Bruselas estudia limitar el precio de las energías renovables para abaratar la factura eléctrica
Los técnicos de la Comisión desaconsejan ampliar la excepción ibérica porque podría incentivar el consumo de combustibles fósiles
Bruselas empieza a trazar la ruta para poner en marcha una “intervención de emergencia” en el mercado eléctrico para controlar la factura de la luz, como había adelantado esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. El plan pasaría por limitar lo que cobran las compañías de las tecnologías más baratas, las denominadas “inframarginales”, como las energías renovables, que contribuyen al precio final del kilovatio hora, según ...
Bruselas empieza a trazar la ruta para poner en marcha una “intervención de emergencia” en el mercado eléctrico para controlar la factura de la luz, como había adelantado esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. El plan pasaría por limitar lo que cobran las compañías de las tecnologías más baratas, las denominadas “inframarginales”, como las energías renovables, que contribuyen al precio final del kilovatio hora, según un documento de los técnicos de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS. A ello se uniría una “reducción coordinada de la demanda” de electricidad que se buscaría impulsar tanto entre las empresas como a nivel del consumidor privado.
Los funcionarios del departamento de Energía están trabajando en una solución urgente que contenga la factura de la luz, que está llevando la inflación a cotas más propias de países en vías de desarrollo que de Occidente. En ella se barajan varias opciones y aparecen pros y contras de todas. La excepción ibérica, el mecanismo que entró en vigor en España y Portugal y que ha contribuido a reducir la factura de la luz con un tope parcial sobre el gas, ha sido sopesada también, pero no estaría entre las recomendadas porque, explican, subsidiaría la generación de electricidad con combustibles fósiles y “obstaculizaría los esfuerzos para reducir su uso”.
El lunes, Von der Leyen sorprendió con el anuncio de que la Comisión Europea iba a lanzar “en semanas” una “intervención de emergencia” en el mercado eléctrico porque “el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad está poniendo de manifiesto las limitaciones de nuestro actual diseño del mercado”. El movimiento llegó precedido de las exigencias de algunos ejecutivos que han visto cómo los elevadísimos precios del gas han empujado en paralelo a los de la luz. Bélgica, Austria o República Checa fueron algunos de estos gobiernos, aunque también dentro de la propia Comisión, la presidenta había recibido presiones. Esto llevó a convocar una reunión extraordinaria de ministros de Energía para el 9 de septiembre, en la que con toda probabilidad estarán las opciones que plantean los técnicos de la UE.
“Un tope en el precio de la electricidad de las energías inframarginales (aquellas que ofrecen un precio por debajo del final fijado por el mercado, como las renovables, incluidos algunos tipos de hidroenergía, o la nuclear) para garantizar que no logran ingresos significativos excesivos respecto a su coste”, propone Bruselas. De aplicarse esta medida, subraya el documento interno de 23 páginas, esta debería beneficiar “íntegramente” a los consumidores de energía. Además, destaca que no tendría impacto presupuestario. Muchas de las medidas que aplican ahora los Estados miembro tienen un coste alto en las arcas públicas: subsidios para colectivos vulnerables, rebaja de impuestos (el Gobierno español acaba de anunciar una rebaja del IVA del gas del 21% al 5%).
Los precios eléctricos ahora se establecen a partir del coste de producción de la tecnología más cara, en los últimos tiempos el gas. Al estar tan caro este combustible, a causa de la invasión rusa de Ucrania y los cortes de suministro decididos por Moscú, el resto de fuentes de producción logran una rentabilidad altísima. De esta situación se benefician especialmente las energías renovables, cuya tecnología se ha desarrollado mucho y ha abaratado mucho los costes de producción. Esto ya ha llevado a la Comisión Europea en algunos documentos previos a recomendar que los Estados miembro gravaran los beneficios extraordinarios que obtienen las energéticas ahora. De ahí que los técnicos adviertan de que si finalmente Bruselas opta por esta nueva vía, lo lógico sería acabar con este tipo de impuestos que ya han adoptado o anunciado algunos países, entre ellos España.
El mecanismo para determinar los precios en la UE, llamado marginalista, se diseñó así porque buscaba incentivar la inversión en energías renovables para lograr la transición a una economía de bajas emisiones en carbono lo más rápido posible. Y, al mismo tiempo, pretende recoger las señales propias del mercado y la demanda de energía. Todo esto se ha roto con la invasión de Ucrania, de ahí que se justifique la “intervención de emergencia” de la que habló Von der Leyen. No obstante, para que las fuentes de generación limpias no pierdan atractivo, los técnicos plantean crear “incentivos” a la inversión, explica el documento, que todavía no cuenta con el visto bueno de los responsables políticos de la Comisión Europea ni de sus servicios jurídicos.
Junto a los límites a las ganancias de las tecnologías más baratas, los técnicos también dan otro paso importante. Plantean medidas obligatorias de reducción de demanda, lo que supone un salto sobre lo hecho hasta ahora, que se ha movido en el terreno de la recomendación y la voluntariedad. Se lee en el non-paper, como se llama en la jerga comunitaria a este tipo de borradores, que se podría fijar “un objetivo estático de reducción generalizada de la demanda” para reducir el consumo, sobre todo, en las horas punta. Para ello, abogan por elaborar “esquemas de oferta” que permitan a diferentes categorías de consumidores (hogares, empresas) frenar o desplazar su consumo de momentos de alta demanda a horarios valle, entre otros.
Más allá de que estas medidas podrían llevar a un consumo menor de gas para la producción de electricidad en la UE, los expertos subrayan que tendrían un impacto positivo indirecto en garantizar la seguridad del aprovisionamiento eléctrico. El objetivo es “mitigar los altos precios, con efectos positivos en la seguridad del aprovisionamiento eléctrico durante la crisis”, de manera similar a la propuesta ya lanzada de reducción de demanda de gas, señalan al respecto. Además, indican, es una medida rápidamente implementable a nivel europeo (aunque no se ponen de acuerdo en si debe ser una mera “recomendación” o una obligación para todos los Estados Miembro) y que “contribuirá directamente a lograr los objetivos de descarbonización de la UE”.
Los expertos consideran viable que estas propuestas formen parte de un “paquete de invierno”, es decir, dentro de las medidas que más rápidamente deberían aprobarse de cara al frío que se avecina esta temporada.