La ley de ‘start-ups’ fomenta el retorno de autónomos españoles si se integran en empresas emergentes

A raíz de la crisis financiera se abrió en España la herida de los profesionales españoles que, desde muy distintos ámbitos, optaron por marcharse del país en busca de oportunidades. Se establecieron en otros lugares, a veces desarrollando carreras de éxito que no podían llevar a cabo en suelo español, con lo que el valor de su trabajo no repercutía en el país que había invertido en su formación. El retorno de estos trabajadores cualificados hasta ahora era poco más que un deseo, pero con...

A raíz de la crisis financiera se abrió en España la herida de los profesionales españoles que, desde muy distintos ámbitos, optaron por marcharse del país en busca de oportunidades. Se establecieron en otros lugares, a veces desarrollando carreras de éxito que no podían llevar a cabo en suelo español, con lo que el valor de su trabajo no repercutía en el país que había invertido en su formación. El retorno de estos trabajadores cualificados hasta ahora era poco más que un deseo, pero con la ley de fomento de empresas emergentes, conocida como la ley start-up —que la semana pasada fue aprobada en el Congreso y entrará en vigor en enero—, se plantean por primera vez beneficios fiscales para facilitar la contratación de extranjeros, de nómadas digitales y también la vuelta de los expatriados. Todos ellos podrán acogerse al régimen fiscal de impatriados si acreditan haber estado fuera cinco años (hasta ahora eran 10 años). Pero mientras esto es válido para los asalariados sea cual sea su sector, solo lo es a medias para los freelance o autónomos, que hasta ahora no podían acogerse al régimen, y que con la ley solo se les aplicarán los beneficios si trabajan para empresas emergentes.

Incentivar la contratación de talento extranjero ha sido uno de los puntos más importantes en esta ley de fomento del emprendimiento. Las empresas emergentes reclamaban medidas para poder competir con start-ups que están radicadas en otros países, y tener la posibilidad de contratar con facilidad a profesionales extranjeros era una de las peticiones. Entre las medidas específicas para captar talento que está en el extranjero, se rebaja de 10 a cinco años el tiempo mínimo que un trabajador tiene que haber estado fuera de España para acceder al régimen de impatriados (con el que se tributa un IRPF fijo del 24% durante cinco años y no se tributa patrimonio, por ejemplo por los dividendos obtenidos en el extranjero). Esta medida se extenderá a todos los profesionales asalariados de cualquier ámbito, a los inversores y a los llamados “nómadas digitales”, ya sean autónomos o asalariados que teletrabajan para empresas internacionales (y a los que se extenderá, también para cinco años, el permiso de residencia y de trabajo). Pero en el caso de los autónomos, solo se aplicará si al menos un 40% de su facturación proviene de las empresas digitales, algo que vale también para los españoles retornados.

“Con esta ley, nuestros profesionales que, obligados o no, se fueron a trabajar fuera en 2018 o antes, ya el año que viene podrán volver beneficiándose de este régimen fiscal. Para muchos será un incentivo a la hora de plantearse volver y crear su proyecto de vida y familiar aquí”, explica Ignasi Costas, socio responsable del Área de Innovación y Emprendeduría del bufete de abogados DWF-RCD. Pero añade el matiz en los autónomos: “En general la ley Beckham [nombre por el que se conoce el régimen de impatriados] está disponible para cualquier sector, pero para los freelance, que hasta ahora no podían beneficiarse de este régimen, la nueva ley ha sido muy selectiva y solo podrán acceder si acreditan ser profesionales altamente cualificados y con unos ingresos provenientes de empresas emergentes que superen el 40% de sus ingresos anuales”. Así, abogados, periodistas u otros profesionales autónomos que no trabajen para start-ups no podrán beneficiarse de estos incentivos para volver, algo que, según fuentes cercanas a la negociación de la ley, se explica por la presión ejercida durante el redactado por parte de los colegios profesionales, que han querido blindarse ante la posible llegada de profesionales extranjeros o repatriados.

