Atrapados en la lluvia de megaparques renovables

Rodeado de sus 3.000 olivos, José Sánchez recoge un manojo de aceitunas de la red extendida sobre la tierra en su finca en Caniles (Granada) y tuerce el gesto: “Este es el sacrificio, el trabajo y el dinero de mi vida, porque a esto hay que echarle sudor y dinero. Capital Energy me llamó para preguntarme si me interesaba alquilar mi tierra, les dije que no, y tres días más tarde me sacaron en el BOE en expropiación. Desde entonces estamos en un sinvivir”.

A sus 64 años, este agricultor necesita pastillas para dormir desde que el pasado marzo sus 10 hectáreas de terreno, agrestes, pero f...

Rodeado de sus 3.000 olivos, José Sánchez recoge un manojo de aceitunas de la red extendida sobre la tierra en su finca en Caniles (Granada) y tuerce el gesto: “Este es el sacrificio, el trabajo y el dinero de mi vida, porque a esto hay que echarle sudor y dinero. Capital Energy me llamó para preguntarme si me interesaba alquilar mi tierra, les dije que no, y tres días más tarde me sacaron en el BOE en expropiación. Desde entonces estamos en un sinvivir”.

A sus 64 años, este agricultor necesita pastillas para dormir desde que el pasado marzo sus 10 hectáreas de terreno, agrestes, pero fértiles, quedaron atrapadas en una expropiación prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica para instalar un megaparque con 446 hectáreas que generará 250 megavatios de energía solar. Le ofrecieron 1.400 euros por hectárea al año, pero el aceite de oliva extra le renta cinco veces más y rechazó el guante para mantener el relevo generacional de sus dos hijos. Sin embargo, si el ministerio no atiende sus alegaciones tras declarar la instalación de utilidad pública, un jurado de expropiación forzosa fijará este invierno un justiprecio para indemnizarle y 568.500 paneles sepultarán sus olivos, algunos adultos con hasta 27 años.

El proyecto Ququima de la firma Capital Energy, ubicado en el espectacular Geoparque granadino, es una de las más de 3.000 plantas que podrían cuajar en el paisaje español para llevar a cabo la transición energética y Sánchez uno de los cientos de agricultores damnificados por esta avalancha de parques solares y eólicos proyectados. Aclarado el panorama normativo y con una inversión de 91.765 millones hasta 2030 según la estimación del Gobierno, los fondos de inversión, las grandes eléctricas y otras compañías se lanzaron a proponer proyectos de energías renovables al Ministerio y a las comunidades autónomas ante la alta rentabilidad prevista, que ronda el 10%. Ni el Ministerio ni las comunidades autónomas aclaran cuántos parques saldrán adelante de los miles proyectados ni cuántas fincas han sido ya expropiadas por los 18 boletines oficiales.

Es tal la fiebre inversora por los megaparques, que los 147 gigas de potencia renovable con permiso de acceso a la Red Eléctrica casi triplican hoy la previsión del Gobierno para 2030, que se queda en 57 gigas [cada giga equivale a 1.000 megavatios]. Solo el Ministerio —que autoriza los parques con más de 50 megavatios—, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia tramitan 2.992 plantas que suman 125 gigavatios (94 de solar y 31 de eólica), según los datos recabados por este diario. Las plantas que disponen de permiso de acceso hoy ocuparían una superficie de entre 8.200 y 17.045 kilómetros cuadrados, entre el 1,6% y el 3,3% del territorio nacional, según cálculos del Ministerio, que varían por la progresiva eficiencia prevista.

Esta ocupación del territorio puede dejar víctimas, como los agricultores expropiados, pero también afectar a zonas de valor ecológico, y numerosas voces científicas y conservacionistas piden una mejor planificación de los megaparques para echar el freno en la carrera administrativa desatada, que ha provocado un gran atasco, tanto en el Ministerio como en las 17 autonomías: el Gobierno prorrogó el pasado martes hasta el fin de 2022 la fecha límite para que las montañas de proyectos posteriores a 2017 dispongan de la declaración de impacto ambiental favorable, o si no perderán parte de los avales exigidos a las empresas promotoras.

“El interés es enorme, tan grande que es difícil de creer. Vivimos las décadas del dinero casi gratis y todo lo que traiga un retorno aceptable es fácil y encima tienes la energía verde y hay apoyo regulatorio, todo está a favor. Lo único que resta es que el exceso de inversión genera un exceso de competencia”, valora Bosco Ojeda, director de análisis en el banco suizo de inversión UBS. “Eso sí, el fondo que invierte en renovables no quiere impacto medioambiental ni riesgo ecologista en contra, porque tiene una intención y un mandato social y los auditores lo reflejan en la memoria de Responsabilidad Social Corporativa”, precisa.

