Las insolvencias en España aumentarán un 20% este año, según los Economistas
Los autónomos y las micropymes coparon el 73% de los concursos de acreedores de 2021
El número de empresas que recurren a un concurso de acreedores crecerá este año un 20% respecto a 2021, según las previsiones lanzadas este lunes por el Consejo General de Economistas (CGE) en la presentación del informe Atlas Concursal 2022. Con los últimos datos oficiales disponibles, hasta el tercer trimestre de 2022 el número de empresas que entraron en concurso ascendió a 3.618, frente a las 3.169 firmas del mismo periodo del año pasado (un 14% más). La cifra rebasa también la cifra que se registró e...
El número de empresas que recurren a un concurso de acreedores crecerá este año un 20% respecto a 2021, según las previsiones lanzadas este lunes por el Consejo General de Economistas (CGE) en la presentación del informe Atlas Concursal 2022. Con los últimos datos oficiales disponibles, hasta el tercer trimestre de 2022 el número de empresas que entraron en concurso ascendió a 3.618, frente a las 3.169 firmas del mismo periodo del año pasado (un 14% más). La cifra rebasa también la cifra que se registró entre enero y septiembre de 2019, de 3.383 concursos.
Han sido los autónomos y las micropymes —aquellas empresas que tienen menos de 10 empleados y no facturan más de 700.000 euros— quienes más han recurrido a esta herramienta judicial. En concreto, el 73% de los concursos correspondieron en 2021 a trabajadores autoempleados y micropymes. El año pasado las empresas más pequeñas habían supuesto un 40% de los procesos y los autónomos, un 33%. Las insolvencias entre los trabajadores por cuenta propia crecen un 61% con respecto al mismo periodo del año pasado y pasan de 1.446 en 2021 a 2.330 en el tercer trimestre de 2022. En el caso de las personas físicas, los concursos de acreedores crecen un 23% en 2021 con respecto a 2020 y pasan de 4.032 a 4.975.
El crecimiento en el número de procedimientos concursales está condicionado, según ha aclarado el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, por los efectos de la Covid y las medidas que se tomaron para atajar la crisis. Además, ha destacado que la moratoria concursal —que consistía en ofrecer una dispensa temporal a compañías en situación de insolvencia que estaban al borde del concurso de acreedores— contuvo el aumento de estos procesos hasta el 30 de junio, fecha de su vencimiento. Tras el fin de dicha moratoria, se observó un incremento concursal del 30% tras el verano. Otros elementos que afectaron a la viabilidad de las empresas fueron la inflación, el precio de la energía y la demora de la economía española en alcanzar los niveles prepandemia. Según recoge el documento, “la salud de las empresas podría haberse fortalecido mucho si las expectativas de crecimiento se hubieran cumplido”.
Pese a que aumenta el número de empresas que recurre a este procedimiento, según Alejandro Latorre, miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (Refor), eso no es necesariamente malo. “La utilización del concurso es una herramienta más de gestión y su incremento no debería ser necesariamente un motivo de alarma”, apuntó. Según el informe elaborado por Refor, la cifra de concursos de empresas en España es inferior a la de otras economías vecinas: se situó en torno a 6.000 en 2021, cuando en Francia superó los 28.000; en Alemania, los 14.000, y en Italia, los 8.000. Algo que, según Latorre, “está por debajo de los números que se corresponderían para una economía como la nuestra”.
En España no siempre se recurre a este procedimiento. El informe constata que los pagos del Fogasa — el Fondo de Garantía Salarial que avala los pagos a trabajadores en caso de procedimiento concursal— han aumentado un 14,31% de enero a diciembre de 2021, pero no han crecido los concursos de acreedores en la misma medida. Es decir, hay más pagos del Fogasa, que proceden de insolvencias, que concursos de acreedores, lo cual el Consejo General de Economistas considera que se debe a que muchas empresas no están acudiendo a este mecanismo y optan directamente por el cierre.
La reforma de la Ley Concursal, que está vigente desde el pasado 26 de septiembre, ha tratado de promover mecanismos que preserven el tejido empresarial y eviten que la declaración de insolvencia termine en liquidación. Además, contempla procesos especiales para los grandes afectados, los autónomos y micropymes, que se podrán acoger a planes de restructuración a partir de enero de 2023. Esto, unido a un escenario macroeconómico no tan desfavorable como cabría esperar, hace prever una tasa de incremento de los concursos de empresas para 2023 del 11%, muy inferior al 20% actual.
Javier Santacruz, profesor de Economía y analista macro-financiero, afirmó que no se espera un gran aumento en el número de concursos empresariales porque “tanto la propia evolución económica como el cambio de reglas que se ha producido en estos años, contribuye a que las empresas tengan a disposición mecanismos de supervivencia más amplios”.
Para Santacruz el marco económico no es desfavorable. Del lado de la oferta no se prevé una destrucción de capital grave en los próximos trimestres, según el indicador compuesto adelantado de la OCDE. Del lado de la demanda, el agotamiento del colchón de ahorro familiar tras la pandemia, tendrá un impacto considerable y frenará el consumo, con el consiguiente enfriamiento de la economía y un previsible descenso de la inflación. En cuánto al la recesión, Santacruz ha afirmado que “probablemente no sea tan intensa ni tan larga como han sido las anteriores”.
Por comunidades, son Cataluña, con 2.446, y Madrid, con 1.252, las que más concursos de acreedores tramitaron en 2021, aunque también son las que mayor número de empresas tienen. En el resto de comunidades también aumentan, con la excepción de La Rioja que se mantiene en cifras similares. En el total de las empresas españolas, si se toman cifras de 2021, solo el 0,21% acude a este procedimiento —aproximadamente una de cada 476— lo que para el Consejo de Economistas es un porcentaje “muy bajo” que muestra la “fortaleza” del tejido empresarial.