El Gobierno ultima un plan anticrisis con ayudas millonarias

El Gobierno prepara un plan con cuantiosas ayudas para dar respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. La propuesta se estuvo cerrando hasta la última hora de este domingo. Y sobre la mesa estaba extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya ha anunciado para los transportistas. Es decir, la factura bajará en 20 céntimos por litro para todos los consumidores cuando repongan en el s...

El Gobierno prepara un plan con cuantiosas ayudas para dar respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. La propuesta se estuvo cerrando hasta la última hora de este domingo. Y sobre la mesa estaba extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya ha anunciado para los transportistas. Es decir, la factura bajará en 20 céntimos por litro para todos los consumidores cuando repongan en el surtidor. De estos, 15 los soportará el Estado. Además, el Ejecutivo reclamará a las petroleras que apliquen una rebaja adicional de otros cinco céntimos para sumar el descuento total de 20 céntimos por litro de carburante.

La rebaja se hará directamente al repostar en la gasolinera. Para los transportistas comienza el 1 de abril y termina en principio el 30 de junio, aunque la medida podría prorrogarse más allá de los tres meses si continúan los precios altos. El modelo sigue exactamente el trazado por Francia, donde esta iniciativa empieza este 1 de abril pero se extiende hasta el 31 de julio. Allí la dirección de competencia y consumo se encarga de asegurarse de que la rebaja va del mayorista a la gasolinera, tanto para particulares como profesionales.

El objetivo de esta iniciativa es aliviar a las familias y disminuir las tensiones inflacionistas, que desde mediados del año pasado se han visto impulsadas con fuerza por los precios de la energía. Con la invasión de Ucrania se teme que la inflación media del año pueda incluso colocarse en el 7%. En algunos meses podría llegar a los dos dígitos en comparaciones interanuales.

El viernes fuentes del Gobierno todavía no daban por cerrado cómo se financiarían los 15 céntimos. Al igual que en Francia, se descarta una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos porque el Ejecutivo necesitaría un permiso de la UE para dejarlo por debajo del mínimo europeo. Así que se haría con ayudas directas, quizás a través de un fondo. En ese caso, las petroleras podrían adelantar el descuento y luego el Gobierno lo abonaría. El coste de esta ayuda alcanzaba los 600 millones durante un trimestre para los transportistas. Al ampliarlo a todos, la cifra sube hasta los 1.300 millones de euros.

Bono social

El Ejecutivo también ampliará la cobertura del bono social para elevar el número de hogares beneficiarios. El Ministerio de Transición ya subió en noviembre la rebaja que ofrece en la factura de la luz desde una banda que, según los casos, iba del 25% al 40% hasta otra del 60% al 70%. Y el presupuesto para el bono social térmico, que es una ayuda para la calefacción, se duplicó hasta los 200 millones.

Por tercera vez en lo que va de siglo, España se ve inmersa en dificultades económicas. En la crisis financiera fue una burbuja de deuda y un ajuste en la construcción que, sin el apoyo del BCE, dejaron las finanzas públicas al borde del impago. En la pandemia Europa reaccionó con contundencia, pero ha pesado la mayor exposición del tejido productivo a servicios como el turismo y el estrecho margen fiscal. Y ahora, aunque esta crisis coge a España más lejos, tiene escasa capacidad de maniobra debido a la precaria situación de las cuentas públicas y la elevada dependencia energética exterior.

La limitada capacidad fiscal, con una deuda del 120% del PIB, hace que el Gobierno quiera calibrar bien las medidas. Si no se diseñan con acierto, estas podrían desde aumentar más el ahorro hasta retroalimentar la inflación en tanto que no se corrijan los problemas de oferta. En esta ocasión los ministerios económicos han tardado poco en abrir la mano. El conjunto de medidas, incluyendo las ya aprobadas para bajar la factura de la luz, podría tener un importe bastante elevado. El Gobierno ya bajó el IVA del 21 al 10%; suprimió el impuesto sobre la producción, que era del 7%, y dejó en el 0,5% el impuesto especial a la electricidad, que estaba en el 5,11%. En total estas iniciativas ya suponen un coste anual de 9.000 millones. De prorrogarse hasta final de año, costarían unos 12.000 millones desde que se aprobaron en la segunda mitad de 2021.

Pero el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra no para ahí. También se incluirán ayudas directas para los sectores afectados similares a las de la covid. Ya se han anunciado unos 450 millones por vehículo para los profesionales del transporte. También irán para la pesca, que ya está negociando Agricultura, y para la industria electrointensiva. Se sumarán otras actividades perjudicadas como el campo. Hacienda trabaja ya en el listado de empresas beneficiarias.

Por su parte, el ministerio de Trabajo ha planteado limitar el despido por causas objetivas igual que se hizo en la pandemia. Entonces no se podía despedir por razones vinculadas a la covid. De forma que esos despidos al final eran declarados en los juzgados como improcedentes, que salen más caros con indemnizaciones de 33 días. Además, se podrán activar los nuevos ERTE sectoriales.

En la negociación del paquete también están medidas para los alquileres. Y serán contundentes las iniciativas para abaratar la factura de la luz. Transición tiene sobre la mesa topar el precio del gas cerca de los 50 euros en las centrales de ciclo combinado, de manera que marque la factura de la luz a un precio más bajo, unos 140 euros. El coste de hacer eso se estima en unos 4.000 millones con los precios actuales. Sin embargo, según fuentes gubernamentales, esto se hará sin compensaciones públicas para las empresas gasistas. Se harán distribuyendo el coste entre el resto de tecnologías. Y se adelantará la liquidación del sistema de ayudas a las renovables antiguas: ahora muchas están ingresando por encima de la rentabilidad comprometida del 7% y tendrían que devolver recursos. Al adelantar el momento en lugar de esperar al ciclo de tres años, el Estado podría conseguir unos 1.000 millones anuales para reducir el precio de la luz.