Para sus paneles y molinos, las grandes compañías prefieren suelos baratos ocupados por cultivos de secano en campiñas cerealistas, pero que son el hábitat de aves esteparias, algunas en peligro de extinción como la avutarda y otras vulnerables como el aguilucho cenizo. El visto bueno ambiental para cada parque está en manos de los funcionarios, que deciden con una potente batería legislativa de protección de aves en el retrovisor y que a veces son el blanco predilecto de los recursos de los ecologistas y de la patronal. “La biodiversidad más valiosa es la asociada a cultivos de secano, a la ganadería extensiva y a un turismo rural y ecológico, en peligro por estos megaparques. Además, desaprovechamos la oportunidad de repartir las plantas en sitios públicos degradados de nuestros pueblos, con una superficie inmensa”, censura Luis Bolonio, biólogo y portavoz de la Alianza Energía y Territorio (Aliente), que aúna a 180 organizaciones ecologistas y sociales.

Ante la avalancha de parques planeados, la Xunta gallega declaró una moratoria y no admitirá más proyectos eólicos hasta julio de 2023 tras recibir solicitudes para 7.200 megavatios que colapsaron su capacidad de respuesta. El director general manchego de Transición Energética, Manuel Guirao, resume: “Estamos en la cresta de la ola y mañana mismo pueden entrar dos parques más, pero muchos proyectos no saldrán adelante”. Castilla La Mancha acumula 396 parques con nueve gigavatios y para cumplir los plazos, su Gobierno autonómico ha contratado a 108 nuevos tramitadores y así evitar las posibles demandas por lucro cesante de los empresarios en lo contencioso-administrativo. “El sector nos dice que puede haber cierta judicialización masiva, hay inquietud y nerviosismo, aunque intentamos ser estrictos con el impacto medioambiental”, asegura.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió hace dos semanas sobre la fiebre desmesurada de proyectos: “150 gigas es una cantidad muy por encima de lo necesario o viable, por esto quisimos tener visibilidad sobre cuánto tenía sentido empresarial y cuánto podía deberse a una operación especulativa (…) hay que mantener las garantías a los desarrolladores de proyectos, pero sin mermar las garantías de las personas que viven en el territorio y que ven con preocupación un despliegue teórico de proyectos que ocupan prácticamente su término municipal al completo y que son difícilmente viables”. Entre los 3.000 parques, de los que gran parte serán descartados, hay algunos especulativos que tras lograr el punto de conexión a la red, lo venden al mejor postor sin siquiera tener los terrenos o trámites ambientales aprobados.

Sobre la posible demora administrativa, la patronal Appa (Asociación de Empresas de Energías Renovables) reclama soluciones al Gobierno y las autonomías para desatascar el embudo: “Para descarbonizar la economía necesitamos plantas grandes y pequeñas, y si el retraso es por culpa de la Administración no puedes penalizar al promotor”, se queja Lucía Dólera, directora del área de proyectos de Appa.

En Castilla-La Mancha destacan proyectos como el de Trillo (Guadalajara), publicitado como el mayor complejo fotovoltaico de Europa con 219 millones de inversión y donde la compañía Solaria acumula 13 plantas juntas de 49,9 megavatios cada una, por lo que evitan la evaluación del Ministerio. “El impacto ambiental se evalúa por tres islas de plantas, no hacemos fragmentación, aunque estén divididas”, arguye Guirao. Esa denominada “fragmentación” es otro caballo de batalla denunciado por los conservacionistas y que puede interrumpir en los tribunales la construcción de plantas ya aprobadas por la Administración: dado que por encima de 50 megavatios los proyectos son evaluados por el Ministerio de Transición Ecológica, numerosas empresas han optado por dividir sus megaparques en proyectos de 49,9 megavatios para que los técnicos de los Gobiernos autonómicos evalúen su impacto medioambiental. Solaria ha sufrido vaivenes bursátiles durante el último año debido a la incertidumbre que han generado sus plantas al toparse con escollos medioambientales y no cumplir las expectativas. “Son muy ambiciosos y quieren llegar a seis gigas en 2025 y el precio de la acción se penalizó por los retrasos sufridos”, detallan fuentes del sector. La empresa ha declinado opinar al respecto.

