La rebelión de las togas: abogados y procuradores dicen basta a las pensiones escasas

“Esto no es fácil de contar”. José Antonio Iglesias Jiménez traga saliva antes de relatar su historia. La de un abogado de Granada que ya tendría que estar dedicado a la dolce vita del jubilado. Pero que sigue ejerciendo. Hace una semana cumplió 75 años. Tras celebrarlo, el lunes le tocó que volver a atender a sus clientes. “No puedo dejar de trabajar porque con la pensión no me llega”.

Iglesias lleva trabajando desde 1977. Su especialidad es el Derecho laboral, “siempre del lado del trabajador”. Toda una vida dedicada al mundo legal y aportando religiosamente a la ...

“Esto no es fácil de contar”. José Antonio Iglesias Jiménez traga saliva antes de relatar su historia. La de un abogado de Granada que ya tendría que estar dedicado a la dolce vita del jubilado. Pero que sigue ejerciendo. Hace una semana cumplió 75 años. Tras celebrarlo, el lunes le tocó que volver a atender a sus clientes. “No puedo dejar de trabajar porque con la pensión no me llega”.

Iglesias lleva trabajando desde 1977. Su especialidad es el Derecho laboral, “siempre del lado del trabajador”. Toda una vida dedicada al mundo legal y aportando religiosamente a la Mutualidad de la Abogacía. Esta aseguradora se ha encargado desde 1948 de procurar unas prestaciones sociales para este colectivo. Tanto una renta tras la jubilación como algunas coberturas por incapacidad. En 1963, cuando se creó la Seguridad Social, el sistema particular de los abogados se mantuvo. Hasta 1996 ni siquiera podían elegir si querían cotizar por el régimen especial de autónomos (RETA) de la Seguridad Social para tener una pensión pública. Hoy en día, de los 210.000 abogados mutualistas (algunos ya jubilados), 49.000 aún cotizan por el régimen alternativo. Su pensión depende de la Mutualidad.

Cuando José Antonio Iglesias alcanzó la edad de jubilación, en 2016, acudió a la Mutualidad para ver cuánto le había quedado tras casi 40 años de aportaciones. Le dijeron que había ahorrado solo 80.000 euros y “me dieron varias opciones para cobrarlos, todas malas”. Al final, optó por percibir 600 euros al mes durante 13 años. “¡Ojo, que son 600 euros sin pagas extra y sin actualizaciones por el IPC!”, se queja. “¿Cuando se me acabe esta renta dentro de ocho años, qué me queda? ¿Morirme?”.

El abogado granadino tiene una situación financiera difícil. Se divorció hace unos años, pero tiene que seguir compartiendo una vivienda de dos plantas con su ex mujer, a las afueras de Granada. “Ella vive arriba y yo abajo, y tratamos de llevarnos lo mejor posible”, relata. Diversas complicaciones les llevaron a tener que ampliar la hipoteca, que aún están pagando. “Sin el dinero extra que gano trabajando no podría vivir”. Su caso no es único.

En la actualidad, hay cerca de 4.500 abogados mayores de 70 años que continúan atendiendo sus despachos y acudiendo a los tribunales. Son algo más del 3% de los 149.000 letrados que ejercen en España. Se trata de la profesión liberal con trabajadores más longevos. En algunos casos hay vocación y afán por la actividad mental tras la jubilación, pero el factor económico está muy presente.

Julio Sánchez (68 años) se encamina a su despacho, cerca de la estación de Chamartín, en Madrid. Cada mañana viaja en Cercanías desde su casa en Colmenarejo, a 40 kilómetros. “El mundo de la abogacía no es como la gente se piensa”, explica por teléfono. “La mayoría de los abogados somos currantes. No hacemos fortunas”. En su caso, cuando alcanzó los 65 años comprobó que la pensión iba a ser menos de lo que esperaba. Por eso ha decidido seguir trabajando y aportando a la Mutualidad “dos o tres años más”, aunque dice que no le quedará mucho más de 800 euros. En 12 pagas y sin actualización por inflación. Según cuenta, de haber sabido de antemano el resultado “habría cotizado por la Seguridad Social, pero confiábamos mucho en la Mutualidad, y tal vez pequé de ingenuo”. El letrado explica que le “entretiene” seguir trabajando, pero “si con 65 años me hubieran dicho que tendría una pensión de 1.100 euros me habría jubilado”. En el sistema público, la pensión media de un asalariado supera los 1.400 euros, y es de 953 euros para los trabajadores autónomos. En 14 pagas. Y con revalorización ligada al IPC. Algo que parece un sueño inalcanzable para muchos togados.

