La SEPI rechaza el rescate de Abengoa

Abengoa lleva siete años sobreviviendo con respiración asistida y esta semana le ha fallado su último balón de oxígeno. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha denegado el rescate de 249 millones de euros que las seis filiales de la compañía sevillana —que acumula una deuda de 6.000 millones― habían solicitado para evitar un nuevo concurso de acreedores. Esa aportación era vital para garantizar la inyección de 200 millones de euros que el fondo californiano Terramar Capital se había comprometido a inocular en Abenewco 1, la sociedad filial de Abengoa que aglutina los prin...

Abengoa lleva siete años sobreviviendo con respiración asistida y esta semana le ha fallado su último balón de oxígeno. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha denegado el rescate de 249 millones de euros que las seis filiales de la compañía sevillana —que acumula una deuda de 6.000 millones― habían solicitado para evitar un nuevo concurso de acreedores. Esa aportación era vital para garantizar la inyección de 200 millones de euros que el fondo californiano Terramar Capital se había comprometido a inocular en Abenewco 1, la sociedad filial de Abengoa que aglutina los principales activos de la empresa, para tratar de reflotarla. El informe de la SEPI, adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que “no queda demostrada la viabilidad a medio y largo plazo de las solicitantes, soportada en un Plan de Viabilidad para superar la situación de crisis” y que “no se garantiza el cumplimiento del plan de reembolso del apoyo estatal”. El expediente sigue pendiente de resolución y se concluirá antes de acabar junio, pero fuentes cercanas adelantan que la firma no ha hecho cambiar de opinión al fondo con sus alegaciones.

La compañía ha intentado a lo largo de la semana pasada garantizar su futuro, algo que hasta ahora siempre había conseguido en el último momento, pero el hecho de que la SEPI el pasado martes se limitara a solicitar información a Abengoa sobre la situación de los pleitos con terceros fue un primer aviso de que la sociedad estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, no tenía intención de acudir al rescate de la entidad sevillana. El informe de la sociedad estatal llama la atención sobre “la incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento” lo que “cuestiona la viabilidad o capacidad” de cada una de las seis filiales para las que se había solicitado el rescate. La situación patrimonial de Abenewco 1, de la que penden el resto de las entidades que habían solicitado la ayuda, también ha sido determinante para la negativa. La SEPI advierte de que “no se ha acreditado que el problema en su solvencia obedezca al impacto del covid aunque pueda haberlo”, que es la finalidad del fondo de rescate del que vendrían los 249 millones.

El hólding público había encargado a dos consultoras, Grant Thornton y PKF Attest, sendos informes sobre la viabilidad del plan estratégico y las garantías de que esos 249 millones pudieran devolverse en el futuro. Y las conclusiones son definitorias. Sobre el riesgo de los litigios, reclamaciones extrajudiciales, reclamaciones por deudas, ejecución de nuevos avales y posibles incumplimientos en las filiales dice el documento: “Estos acontecimientos podrían provocar que las beneficiarias vieran comprometida la caja disponible para atender al servicio de la deuda existente post entrada de la Financiación Terramar, refinanciación y FASEE y, por tanto, comprometer la devolución de la ayuda en las condiciones establecidas”.

Con todo, en los últimos días en la firma sevillana se abría una rendija a la esperanza, porque la mayoría de las controversias judiciales, con un montante económico de unos 700 millones de euros si todas se perdieran, dependían en su mayoría de Abenewco 1, y el rescate se había solicitado para sus seis filiales: Abener Energía, Abengoa Energía, Abengoa Agua, Abengoa Operation and Maintenance, Abengoa Solar España e Inabensa. “Si la objeción es solo técnica, no habrá problema”, explicaban las fuentes cercanas a la empresa consultadas.

Sin embargo, el informe de la SEPI no deja lugar a dudas: “El potencial impacto de los procedimientos judiciales, reclamaciones, expedientes administrativos u otras contingencias en las que está implicada la solicitante pueden tener un impacto significativo que podría afectar a la estabilidad económica o al apoyo financiero público temporal solicitado”. Y añade: Los informes de auditoría y las cuentas anuales de 2018, 2019 y 2020 “recogen una incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento, cuestionando la viabilidad o la capacidad de cada una de las compañías para continuar la actividad”.

Abengoa entregó sus alegaciones el pasado jueves para evitar que corriera el tiempo límite. Los fondos acreedores habían ampliado el plazo, que vencía el 24 de julio, hasta el 30 para no ejercer su opción de presentar recurso y la oferta de Terramar expira también este jueves. El hecho de que la moratoria concursal que el Gobierno aprobó en marzo de 2020 por la pandemia venza el 1 de julio tampoco ayudaba en esa carrera contrarreloj. Pero ese esfuerzo final ha sido en vano.