“La fragmentación de proyectos es una burla a las competencias administrativas y un intento inequívoco de sortear al Ministerio, que sería más exigente para tramitarla. El Ministerio no está defendiendo con celo su marco competencial frente a las grandes eléctricas y la emergencia climática no puede amparar triquiñuelas”, censura el abogado Jaime Doreste, que interpondrá en breve recursos contenciosos-administrativo contra un parque solar en Tabernas (Almería) y varios en Zaragoza. “Genera inseguridad jurídica, pues los vicios en la evaluación ambiental y la incompetencia material y territorial son causas de nulidad de derecho. Las inversiones quedan al albur de una eventual sentencia judicial anulatoria del proyecto, lo que tendría efectos desastrosos para el promotor”, avanza. La empresa Forestalia ha dividido su proyecto Campo Romanos sobre 1.142 hectáreas en Zaragoza en ocho plantas contiguas de 40 y 49,99 megavatios, pero es solo un ejemplo de una táctica empresarial que afecta a todas las regiones.

¿Por qué las compañías prefieren evitar al Ministerio y ser evaluadas por los Gobiernos autonómicos? “La tramitación autonómica no es mejor ni peor, pero hasta hoy ha sido más ágil”, opina Carlos Reyero, consejero delegado de Forestalia. Sin embargo, también pesan otros factores y presiones: La Junta andaluza publicó el pasado 3 de febrero su visor para cartografiar las áreas críticas de afección ecológica que no deberían ocupar los aerogeneradores y paneles solares. Pero la patronal regional de renovables, Caner, dio un golpe sobre la mesa y una semana después exigió a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que retirara su cartografía oficial. La Consejería se plegó y eliminó el visor de su página web tras un “largo y en ocasiones tenso diálogo” durante la reunión del 10 de febrero, según el correo electrónico remitido un día después por Caner a sus asociados para explicar su triunfo. Tras la presión de la patronal, la Junta encargó un nuevo visor a un experto independiente, que lo entregó hace dos semanas, pero que no se hará público y esto evitará conocer las zonas críticas ambientales, según confirma un portavoz de la Consejería.

Andalucía es de lejos la comunidad con más proyectos de plantas sobre la mesa (737), con una potencia esperada de casi 20 gigavatios. En esta región, el proyecto Ququima está en el aire pendiente de que el Ministerio acepte o no las alegaciones de cientos de particulares e instituciones como el Ayuntamiento de Caniles. Su alcaldesa, Pilar Vázquez, critica la dimensión del parque solar en el Geoparque, que acogerá otros cinco proyectos de energía eólica: “En Caniles no tiene cabida un proyecto de esa magnitud. Todos los técnicos, independientemente del signo político de su Administración, nos comunican que lo recomendable y sostenible es un máximo de 100 hectáreas y este tiene 700. Estamos en contra de este proyecto, pero no de las renovables”.

Salvador Caro, director de Capital Energy en Andalucía, defiende que han reducido la extensión del megaparque de 700 hectáreas a 446 para intentar compatibilizar la agricultura de regadío con el medio millón de paneles previstos. “El 92% de los 114 agricultores están satisfechos y seguimos negociando con ese 8% para cerrar un acuerdo”, alega. La compañía afirma que paga a los propietarios de las tierras 10 veces la renta que obtienen ahora con sus cultivos, pero las cuentas de los agricultores dicen lo contrario: que esos 1.400 euros la hectárea son varias veces inferiores al beneficio obtenido con almendros, olivos o cereal ecológico.

A diferencia de Sánchez, otros agricultores como José Blanque sí firmaron un contrato con la empresa, pero se sienten engañados al haber firmado la cesión de 20 hectáreas y finalmente ver cómo el BOE le expropiaba las 40 que posee. “Mi bisabuelo compró la finca hace un siglo y mi padre me enseñó que de la tierra se come. ¿Qué porvenir les espera a mis dos hijos si nos echan de nuestras tierras?”, protesta. Los agricultores, que se han manifestado con tractoradas, están indignados por la posible expropiación, pero también porque la Subdelegación del Gobierno les ha avanzado que probablemente se ejecute sin dar respuesta a sus alegaciones al carecer de funcionarios. El secretario de Administración local Manuel Aguilar censura que los contratos contienen abusos de derechos como el haberles ofrecido un arrendamiento de terrenos cuando en realidad firmaban un derecho de superficie que se puede transmitir, y que incluya prórrogas a voluntad del promotor en vez de provenir de ambas partes. “La gente del mundo rural es más humilde, protesta menos y es un caldo de cultivo muy bueno para el que quiere abusar”, critica.

La estampa de Caniles, preñada de casas cueva y pequeñas lomas de tierras blancas con grandes montañas en el horizonte que cierran el Geoparque del altiplano granadino, está a punto de cambiar. Los técnicos del Ministerio y la Junta andaluza decidirán este invierno si la metamorfosis será colosal o solo a manchas.