La relación entre abogados del régimen alternativo y su mutualidad está rota. El punto de no retorno llegó en 2005, cuando el sistema cambió de un modelo de reparto y solidario —tanto entra cada año, tanto se paga de pensiones—, a un modelo de capitalización individual —tanto aportas, tanto te corresponde al jubilarte—. Desde 1996 es opcional cotizar por la mutualidad, pero muchos siguieron por inercia.

Lo ocurrido con los abogados ha sido prácticamente lo mismo que les ha sucedido a los procuradores, una profesión menos conocida pero también fundamental en el funcionamiento de los tribunales en España. Más de 5.000 de estos profesionales del Derecho ahorran para la jubilación a través de la Mutualidad de Procuradores. Su presidente, Luis Sánchez, reconoce que hay mucho hartazgo en el colectivo, aunque defiende que “siempre se dio total transparencia al cambio hacia un modelo individual”. La mutualidad que dirige gestiona unos 500 millones de euros, pero “el declive de la profesión de procurador” ha hecho que la dirección anunciara el viernes una integración con la Mutualidad de la Abogacía, que gestiona 10.200 millones de euros.

Abogados y procuradores llevan más de un año en pie de guerra. Su gran batalla es conseguir que el Gobierno ponga en marcha una pasarela que permita convertir el dinero ahorrado en la mutualidad en años cotizados a la Seguridad Social. Cuentan con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas, y el Ministerio ya ha movido ficha: acepta incluir en esa pasarela a quienes estuvieran en las mutualidades en 2005 o antes. La propuesta tiene matices. Solo afectaría a los mutualistas “en situación de vulnerabilidad”, sin que se haya definido aún en qué consiste esta condición.

Además de la lucha por las pensiones dignas, que los ha llevado a juntar a más de 10.000 personas en varias manifestaciones en Madrid, los letrados también llevan tiempo movilizándose para exigir mejores condiciones en el turno de oficio (el sistema por el que el Estado se hace cargo de la defensa jurídica de las personas sin recursos). Para colmo, la huelga de los funcionarios de Justicia retrasó el año pasado muchos procesos judiciales, lo que mermó los honorarios de abogados y procuradores.

Nuria Cachefeiro (55) es abogada en Vigo, especializada en Derecho civil, matrimonial y penal. A su juicio, “la Mutualidad siempre ha sido muy opaca y no informó bien de lo que suponía seguir aportando por esta vía, en lugar de hacerlo a través de la Seguridad Social”. La letrada, harta de la situación, decidió crear una asociación para intentar canalizar el malestar del gremio. “Desde los colegios de abogados, nos vendieron que aportar a través de la Mutualidad era la panacea, pero ha resultado un chasco. Yo conozco a compañeros de 88 años que siguen ejerciendo”, explica la presidenta de Anama, la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía.

Cuando un abogado o un procurador decide aportar solo a través de su mutualidad profesional, renuncia a los beneficios ligados a cotizar a través de la Seguridad Social. Lo más evidente es que no tendrá una pensión pública, sino una renta (vitalicia o financiera). Pero en la cotización al sistema público hay mucho más. También cubre las bajas laborales, el permiso de maternidad… Cuando se aporta a través de mutualidades alternativas, las condiciones cambian.

La cobertura médica

Esto lo sabe Daniel Gonzálvez Mas (38 años), abogado madrileño. Hace dos años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático. “Cuando estás en la Mutualidad, te corresponden solo un número de días de baja a lo largo de tu vida laboral. Si es una baja psicológica son 60 días, si es otra enfermedad, 365 días”, relata. En su caso, la Mutualidad tardó meses en reconocer su incapacidad tras el diagnóstico, para empezar a pagarle. Al cabo de unos meses, el grifo se cerró, pero él seguía sin poder trabajar.

