El Parlamento Europeo da luz verde con una amplia mayoría al fondo de recuperación
Bruselas urge a las capitales a ratificar los acuerdos para poner en marcha el nuevo instrumento
El Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a la pieza clave del paquete de recuperación comunitario. La Eurocámara ha avalado por una amplia mayoría (582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones) la creación del mecanismo que canalizará el grueso de los 750.000 millones de euros para ejecutar inversiones y reformas estructurales. Bruselas urge ahora a los países a ratificar la legislación europea para fijar nuevos recursos propios, que es imprescindible para poner el mecanismo en marcha. ...
El Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a la pieza clave del paquete de recuperación comunitario. La Eurocámara ha avalado por una amplia mayoría (582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones) la creación del mecanismo que canalizará el grueso de los 750.000 millones de euros para ejecutar inversiones y reformas estructurales. Bruselas urge ahora a los países a ratificar la legislación europea para fijar nuevos recursos propios, que es imprescindible para poner el mecanismo en marcha. Por ahora, solo lo han hecho seis de los 27 socios de la UE.
La Eurocámara avaló el gran fondo que se desplegará dentro del paquete de ayudas masivas que Bruselas pondrá en marcha para hacer frente a la crisis económica de la pandemia. El mecanismo de resiliencia y recuperación (RRF, por sus siglas en inglés) contará con 672.500 millones de euros, de los cuales España recibirá unos 69.500 millones en subvenciones entre 2021 y 2023. Si el calendario se cumple a rajatabla y el Ejecutivo comunitario bendice el plan español, fuentes comunitarias estiman que antes de verano podrían llegar los primeros anticipos, correspondientes al 13% del total. “La UE necesita que el dinero empiece a fluir hacia los Estados miembros para ayudar su recuperación y apoyar a empresas y ciudadanos”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis.
No obstante, para que el fondo arranque es necesario que todos los países ratifiquen la legislación comunitaria sobre los nuevos recursos propios que se emplearán para pagar los intereses de la deuda. Por ahora, lo han hecho Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia y Bulgaria. La Comisión espera que el resto puedan hacerlo este mes. A la vez que ello sucede, sigue negociando con los países los planes, que deberán presentarse oficialmente antes del 30 de abril. Hasta ahora, 18 países –entre ellos España— han entregado sus borradores; seis han mandado algunos elementos de sus programas, y tres los han estado discutiendo, pero sin remitir ningún documento, según fuentes comunitarias.
La ponente de la regulación del fondo por parte del grupo de los Socialistas y Demócratas, Eider Gardiazábal, destacó “el acierto” de la UE al “afrontar la crisis económica derivada de la pandemia con un plan de inversiones de casi 700.000 millones de euros”. “Es una solución diferente a la que se dio en 2008, cuando ‘austeridad’ y ‘recortes’ fueron los grandes titulares”, añadió.
El reglamento fija que el 37% de las inversiones deberán estar vinculadas a la economía verde, mientras que el 20% deberá servir para afrontar el reto de la digitalización. Fuentes comunitarias aseguraron de que la mayoría de los planes cumple con ambas exigencias, aunque en algunos Estados “son necesarios aún algunos esfuerzos”. El grueso del trabajo, sin embargo, se concentra en la definición de los objetivos e hitos. El Ejecutivo comunitario quiere fijar un calendario claro en el que cada país deberá haber avanzado en las inversiones y reformas y tendrá que haber alcanzado unos objetivos.
Esa hoja de ruta es clave, puesto que de ella dependerán los desembolsos que se vayan realizando periódicamente. Las mismas fuentes explican que la Comisión prefiere apretar ahora para tener unos compromisos claros y evitar futuros litigios con los Estados. El Ejecutivo comunitario, además, quiere atar también reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, del mercado laboral o tributarias. Por el contrario, los Estados están poniendo más énfasis en las inversiones. “Es lógico que sea más fácil pedir dinero para inversiones que aplicar reformas, pero estamos reequilibrándolo”, añaden otras fuentes.
La Comisión también pondrá nota a los elementos que forman parte de los planes (A, B o C). Los países deberán conseguir siete máximas puntuaciones de 11, entre las cuales habrá algunas obligatorias. Una de ellas es la calidad de los mecanismos de control y transparencia de los fondos comunitarios. Bruselas quiere la máxima credibilidad y garantías frente a los halcones, que aceptaron a regañadientes un mecanismo que supusiera un endeudamiento a gran escala y un sistema de transferencias hacia los países más castigados de Europa, que de nuevo son los del sur.