Los sindicatos, atrapados entre el apoyo al traspaso de Rodalies y el temor de los trabajadores

Tanto el Gobierno como la Generalitat eran conscientes de que uno de los problemas que se les venía encima con la negociación del traspaso de Rodalies sería el rechazo de los sindicatos. De hecho, su propuesta de constituir una sociedad conjunta, Rodalies Catalunya, era vista como una fórmula posibilista: los negociadores consideran que al estar participada tanto por Renfe como por Adif puede facilitar garantías lab...

Tanto el Gobierno como la Generalitat eran conscientes de que uno de los problemas que se les venía encima con la negociación del traspaso de Rodalies sería el rechazo de los sindicatos. De hecho, su propuesta de constituir una sociedad conjunta, Rodalies Catalunya, era vista como una fórmula posibilista: los negociadores consideran que al estar participada tanto por Renfe como por Adif puede facilitar garantías laborales y, sobre todo, de movilidad de trabajadores entre territorios, una de las reservas expresadas por los trabajadores. Pero aun con eso, los sindicatos, y sobre todo CC OO y UGT, se encuentran entre dos aguas: el supuesto apoyo político al traspaso y, a la vez, firmar una convocatoria de huelga de cinco días (24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre) en las dos empresas públicas encargadas del transporte ferroviario ante la incertidumbre que genera la operación desde la perspectiva laboral.

“Habíamos advertido de que la transferencia de Rodalies no es solo una cuestión entre dos grupos políticos, que en medio hay trabajadores y es necesario tener en cuenta ese factor”, afirmaba este miércoles José María Álvarez, secretario general de UGT, en declaraciones a RTVE, quien negaba que el acuerdo pueda llegar a convertirse en papel mojado. “Nosotros ya hemos dicho que se haga la transferencia de Rodalies, pero estamos molestos por la falta de información en el tema laboral y que el traspaso pueda acabar convertido en una segregación de Renfe y Adif”, señalan fuentes del secretariado de CC OO.

Ese mensaje es el mismo que ha deslizado este miércoles el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, quien ha planteado la posibilidad de que la cesión a Cataluña se convierta en una mancha de aceite “y el resto de comunidades autónomas también soliciten que se haga la transferencia de las cercanías [el servicio de corta distancia de Renfe]”. Eso supondría compartimentar Renfe y Adif y dividir la fortaleza sindical de los 15.000 trabajadores de cada una de las dos empresas públicas. Ese troceamiento, sospechan, podría conllevar también la pérdida de derechos laborales.

En todo caso, la situación a la que se enfrentan los sindicatos es delicada, sobre todo a nivel interno. La territorial catalana de UGT no ha dado todavía una opinión propia sobre la convocatoria de huelga que apoya su confederación, señal de los equilibrios que se están realizando. Y fuentes de CC OO advierten que el acuerdo entre PSOE y ERC ha avivado los grupos de mensajería en el seno de la empresa alimentados por grupos de extrema derecha para oponerse al traspaso, lo que abre otro posible frente sindical.

Los sindicatos desconfían de que pasados los dos primeros años desde el traspaso, el periodo que legalmente obliga a mantener las condiciones laborales de unos trabajadores cuando pasan a depender de otra compañía, los términos actuales puedan mantenerse. Asimismo, un portavoz del sindicato de Semaf en Cataluña señala que un traspaso como el que se contempla para Cataluña a otras comunidades autónomas no solo podría afectar a las actuales condiciones laborales, sino a la capacidad de presión de los sindicatos en negociaciones futuras: cuanto menor sea la plantilla, menor será la capacidad de presionar en futuros convenios.

Hace una semana, antes incluso de que ERC cerrara el acuerdo con el PSOE y ante la desconfianza expresada por los sindicatos, la Generalitat se comprometió con los representantes de los trabajadores a crear una mesa de negociación sobre el traspaso de Rodalies. El problema, ahora, aducen tanto fuentes de la Generalitat como del Ministerio de Transportes, es que el acuerdo es meramente político y el documento sellado por ambos partidos no aporta excesiva luz sobre cómo se ejecutará el traspaso y solo aclara dos detalles: la nueva encargada de la operación será una nueva sociedad, Rodalies Catalunya, participada a partes iguales por Estado y Generalitat y el traspaso se centrará inicialmente sobre las actuales líneas R1, R2 y R3 del servicio catalán de corta distancia Rodalies. No hay mención expresa a los trabajadores. Es casi un acuerdo de urgencia, cuyo contenido se irá concretando a lo largo de la legislatura, si es que el PSOE acaba logrando el apoyo necesario de Junts y Pedro Sánchez repite como presidente.

Al crear una sociedad nueva como Rodalies Catalunya se pone final temor que existía de que los trabajadores de Renfe acabaran en Ferrocarrils (FGC), la operadora pública de la Generalitat que cubre con diversas líneas media docena de comarcas alrededor de Barcelona. El convenio colectivo de la empresa catalana incluye peores remuneraciones que las de Renfe, aunque uno de sus delegados sindicales explica sin rodeos: “Es difícil hacer comparaciones porque el área geográfica que se cubre es muy diferente y porque la forma de establecer escalas profesionales también lo es”. Desde Semaf indican además que los maquinistas de FGC no tienen la homologación para conducir trenes en el conjunto de la Unión Europea, como si sucede en el caso de los conductores de Renfe.

Diego Martín, de Semaf en Cataluña, indica que la segregación de Rodalies en Cataluña amenaza con agudizar un problema endémico, el de la dificultad de cubrir las vacantes que se producen en los servicios catalanes, sobre todo en materia de maquinistas, por la escasa presencia de profesionales nacidos en la comunidad autónoma. Según el sindicalista que habla -Renfe no ofrece datos-, el porcentaje de maquinistas nacidos fuera de Cataluña oscila entre el 70% y el 80%. La necesidad es de tales proporciones que a los nuevos maquinistas que acceden a una plaza en prácticas en territorio catalán se les exige un compromiso de mantenerse allí su base un mínimo de dos o tres años. Fuentes de CC OO consideran que las dificultades para cubrir esas vacantes no solo se explican únicamente por la falta de oferta de mano de obra autóctona, sino porque “es uno de los servicios con mayor carga de trabajo” de España, a causa del volumen de pasajeros, de una falta continuada de inversiones y de las continuas incidencias que se producen en la red.

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