Bruselas extiende hasta finales de 2023 el permiso para las ayudas directas a las empresas golpeadas por la crisis

La Comisión amplía hasta los dos millones el límite de las subvenciones que los Gobiernos podrán dar a las compañías

La vicepresidenta española, Nadia Calviño, a la izquierda, con la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager.OLIVIER HOSLET (EFE)

La Comisión Europea cree que la crisis energética va para largo. En consecuencia, este viernes ha extendido la normativa que relaja las ayudas de Estado para las empresas golpeadas por esta situación hasta el 31 de diciembre. Además, en esta prórroga ha modificado sustancialmente los topes a los que había dado luz verde en marzo, cuando se aprobó por primera vez, al aumentar de 400.000 euros a dos millones la cantidad con la que se puede subvencionar a las compañías, excepto en el sector agrícola, en el que el límite sube de 35.000 a 300.000 euros, según ha anunciado la propia Comisión.
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La Comisión Europea cree que la crisis energética va para largo. En consecuencia, este viernes ha extendido la normativa que relaja las ayudas de Estado para las empresas golpeadas por esta situación hasta el 31 de diciembre. Además, en esta prórroga ha modificado sustancialmente los topes a los que había dado luz verde en marzo, cuando se aprobó por primera vez, al aumentar de 400.000 euros a dos millones la cantidad con la que se puede subvencionar a las compañías, excepto en el sector agrícola, en el que el límite sube de 35.000 a 300.000 euros, según ha anunciado la propia Comisión.

La nueva norma, como adelantó EL PAÍS, también abre los rescates a las grandes energéticas e industrias estratégicas que tengan un problema con el coste de la energía —papeleras, compañías de producción de vidrio, cementeras, firmas de producción y procesado de aluminio y algunos químicos—. Al mismo tiempo, aclara los criterios bajo los que se podrán hacer recapitalizaciones. Como señala la propia Comisión en su comunicado, las medidas tendrán que ser “necesarias, adecuadas y proporcionadas”; deberán “implicar una remuneración adecuada para el Estado” y, por último, conllevarán un acompañamiento de “medidas adecuadas para preservar la competencia efectiva, incluida la prohibición de dividendos, primas y adquisiciones”.

Desde que estalló la pandemia a comienzos de 2020, la Unión Europea se encuentra en un momento de excepcionalidad en las ayudas de Estado. Las medidas que se tomaron entones para mantener con vida a las millones de empresas que se vieron forzadas a detener su actividad fueron acompañadas de una relajación del marco ayudas públicas en el continente. Solo ese mismo año se repartieron casi 400.000 millones de euros en la UE, sin tener en cuenta el Reino Unido. En el mismo sentido, en marzo de este año volvió a relajarse la normativa cuando explotó la crisis de los precios energéticos, provocada en buena medida por la invasión de Ucrania por Rusia.

La crisis actual, más la transición hacia una economía con bajas emisiones en carbono, ha llevado a muchos países a que echar mano del dinero público para ayudas a las empresas que lo necesitan. Un claro ejemplo de esto ha sido el anuncio del Gobierno alemán hace unas semanas, cuando afirmó que iba a inyectar 200.000 millones en subvenciones a familias y empresas. Aunque todavía no se conocen los detalles del anuncio, ya entonces se levantó una gran polémica por el hecho de que Alemania tiene más capacidad financiera y en un contexto de relajación de las ayudas de Estado podría regar con más dinero a sus sector privado situándolo en una posición de ventaja en el mercado único.

“El marco temporal proporciona una herramienta horizontal que permite a los Estados miembros apoyar a los que lo necesitan, utilizando la plena flexibilidad de las normas sobre ayudas estatales, al tiempo que preservando la igualdad de condiciones en el mercado único”, ha declarado la responsable de Competencia y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. En su nota, la política danesa subraya que la medida modificada persigue cuatro objetivos: ayudar a las empresas afectadas por los altos precios de la energía; garantizar que haya incentivos para reducir el consumo de energía; rebajar la dependencia de los combustible fósiles y mantener la igualdad de condiciones.

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