La revolución de Cani Fernández

Acudía Cani Fernández por primera vez en calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Congreso de los Diputados (cuando compareció en junio pasado fue para pasar el pertinente examen de idoneidad como candidata para ese puesto) y lo hizo con la máxima determinación, completamente decidida a proponer un meneo radical a la casa. El medio año que lleva en el cargo ha sido suficiente para percatarse de la falta de independencia funcional del organismo y las limitaciones que tiene en materia de recursos humanos, organizativos y presupuestarios, alg...

Acudía Cani Fernández por primera vez en calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Congreso de los Diputados (cuando compareció en junio pasado fue para pasar el pertinente examen de idoneidad como candidata para ese puesto) y lo hizo con la máxima determinación, completamente decidida a proponer un meneo radical a la casa. El medio año que lleva en el cargo ha sido suficiente para percatarse de la falta de independencia funcional del organismo y las limitaciones que tiene en materia de recursos humanos, organizativos y presupuestarios, algo que, con menos contundencia y escaso éxito, ya había denunciado en alguna ocasión su antecesor, José María Marín.

Fernández plantea modificar la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y el Estatuto por el que se rige; pero cualquier cambio en la ley necesita el respaldo de los diputados, a los que no dudó en pedir apoyo. Lo más inmediato es convencerlos y se los trabajó a fondo. Envió, previamente, la intervención escrita (18 folios) a los parlamentarios que forman la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales (se llama así), que preside Íñigo Errejón, para que se familiarizaran con la estructura del organismo y siguieran su discurso.

El siguiente paso fue invitarles a leer el Plan Estratégico 2021-2026 y las actuaciones previstas para los próximos dos años que ha sacado a consulta pública hasta el 22 de febrero y en donde se sientan las prioridades: defensa de los consumidores, digitalización de los sectores que supervisa y transición ecológica. Por último, les brindó la oportunidad de dotar a la CNMC de esa autonomía de gestión que exige: de forma inminente deben transponerse al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias que inciden de lleno en independencia y autonomía de la CNMC (una relativa al sector de las telecomunicaciones, otra al audiovisual y otra al área de defensa de la competencia). Ahí lo dejó.

A ese punto quería llegar, y en él se detuvo profusamente. “La ley estableció un régimen riguroso de relación con la independencia de la CNMC excepto en lo que se refiere a la autonomía de gestión de sus recursos humanos, estructura organizativa y presupuesto”, aclaró Fernández. En roman paladino, que no goza del grado de autonomía que tienen, por ejemplo, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), modelos que son su obsesión.

Y eso ocurre, según recalcó, por el propio marco normativo de la CNMC, por la interpretación que han hecho los ministerios (enfrentamientos con los departamentos responsables de la energía y telecomunicaciones por las competencias) y, sobre todo, por un pecado original: “Cuando se realizó la fusión de los reguladores de los mercados y la autoridad de la competencia en 2013 no se acometió la asimilación unificada de los colectivos laborales”. Todo ello implica créditos limitativos, incapacidad para adaptarse a los cambios de los modelos productivos y a la sociedad digital, imposibilidad de controlar el personal... Es decir, que funciona como si fuera una subdirección de cualquier ministerio e impide que pueda hacer una gestión eficaz del talento o que apenas pueda regularse a los influencers y youtubers porque solo tiene 15 personas para ello (“la situación es dramática y empeorará con a nueva Ley General Audiovisual”, advirtió para más inri).

En conclusión, la CNMC necesita autonomía para organizar de forma coherente y efectiva su equipo humano, su estructura y su presupuesto. Pero es más lamentable todavía si se tiene en cuenta que las transferencias que recibe del Estado son de 56,5 millones de euros cuando el impacto económico directo del organismo en la sociedad española supone unos ahorros estimados de 1.700 millones anuales y aporta al Tesoro por tasas y sanciones cantidades estimables (246 millones en 2019). Eso da argumentos suficientes para pedir una verdadera independencia para los reguladores. “Hay que ser coherentes y dotarlos de autonomía plena de gestión”.

Por esa vía se canaliza la reforma legislativa que propone Cani Fernández para una independencia “real” y que afecta a los artículos 26, 31 y 34 de la Ley de creación de la CNMC relativos al funcionamiento interno, al régimen jurídico y al presupuesto y control económico. “Se trata de disponer de un presupuesto estimativo, reconocimiento de la realidad del personal como auténticamente mixto (laboral y funcionarios) y la posibilidad de aprobar nuestro propio estatuto orgánico para adaptar la estructura de la institución a la realidad cambiante de los mercados”.