Microsoft aumentó sus ingresos en España un 39% en 2020 pero ganó menos
La filial española del gigante del software relevará a Pilar López por Alberto Granados en la presidencia
Microsoft Ibérica registró unos ingresos de 529 millones de euros ejercicio fiscal de 2020, concluido el 30 de junio de 2020, un 39% más que en el año fiscal anterior. Sin embargo, la filial de la multinacional de software obtuvo un beneficio neto de 13,8 millones, un 5,5% inferior a los obtenidos en 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
La rebaja de beneficios pese al aumento de ventas se debe en parte al mayor pago de impuestos, ya que en el ejercicio fiscal de 2020 abonó 9,47 millones como impu...
Microsoft Ibérica registró unos ingresos de 529 millones de euros ejercicio fiscal de 2020, concluido el 30 de junio de 2020, un 39% más que en el año fiscal anterior. Sin embargo, la filial de la multinacional de software obtuvo un beneficio neto de 13,8 millones, un 5,5% inferior a los obtenidos en 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
La rebaja de beneficios pese al aumento de ventas se debe en parte al mayor pago de impuestos, ya que en el ejercicio fiscal de 2020 abonó 9,47 millones como impuesto de sociedades frente a los 7,06 millones que pagó en 2019.
La filial española de Microsoft ya decidió en su ejercicio fiscal de 2019 facturar desde España la venta de hardware y software a sus clientes locales, asociado a la venta de licencias de programas a la cadena de suministro de productos de la firma (Windows, Office, etcétera), facturación que antes realizaba a través de la sociedad en Irlanda, lo que disparó su facturación un 74% más.
Con todo, el incremento de la facturación también ha sido notable en el ejercicio de 2020,en el que las ventas de licencias alcanzaron los 337 millones, un 66,8% más que en el año anterior, mientras que los ingresos por prestación de servicios, aquellos generados por servicios de soporte y consultoría y por comisiones devengadas por los contratos de comisionista firmados entre la filial y otras sociedades del grupo (Microsoft Ireland y Microsoft Corporation), pasaron de 177,7 millones en 2019 a 191,8 millones en 2020.
Microsoft Ibérica admite que, al cierre del ejercicio 2020, mantiene abiertos a inspección los impuestos en algunos periodos no prescritos. La sociedad no ha realizado provisiones para este fin, porque asegura que no puede “estimar con fiabilidad los resultados de dichos procedimientos”. En concreto, tiene sometidos a inspección los impuestos de sociedades desde 2007 a 2009 y de 2012 a 2014. El primero está en un procedimiento amistoso y el pago está suspendido, y en el segundo la compañía ya hizo una liquidación de 9,2 millones, pero Hacienda reclamó y en mayo de 2020 se inició un procedimiento amistoso.
La pandemia del coronavirus parece no haberle pasado factura a Microsoft Ibérica. La empresa asegura en su informe de cuentas que no esperan ningún cambio significativo en las actividades de la compañía. “Los administradores han evaluado el impacto financiero de la covid-19 en las operaciones, solvencia y liquidez de la entidad y hasta la fecha no se han identificado impactos significativos que pongan en duda la capacidad de la entidad para continuar operando como una empresa en funcionamiento”, dice el documento.
Nuevo presidente en España
La multinacional anunció la pasada semana el nombramiento de Alberto Granados como nuevo presidente de Microsoft España, el cual sustituirá a Pilar López a partir del próximo 1 de julio, con el objetivo de ayudar a empresas y organizaciones públicas en sus procesos de digitalización.
El nuevo presidente cuenta con una dilatada experiencia en la dirección de proyectos de transformación digital en grandes compañías en Europa, Asia y Latinoamérica, y aplicación de IA en sectores como el financiero, el turístico, el farmacéutico o el sanitario.
La compañía cuenta con un ecosistema de socios compuesto por más de 10.300 firmas tecnológicas en nuestro país, que proporcionan soluciones basadas en la tecnología de Microsoft a grandes empresas, pymes, administraciones públicas, profesionales y usuarios domésticos.