiler.

“Las viviendas son asequibles para los que están en percentiles muy altos y no para los demás”, analiza el economista Ignacio Ezquiaga. “Eso embalsa la demanda, que no se traduce en demanda efectiva porque no puede comprar, y entonces no se construye y provoca que al final muchos jóvenes se queden en casa”, desarrolla. Al experto cree que España está asistiendo a “una burbuja de precios inasequibles” y matiza, aludiendo al título de su último libro, que “el sistema ya no financia burbujas para que la gente se endeude hasta los tuétanos”. Pero que los bancos ya no den crédito con alegría no impide, e incluso podría decirse que está reforzando, “un problema muy serio de acceso a la vivienda”.

Eso se produce porque se da una especie de círculo vicioso en el que las familias con menores recursos, que alquilan con más frecuencia que el resto porque no se pueden permitir comprar, acaban más presionadas a pagar más. El Banco de España describe una “prima de riesgo” que “podría estar asociada al hecho de que los arrendadores perciben un mayor riesgo relativo cuando alquilan sus viviendas a inquilinos con un menor poder adquisitivo”. Es decir, que les aprietan más en el precio, lo que provoca que los arrendamientos en áreas donde vive población con menor poder adquisitivo tengan “una mayor rentabilidad” para los caseros, según el supervisor. Y a juzgar por su último análisis, cada vez es más difícil escapar a esa lógica de mercado. Ni siquiera con un refugio en el campo.

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