“Mi situación económica se deterioró. Tenía dos créditos que había suscrito para tratar de crecer profesionalmente y un ‘renting’ del coche. A comienzos de cada mes ya tenía más gastos que ingresos, menos 300 euros, así que tuve que pedir ayuda a mis padres y acogerme a la Ley de Segundad Oportunidad para cancelar mis deudas”, relata.

Daniel Gonzálvez ya piensa en el siguiente paso, conseguir que le reconozcan una incapacidad permanente total, que le daría derecho a una paga vitalicia, revisable, de 1.200 euros. Nuevamente, en 12 pagas y sin revisión por inflación. “Cuando vas viendo todas estas carencias te acabas arrepintiendo de haber optado, si quiera parcialmente, por la Mutualidad”.

Desde la Mutualidad de la Abogacía, que ahora opera bajo la marca comercial de Mutualidad, defienden el papel que han jugado en los últimos años. Enrique Sanz Fernández-Lomana, su presidente, recuerda que cuando se pasó de un sistema solidario a uno de cuentas individuales “se aprobó en todos los órganos de gobierno y se informó a todos los mutualistas, además de hacer conferencias en los colegios de abogados de España para detallar las consecuencias”.

El directivo subraya que en los últimos años se han dedicado a invertir con prudencia el dinero de los mutualistas y han logrado buenas rentabilidades. “En la última década hemos conseguido un rendimiento medio anual del 4,17%, con un nivel de gastos muy bajo, algo que muy pocas entidades de previsión pueden decir”, defiende.

La situación dentro de la Mutualidad está que arde. El sábado 20 de abril se celebró una asamblea general extraordinaria para aprobar nuevas coberturas para los mutualistas, pero el sector crítico votó masivamente contra la dirección. Para la plataforma de mutualistas J2, la más activa en las protestas, las propuestas planteadas por la directiva “son reformas ilusorias e insuficientes y cuya evidente pretensión era la de disimular la insuficiencia de prestaciones y lo fallido del sistema alternativo”.

Al margen de estas batallas internas, una legión de procuradoras y abogadas observan con preocupación lo que está pasando con sus pensiones. Pilar Sanz (65 años) atiende al teléfono justo antes de empezar a dar de comer a su madre, de 106 años. Es el día a día de miles de togadas. Hacen virguerías para tratar de compaginar los cuidados con una actividad profesional agotadora. “Yo no me puedo plantear jubilarme cuando llegue a los 67 años. Me dicen que ve van a quedar algo más de 600 euros al mes, y eso que he aportado más del mínimo que se pedía a los autónomos en la Seguridad Social. Nos sentimos engañados”, se queja.

Nuria Cachefeiro, presidenta de la asociación de afectados Anama, recuerda que, aunque la sociedad tenga la sensación de que la abogacía es una profesión donde se gana mucho dinero, “lo cierto es que la mayoría somos unos obreros del Derecho”. Lo que pasa es que la profesión ha cambiado mucho “y hay a quien le da vergüenza reconocer que está pasando dificultades económicas”. José Antonio Iglesias, el abogado de Granada que hoy cumple 75 años, resume el sentir de muchos compañeros: “Nos hemos pasado media vida batallando por los derechos de otros y hemos olvidado defender los nuestros”.

Es lunes 22 de abril y como cada mañana un flujo constante de letrados accede a los juzgados de Plaza de Castilla, el lugar con mayor concentración de juicios de toda España. Por allí pasan los socios de grandes despachos, con sueldos de seis cifras, los abogados de empresas… y también una legión de trabajadores del Derecho que llevan separaciones, custodias de menores, demandas de cantidades y delitos de poca entidad. Algunos siguen debatiendo sobre los casos que llevan antes de subirse en una moto para ir a la siguiente reunión. Son el proletariado jurídico, que ahora ve cómo su previsión social se tambalea.

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