La travesía de Abengoa del cielo al abismo

Este martes, 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad, Abengoa se la juega. La junta general extraordinaria, convocada para refrendar un nuevo consejo de administración y el futuro del grupo, se presenta como el último intento para que la firma andaluza no desaparezca tras más de cinco años a la deriva, varios cambios de presidentes y otros tantos varios planes de salvación.

Abengoa pasó de firma ejemplar que aparecía en los discursos de Barack Obama como modelo tecnológico en la lucha contra el cambio climático y de tocar el cielo (como cuando salió a cotizar en el Nasdaq en 20...

Este martes, 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad, Abengoa se la juega. La junta general extraordinaria, convocada para refrendar un nuevo consejo de administración y el futuro del grupo, se presenta como el último intento para que la firma andaluza no desaparezca tras más de cinco años a la deriva, varios cambios de presidentes y otros tantos varios planes de salvación.

Abengoa pasó de firma ejemplar que aparecía en los discursos de Barack Obama como modelo tecnológico en la lucha contra el cambio climático y de tocar el cielo (como cuando salió a cotizar en el Nasdaq en 2013 su filial Atlantica Yield) a derrumbarse casi de la noche a la mañana. No midió bien el crecimiento y entró en barrena. Entretanto, se produjo una sangría de caja, pérdida de contratos, éxodo de directivos, reducción de plantilla (ha pasado de 26.000 a 14.000 empleos, 2.700 en España) y retrasos en las nóminas.

Fue el sueño megalómano de Felipe Benjumea, un hombre que dentro del grupo era considerado como un dios y que parecía convencido de que su misión era cambiar el modelo energético mundial. Para bien y para mal, él fue el responsable tanto de su fulgor como de su caída en los 24 años que presidió el grupo. Diseñó una estrategia ambiciosa; se embarcó en una aventura infinita de construir plantas de energía, desalinizadoras e infraestructuras que le llevó a casi 80 países; montó un envidiable templo solar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) e instaló una sede al último grito tecnológico en el barrio de Palmas Altas.

Pero el imperio del sol se desmoronó. El grupo había crecido demasiado y demasiado deprisa sin que Benjumea lo quisiera ver, pese a que algunos miembros independientes del consejo que acabaron saliendo (José Terceiro, Carlos Sebastián, Daniel Villalba...) le advirtieran del excesivo apalancamiento. Esta circunstancia y los cambios regulatorios del Gobierno del PP minaron la fortaleza del grupo.

El vía crucis de Abengoa comenzó cuando en noviembre de 2014 la acción retrocedió un 75% en dos días. Como consecuencia, planteó una reestructuración de la deuda, redujo su participación en la filial estrella (Abengoa Yield) y realizó importantes desinversiones (se había deshecho ya de Telvent y Befesa). Posteriormente, decidió un plan de recapitalización, que sin embargo no logró que las agencias de calificación mejoraran el rating.

En el verano de 2015 se recrudeció la situación con nuevos castigos en Bolsa, hasta que en septiembre la banca dijo basta. Tomó cartas en el asunto y trató de que entrara Gestamp mediante una ampliación de capital en la que el grupo de la familia Riberas habría tomado el 25%. El intento fracasó al no aceptar la inyección de liquidez. Un golpe definitivo para forzar la dimisión de Benjumea, que fue sustituido por José Domínguez Abascal, un hombre de la casa del que luego Benjumea se vengaría al exigir su marcha haciendo uso de que tenía derechos políticos de más del 50%. Cogió las riendas Antonio Fornielles, que había sido su auditor en KPMG y que sería sustituido por Gonzalo Urquijo.

Mientras, la empresa se precipitaba al preconcurso de acreedores, que presentó con una deuda financiera de 8.904 millones de euros y un pasivo total de cerca de 25.000. La junta que se celebra este martes se presenta con divergencias entre la dirección y los minoritarios, reunidos en Abengoashares, que en la anterior asamblea del 17 de noviembre derrocaron del consejo de Abengoa SA al presidente, Gonzalo Urquijo, y a los restantes seis miembros, que se enrocaron en la filial Abenewco1. Asimismo, impidieron que se nombrara un nuevo consejo presidido por Marcos de Quinto y propusieron un trío para formar otro consejo reducido, que debe votarse hoy. Los minoritarios anunciaron la impugnación y presentaron su triunvirato paralelo.

