Principio de acuerdo sobre el ERE de Telefónica tras el anuncio de la entrada del Estado

El anuncio del Gobierno de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquirirá hasta un 10% del capital de Telefónica va a tener su primera consecuencia: el acuerdo entre la dirección y los sindicatos de la empresa sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE). Las posturas se han acercado notablemente tras la última reunión que ha tenido lugar este miércoles, en la que la empresa ha rebajado la cifra de despedidos hasta los 3.559, 400 menos que la última cifra expuesta en la mesa de negociación y...

El anuncio del Gobierno de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquirirá hasta un 10% del capital de Telefónica va a tener su primera consecuencia: el acuerdo entre la dirección y los sindicatos de la empresa sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE). Las posturas se han acercado notablemente tras la última reunión que ha tenido lugar este miércoles, en la que la empresa ha rebajado la cifra de despedidos hasta los 3.559, 400 menos que la última cifra expuesta en la mesa de negociación y casi 1.500 sobre la propuesta inicial de 5.124 bajas. El acuerdo es inminente desde las diferencias “insalvables” que manifestaron los sindicatos tras la reunión del pasado lunes y se podría anunciar este jueves, informaron a EL PAÍS fuentes de la negociación.

En la reunión de este miércoles, la dirección ha mejorado además las indemnizaciones para acercarlas, como demandaban los sindicatos, a las del último plan de bajas voluntarias que se aplicó en 2021. Así, las personas nacidas en 1968 (es decir, los empleados con 55 años) percibirán un 65% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65 (dos puntos porcentuales sobre la anterior propuesta). Para los nacidos en 1967, 1966 o 1965, (entre 56 y 58 años) Telefónica plantea ahora un 60% del salario regulador hasta los 63 años y un 32% hasta los 65, así como una prima de voluntariedad de 3.000 euros; y para los nacidos en 1964 o años anteriores, la compañía ofrece un 50% del salario hasta los 63 años y un 32% hasta los 65 con la citada prima de 3.000 euros.

Asimismo, la empresa ha mejorado las condiciones complementarias al sumar reversibilidad de las rentas en caso de fallecimiento, el pago del seguro colectivo hasta los 63 años, el 100 % de la póliza de salud básica hasta esa edad y la inclusión de los mayores de 65 años. Anteriormente, Telefónica ya había asegurado que pagaría las prestaciones del convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años y se comprometía a crear empleos por un número similar al 7% de la afectación del ERE.

Las partes coinciden en que tras más de dos semanas —las negociaciones comenzaron el pasado 4 de diciembre— el clima de las conversaciones ha cambiado radicalmente en la reunión de este miércoles. Con todo, las posturas siguen aún divergentes, incluso entre los tres sindicatos que se sientan en la mesa negociadora (UGT, CC OO y Sumados).

El ERE está planteado para los trabajadores de las tres principales filiales españolas de la operadora (Telefónica de España, Soluciones y Móviles). Para ejecutarlo, la compañía alega que existe un “excedente funcional” sobre los 16.000 trabajadores de estas divisiones. Con la rebaja anunciada este miércoles, el porcentaje de afectados se reduce al 22%.

UGT, la fuerza mayoritaria, prefiere mostrar cautela y, aunque ha señalado en un comunicado que “la probabilidad de alcanzar un acuerdo en el ERE de Telefónica es más elevada ahora”, ha pedido a la empresa “un último esfuerzo para disminuir la afectación y mejorar las condiciones ofrecidas en aras de alcanzar la máxima voluntariedad; lo que permitiría firmar el mejor acuerdo de salidas de la historia de la compañía”.

Y es que UGT liga la firma del acuerdo al pacto sobre el convenio colectivo, que vence el próximo 31 de diciembre, con una vigencia para al menos los próximos tres años. Un asunto sobre el que las posturas “siguen distantes”. “La empresa no ha presentado su oferta final en el ERE ni ha modificado su posición en el convenio y, como hemos insistido, no habrá acuerdo si el convenio no blinda las garantías existentes en el actual”, ha precisado a este diario un portavoz del sindicato.

Desde la empresa se guarda un prudente silencio tanto sobre la entrada del Estado en el capital —el escueto comunicado del consejo del martes no hacía referencia expresa a la operación— como sobre las negociaciones del ERE. No obstante, otras fuentes señalan que dan por sentado que se podrá llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para obtener la paz social y despejar el camino ante las incertidumbres en el capital por la doble entrada de la SEPI y los saudíes de STC.

Apoyo a la operación

Previamente a la reunión, UGT ha asegurado que “apoya cualquier movimiento accionarial en Telefónica que aporte estabilidad a la plantilla”, en apoyo a la entrada del Estado que, a juicio del sindicato, “garantiza la españolidad de Telefónica” y “debe eliminar las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de valor de Telefónica hacia terceros actores”. Aunque el sindicato que dirige Pepe Álvarez desvinculaba esa entrada de la negociación del ERE apuntaba que el movimiento del Gobierno “debe repercutir en una mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de Telefónica”, en alusión a la negociación del convenio colectivo. “Aportando de este modo garantías, estabilidad y el blindaje de derechos de la plantilla reclamados desde nuestra organización”, ha subrayado UGT.

Más reticente sobre la operación se mostró el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Aunque admitió que Telefónica es una empresa “estratégica” desde el punto de vista de la seguridad nacional, pidió al Gobierno “que respete lo que es el gobierno corporativo” para que “la política no invada una compañía bien gestionada”. Es decir, que no se inmiscuya en la gestión de la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete.

Garamendi precisó que es “clave” tener presente que “es una empresa privada” y, en consecuencia, defendió que “podría haber habido otras decisiones que podrían haber protegido de la misma manera esta entrada, como pueden hacer otros países”.”Eso de hablar de patriotas o no patriotas… No midamos la política ni radicalicemos las cosas”, remarcó el presidente de la patronal, quien explicó que “hay que tener presente que las compañías tienen que ganar dinero” y retribuir a los accionistas.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal