La OCU presenta una demanda colectiva contra Apple por la obsolescencia programada del iPhone 6

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda colectiva contra Apple por la corta vida útil del iPhone 6. Este organismo acusa a la empresa estadounidense de esconder deliberadamente a través de actualizaciones de software los problemas de la batería de estos móviles, lo que empujaba a los usuarios a comprar nuevos teléfonos. ...

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda colectiva contra Apple por la corta vida útil del iPhone 6. Este organismo acusa a la empresa estadounidense de esconder deliberadamente a través de actualizaciones de software los problemas de la batería de estos móviles, lo que empujaba a los usuarios a comprar nuevos teléfonos. En una nota de prensa difundida este jueves, la OCU especifica que esta demanda defiende los intereses de 400.000 personas afectadas en España, a las que se causó un perjuicio económico de entre 40 y 80 millones de euros. Reclama entre 99 y 189 euros de compensación por móvil de esta gama.

La OCU denuncia que Apple “actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos”. “Al hacer esto”, continúa la OCU, “los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba más lento, un hecho que les empujó a cambiar de modelo”.

Las denuncias de la OCU contra el gigante tecnológico por los problemas de los modelos iPhone 6, 6s, 6 Plus y 6s Plus empezaron hace dos años. En un comunicado de 2020 explicaba que se dirigió “en múltiples ocasiones” a la empresa para reclamar una compensación a los perjudicados. “Desafortunadamente, estos intentos de encontrar una solución amistosa en beneficio de los consumidores no condujeron a una solución satisfactoria”.

En otros países, Apple ya se ha visto obligada a compensar a los clientes que adquirieron sus móviles. En mayo de 2020, un tribunal italiano confirmó una multa de 10 millones de euros impuesta por el organismo regulador en este país por los problemas de rendimiento de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS. “Esta acción deliberada constituyó la base de una demanda colectiva en los Estados Unidos que Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente por un monto total de 500 millones de dólares, que la citada compañía pagará a los consumidores afectados”, recuerda la OCU. En Francia, la empresa tecnológica aceptó pagar 25 millones de euros.

La OCU reclama a Apple una compensación para los usuarios de España “no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca”. La cifra que reclaman, de entre 99 y 189 euros, se justifica en la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo).

La organización de consumidores asegura que asumirá “el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno”. “En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso”, finaliza.

La obsolescencia programada no solo es un problema por el perjuicio económico para los compradores. También lo es por el daño que inflige al medio ambiente. Los residuos tecnológicos procedentes de los aparatos electrónicos contribuyen a este problema debido a la alta contaminación de sus componentes. Según el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), al año se generan de media 50 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo, una cifra que podría llegar a 120 millones de toneladas en 2050 si se mantienen los hábitos actuales de consumo.

Desde el 1 de enero de 2022, tras la modificación de plazos de la ley de consumidores, la garantía de los productos tecnológicos es de tres años (en vez de dos), y las piezas deberán estar disponibles durante una década (en vez de cinco años) desde que el producto deja de fabricarse.