Un nuevo preconcurso o la liquidación

Ahora, Abenewco 1 parece que seguirá los pasos de su matriz, Abengoa S. A., y su futuro pasa por un preconcurso de acreedores. Fuentes de la administración concursal señalan, no obstante, que pese a que no han recibido un comunicado oficial de la SEPI, tratarán de evitar el preconcurso hasta el mismo 30 de julio tratando de llegar a algún acuerdo con Terramar, aunque son conscientes de que es complicado sin el aval de la sociedad estatal.

Las filiales de Abengoa solicitaron en marzo de 2021 el rescate a la SEPI. Para ello, la compañía presentó un plan de reestructuración que pasaba por la oferta de Terramar Capital, que inyectaría 140 millones para pagar a los acreedores la deuda vencida y que aportaría otros 60 en forma de capital para hacerse con el 70% de Abenewco 1. Las entidades financieras y el Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) otorgarían 300 millones en avales, mientras que los acreedores y proveedores se han comprometido a condonar o convertir en capital casi 3.000 millones.

Este es el acuerdo que, pendiente de la SEPI, apoyaban los acreedores e inversores de Abengoa. No obstante, el presidente de la matriz, Clemente Fernández, que siempre se ha opuesto a la entrada del fondo americano en la compañía, el pasado miércoles anunció que tenía un plan b que pasaba por el convenio de acreedores que debe presentar antes del 1 de julio, fecha límite impuesta por el juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores en el que está inmersa Abengoa S. A., desde febrero de 2021. No han trascendido detalles de esa propuesta alternativa, pero Fernández ha explicado a este diario que pasaba por que la Abenewco1 entre en situación preconcursal, formular una reestructuración de la empresa, generando una estructura intermedia que salvaguarde a las filiales y que sea la matriz convenida la que asuma parte de la deuda, llegando a nuevos acuerdos con el resto de acreedores.

“Una situación concursal puede generar una vía para salvaguardar que el dinero nuevo se vaya a pagar los pleitos pendientes”, explica Fernández, en alusión a uno de los principales escollos planteados por la SEPI para el rescate. El presidente de Abengoa S. A., cree además que con el convenio de acreedores se puede “reducir la deuda llegando a un acuerdo presentando una quita muy alta que haría atractiva la entrada de dinero privado”, si bien elude cuantificar esa nueva cantidad. Toda esta reestructuración para evitar la liquidación pasaría por que el Gobierno mantuviera la línea de avales a través del Cesce.

Una opción que no se ve con buenos ojos por parte del administrador concursal, según han trasladado a EL PAÍS fuentes cercanas. “Todas las propuestas de convenio antes de presentarse suelen ir acompañadas de un plácet por parte del pasivo y los acreedores y no parece que lo haya”, sostienen en referencia a que los fondos acreedores que apoyan la oferta de Terramar. Las fuentes cercanas al administrador concursal recuerdan que si no se llega a un acuerdo antes del 1 de julio con el fondo estadounidense, al margen del convenio concursal de la matriz, se podría decidir meter a todas las filiales o solo a algunas en un preconcurso -que daría un margen de cuatro meses para buscra soluciones con acreedores- o ir a a liquidación, la última opción que baraja.

Los acreedores de Abengoa S. A., tienen hasta septiembre para apoyar o rechazar el convenio de acreedores, pero Fernández quiere ganar más tiempo y ha pedido al juez concursal que amplíe el plazo para presentar el convenio de acreedores. “Quién va a pagar por unidades de negocio con una carga laboral elevada y un pasivo alto”, se pregunta Fernández, frente a quienes opinan que hay filiales que sin el lastre del conglomerado son rentables y atractivas para el inversor.

Enfrentamiento político

La puntilla a Abengoa, una empresa estratégica para Andalucía y uno de los símbolos de la industrialización en una comunidad donde el peso de este sector es residual, llega en plena resaca de las elecciones andaluzas, donde el PP se alzó con la mayoría absoluta. El anterior Gobierno de coalición de la Junta se negó a autorizar los 20 millones de euros a los que se comprometió para salvar el enésimo plan de viabilidad de la empresa, alegando que no tenía una base legal que le permitiera el encaje jurídico a esa transferencia de fondos. Al poco tiempo Abengoa entraba en concurso de acreedores y el Ejecutivo central acusaba al andaluz de haber propiciado esa situación por no haber cumplido con su compromiso.

La misma justificación que reiteró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la campaña cuando se le preguntaba por el rescate de la SEPI. La caída de Abengoa puede protagonizar el primer desencuentro entre el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pasado martes, el consejero de la Presidencia en funciones, Elías Bendodo, advertía de que la sociedad estatal “debería dar explicaciones” si no autorizaba la ayuda, asegurando que es el Estado el único que tiene “la herramienta legal” para salvar a Abengoa.

Mientras tanto, los representantes de los comités de empresa de la compañía sevillana han cumplido este lunes su séptimo día de encierro como medida de presión para que todas las partes implicadas llegaran a un acuerdo. Los 11.000 trabajadores Abengoa —3.000 en España y casi 2.000 en Sevilla— han sido el eslabón más débil en esta cadena de rescates, reestructuraciones, preconcursos, concursos y deuda imparable que la empresa lleva engarzando desde 2015.