La semana pasada, las dos partes alcanzaron un acuerdo con la mediación del Banco Santander. El pacto, que suponía que los tres consejeros propuestos por los minoritarios serían respaldados para después dimitir uno y dar entrada a otro representante de la dirección y aceptar las condiciones del rescate, dividió a los minoritarios, que con una estrecha diferencia (55% por 45%) rechazaron finalmente el pacto forzando la renuncia de De Quinto. Los minoritarios eligieron a Clemente Fernández, expresidente de Amper, como nuevo candidato.

Se espera que en la junta se reproduzca esta relación de fuerzas, de forma que los minoritarios, que ya han enviado sus delegaciones de voto, saldrán airosos. Una vez dado ese paso, está previsto que Fernández se incorpore al consejo de la matriz en lugar de uno de los elegidos. Posteriormente, podrá asumir la presidencia de Abenewco1 tras celebrar juntas en las filiales.

Si se cumple, el ejecutivo cántabro sería el encargado de conducir la tercera reestructuración. Su objetivo es, tras examinar la empresa, renegociar el rescate firmado el 6 de agosto e, incluso, pedir ayuda al fondo de reestructuración de la SEPI. Urquijo acordó la financiación de 230 millones con aval del ICO; líneas de avales de 300 millones con apoyo del Cesce; quita del 50% de la deuda con los acreedores financieros y una solución para la deuda con los proveedores, a los que se les ofrece el 5% de flujos de caja y fondos por vender activos. Además, la matriz dejaría de ser la cabecera y solo tendría el 2,7% de Abenewco1, para lo que se le exige que el 96% de los 153 millones que debe se conviertan en préstamos participativos. Algo que tenía fuerte oposición de los minoritarios.

El contrato incluye, como condición suspensiva, que la Junta de Andalucía aporte 20 de los 250 millones previstos. Sin embargo, la Junta asegura que nunca se comprometió y que no está en condiciones de hacerlo, lo que ha provocado que se llegue al final del plazo sin el acuerdo firmado. El resultado de la junta determinará que los 20 millones los ponga el Santander, según fuentes del grupo.

El grupo afrontó una reestructuración en 2017 en la que se realizó una quita y recapitalización de deuda por 7.000 millones. Posteriormente, en 2019, en una segunda reconversión, se capitalizaron otros 3.000 millones. En total, una quita del 95%.

Un feudo de la burguesía sevillana

Varias familias de la burguesía industrial sevillana entroncan bajo la denominación Abengoa, la firma que fundaron en enero de 1941 bajo los auspicios del incipiente franquismo para fabricar contadores monofásicos de cinco amperios en el barrio de Heliópolis de la capital andaluza. Recibió ese nombre del acrónimo de los apellidos Abaurre, Benjumea, Gallego y Ortueta. A ellos se unieron, vía matrimonial u otras circunstancias, los Solís y los Aya, y todos estuvieron representados en el consejo de administración hasta que estalló la crisis en 2015. Siempre bajo el mando de algún Benjumea, primero el patriarca Javier Benjumea Puigcerver y luego su hijo Felipe Benjumea Llorente, uno de los dos únicos varones de una prole de 13 hermanos, como poseedores del mayor paquete accionarial.

Durante años, gran parte del caudal de estas familias se nutrió de los dividendos de la empresa. Hoy se encuentran difuminados y divididos y los que se mantienen fieles en el capital de la compañía lo hacen a través de la sociedad Inversión Colectiva, que controla menos del 2,5% y tiene una gran parte de las acciones pignoradas por el Santander.

Benjumea, que como el resto de familias encajó mal la intervención de la banca acreedora, reclamaría 1.005 millones después al Santander y HSBC, entidades a las que culpa de la caída de la multinacional sevillana tras su destitución. También tuvo que sentarse en el banquillo, junto al consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por la indemnización de 11,4 y 4,4 millones de euros que recibieron cuando ya estaba el preconcurso en marcha acusados de administración desleal y afrontaron penas de entre tres y cinco años de cárcel, que superaron.