Para algunos de los profesionales que se fueron, en este punto hay un agravio comparativo. Cristina Navas, portavoz de la asociación volvemos.org (que tiene, en su base de datos, a 13.400 emigrantes con estudios superiores que se fueron sobre todo entre 2008 y 2012), explica que con esta limitación, el talento no lo tiene fácil para volver. “Es que hay que conocer el perfil, porque hay de todo, gente que vuelve con un contrato en España, gente que vuelve con un contrato de una empresa internacional, pero hay un porcentaje importante de personas que trabajan por cuenta propia que ahora mismo no podrán acogerse a este beneficio. No sabemos cuántas son porque en el plano de los emigrantes falta mucha información y muchos no saben ni a qué tienen derecho”, relata. Lo que sí ve como un avance muy importante es que la ley permita dar un visado de teletrabajo a las parejas no europeas de los que vuelvan, y que las parejas de los que se pueden acoger al régimen de impatriados también tengan estos beneficios. “Esto facilita un poco más la decisión de volver, porque muchas veces el mayor problema es que la pareja no puede venir contigo”, explica. El perfil típico del emigrante cualificado, señala, es el de una persona que lleva unos 10 años fuera, que siente que su etapa en el extranjero ya ha acabado y que quiere volver, sobre todo por motivos personales: “Porque quieren que sus hijos crezcan en España, porque echan de menos su cultura... Pero se encuentran barreras, primero la profesional, porque han hecho una carrera fuera y sienten que volverán para tener peores condiciones, y luego las barreras administrativas, muchos no saben qué pueden hacer y qué no. Y luego la barrera psicológica de dejar atrás la vida que has montado fuera”. A Navas le parece que la ley “es una ayuda, pero no es suficiente: cuando una persona vuelve no lo hace por una reducción fiscal, lo hace por motivos personales, y lo que necesita es apoyo y un mensaje de que al volver estarán bien y la administración les ayudará”.

Desde el mundo de las start-ups, estas sí creen que la ley es un avance. Irene Gómez, la consejera delegada de Keybotic, una empresa fundada en 2020 que está empezando a fabricar robots que hagan tareas de mantenimiento en las minas, explica que en su empresa, formada por siete personas, la mayoría de los trabajadores son de fuera. La propia Gómez se fue a buscar oportunidades lejos de España cuando, en 2011, en plena crisis, terminó la carrera. Se fue a Andorra y volvió para montar su empresa. “Para mí la ley llega tarde, porque ya no me puedo acoger al régimen de no residentes. De todas maneras creo que la gente que quiera volver lo hará y no solo por el dinero, aunque los incentivos dan facilidades”, señala. “Lo que queremos es competir en el plano mundial para captar talento. Y para ello es importante por un lado el salario, ya que es lo primero que te preguntan, porque lo comparan con los sueldos que podrían percibir en otros países; y por otro la legislación y la fiscalidad”, afirma.

Gómez cree que la ley ayudará a aumentar los salarios netos ya que, entre otras medidas, regulariza las stock options, unas acciones que la empresa da a los trabajadores para complementar el sueldo, y que ahora solo tributarán en el momento de su venta. Pero es en el régimen fiscal donde los emprendedores ven más avances. “Para contratar siempre miramos fuera, queremos a la gente más puntera en robótica y programación. La ley nos da la oportunidad de dar beneficios a la gente que contratemos y que quiera venir”, celebra. “Pero la verdad es que no todos quieren venir, algunos prefieren trabajar para nosotros desde otros países, y en general esto se hace si son autónomos, porque la legislación laboral no permite pagar aquí la seguridad social de alguien que trabaja para ti desde fuera”, apunta como uno de los inconvenientes. Por su parte, Carla Gómez, cofundadora de la empresa de robótica Theker, instalada en la aceleradora de start-ups D-Factory, en Barcelona, cree que la ley “va por buen camino, pero falta algo más para terminar de dar facilidades. Está bien bajar el impuesto de sociedades al 15%, pero teniendo en cuenta que las start-ups no generan beneficio los primeros años, estas ayudas podrían ir destinadas a contratar gente”. En este sentido, aplaude la posibilidad que abre la ley de contratar a estudiantes extranjeros, al ampliar un año más el permiso de residencia para que puedan buscar trabajo: “Tenemos que estar cerca de la innovación, y nos interesa mucho contratar a jóvenes”.