La inspección del BCE afirma que había morosidad oculta en las refinanciaciones inmobiliarias del Banco Popular

Ignacio Pardo, que fue inspector del Banco de España y posteriormente del Banco Central Europeo (BCE), estuvo varios horas declarando este martes en la Audiencia Nacional por el caso de la quiebra del Banco Popular. La visión de Pardo es especialmente valiosa para el juez porque, entre las dos instituciones, ha trabajado muchos años vigilando a la entidad que presidió Ángel Ron. El interés ha sido tan relevante que ...

Ignacio Pardo, que fue inspector del Banco de España y posteriormente del Banco Central Europeo (BCE), estuvo varios horas declarando este martes en la Audiencia Nacional por el caso de la quiebra del Banco Popular. La visión de Pardo es especialmente valiosa para el juez porque, entre las dos instituciones, ha trabajado muchos años vigilando a la entidad que presidió Ángel Ron. El interés ha sido tan relevante que no ha podido contestar a todas las preguntas de las defensas y continuará en otra sesión.

El caso busca determinar la responsabilidad de los gestores en la caída del banco, el 7 de junio de 2017, así como en la ampliación de capital que realizó el Banco Popular (posteriormente adquirido por el Santander) en junio de 2016. Por este motivo, se pretende determinar si las cuentas de resultados estaban correctamente formuladas. El fiscal preguntó sobre detalles de un informe de inspección del 22 de junio de 2016, y el inspector admitió que se hablaba de un déficit de cobertura de 1.824 millones de euros, lo que significaba que el banco debería cambiar el control para asegurarse de que se aplicaba correctamente la metodología, y de esa manera, reflejar esta cobertura como provisiones. “¿Estos 1824 millones irían contra la cuenta de resultados?”, preguntó el fiscal según varias fuentes presentes en el interrogatorio. El inspector señaló que sí, o bien tener mayores requerimientos de capital.

Por otro lado, el informe de los peritos cedidos por el Banco de España a esta causa han concluido que la entidad contabilizó desde 2012 de forma indebida las operaciones participadas por Thesan Capital, que, según las acusaciones, pudieron esconder un entramado de financiación irregular en Luxemburgo. En su último informe pericial, los expertos sostienen que esta conducta condujo a un déficit de provisiones de unos 521 millones de euros, y apuntan que, además del perjuicio causado a los accionistas, existen indicios de que el banco incurrió en “gastos innecesarios” y renunció “a beneficios en favor de terceros”.

Sorpresa por la crisis de liquidez

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y que fue adelantado por El Confidencial, está firmado por los peritos Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo y se centra en las operaciones en las que intermedió Thesan Capital, que agrupan en cinco proyectos, dos que comenzaron en 2011 y el resto, en 2014. La operativa de Thesan se ha convertido en una de las líneas rojas de la investigación sobre las dos últimas gestiones del Popular.

En el interrogatorio al inspector del BCE, este ratificó las conclusiones de los inspectores y afirmó que eran sociedades que tenían que haber estado incorporadas en el balance del banco, y la consolidación era el afloramiento de unos activos adjudicados que suponía un impacto en la cuenta de resultados. Ante las preguntas del juez, Pardo dijo compartir las conclusiones y coincidir parcialmente con el informe de inspección, pero que algunas operaciones no las llegó a estudiar.

El inspector admitió haberse sorprendido de la caída del Popular por problemas de liquidez. Confesó que no evaluaron que pudiera producirse una caída tan brusca de la liquidez, que la achacó a la desconfianza que se generó en el mercado sobre el futuro del banco.

Problemas históricos de baja rentabilidad

Pardo, que empezó con el Popular en Banco de España en 2008 y entre 2014 y 2017 realizó el seguimiento bajo el mandato del BCE, insistió en que la entidad tenía problemas estructurales desde hacía muchos años debido al bajo nivel de rentabilidad. Apuntó que los problemas procedían de la fase de expansión crediticia de 2007, cuando cuadriplicó su balance, con una elevada concentración en el sector inmobiliario.

Los problemas estructurales del pasado seguían en 2014 cuando retoma Pardo su trabajo desde el BCE porque la entidad, afirmó, tenía un nivel de cobertura por debajo de la media para los 18.000 millones en créditos dudosos que acumulaba. También ha señalado que la otra parte del negocio “era rentable porque era un banco muy ligado a los clientes con una marca muy reconocida, con mucha ventaja competitiva en el segmento de las pequeñas y medianas empresas”. Sin embargo, el ladrillo enterró todo lo bueno que hubo en el Popular.

Preguntado por si los inspectores pidieron corregir estos problemas, Pardo dijo que sí sobre todo porque les preocupaba que el grado de cobertura de la morosidad estuviera por debajo de la media, sin ninguna explicación aparente, y lo cifró en los 1.824 millones citados. Por este motivo, intensificaron las inspecciones y propusieron al consejo del Popular corregir esas deficiencias que se debían al gran volumen de activos inmobiliarios adjudicados.

También ha apuntado que el BCE encontró clientes que habían tenido financiación del banco para acudir a la ampliación de capital de 2016 por un volumen de unos 50 millones.