Ganadores y perdedores de la reforma que debe abaratar la factura eléctrica

La aprobación del anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) es coherente con el proceso de descarbonización y transición energética que el Gobierno quiere impulsar. El Fondo, que se implementará durante los próximos cinco años, cubrirá los costes regulados de financiación de renovables, cogeneración y residuos que hasta ahora se recogen en la factura eléctrica, lo que permitirá abaratarla un 13%. Los costes pasan a financiarse a partir de ahora por las empresas que comercializan energía en función de sus ventas.

A bote p...

La aprobación del anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) es coherente con el proceso de descarbonización y transición energética que el Gobierno quiere impulsar. El Fondo, que se implementará durante los próximos cinco años, cubrirá los costes regulados de financiación de renovables, cogeneración y residuos que hasta ahora se recogen en la factura eléctrica, lo que permitirá abaratarla un 13%. Los costes pasan a financiarse a partir de ahora por las empresas que comercializan energía en función de sus ventas.

A bote pronto y a la espera de una lectura pormenorizada de la letra pequeña, el anteproyecto beneficia claramente a las compañías eléctricas (en mayor medida a las grandes y a los nuevos inversores que han entrado a mansalva en el sector de renovables) y perjudica a las que operan en hidrocarburos (gasistas y petroleras). No es de extrañar que tanto la asociación de empresas eléctricas, Aelec (antigua Unesa), como las de energías renovables de distintos sectores (fotovoltaicas, eólicas…) salieran pronto a “valorar positivamente” la decisión y subrayaran que se corrige una anomalía histórica por “la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Mientras, las empresas de hidrocarburos han guardado silencio, dejando caer que tendrá una incidencia en los precios de los carburantes. La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -formada por Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Eni- no ha querido precipitarse a tomar una postura oficial, entre otras cosas porque la mayor parte de sus socios se han convertido ya en híbridos, con presencia cada vez mayor en el sector eléctrico. Pese a todo, los operadores petrolíferos y gasistas se quejan de que la financiación cruzada no es la fórmula de resolver la cuestión. Dicen que ellos y los consumidores de hidorcaburos van a tener que pagar los errores cometidos en el pasado amparándose en el principio de que “el que contamina, paga”.

En torno al anteproyecto de ley han surgido muchas preguntas. EL PAÍS trata de responder las más importantes:

¿Qué es el FNSSE?

Es un fondo para hacer frente a la posible generación de un déficit en la recaudación de costes del sistema. Para evitar este déficit se ha decidido repartir el coste de las renovables acogidas a sistema de primas y la cogeneración, unos 7.000 millones de euros al año, entre todos los productores energéticos. Este coste hasta ahora es soportado por los consumidores de electricidad a través de la tarifa de la luz. En adelante, será repartido por los consumidores de todas las energías (electricidad, gas, hidrocarburos).

¿Cuál es el objetivo?

Introducir estabilidad en la cobertura de los costes del sistema eléctrico en un contexto de reducción de precios y de demanda (lo que reduce su recaudación con el sistema actual), debido a la competitividad de las renovables y la eficiencia energética, evitando penalizar a aquellas fuentes de energía que han hecho más por la descarbonización. El Gobierno trata de facilitar un marco adecuado y estable para cumplir los objetivos de 2030 y ofrecer certidumbre y confianza.

¿Cuándo se va a poner en marcha?

La tramitación parlamentaria se alargará varios meses. En el texto anticipado se prevé que pueda introducirse a lo largo de 2021, pero su implementación será gradual en los siguientes cinco años.

¿A quién beneficia y a quién perjudica?

Claramente beneficia a las eléctricas y perjudica a las empresas gasistas y petroleras. A efectos del consumidor, al eliminar de la tarifa eléctrica este coste, reducirá su precio. Por el contrario, los precios finales de gas e hidrocarburos podrán aumentar ligeramente para los consumidores, dependiendo de la capacidad de las empresas productoras de trasladar dichos precios, desincentivando su consumo y favoreciendo la descarbonización de la economía. En todo caso, debería mejorar la competitividad de la electricidad con respecto a los combustibles fósiles, favoreciendo la electrificación y, por tanto, la descarbonización de la economía.

¿Cómo va a reducir el coste de la factura?

Según el Gobierno, se reducirá la factura de electricidad un 13% para el consumidor doméstico.

¿Se va a reflejar en el precio de los carburantes al alza?

Las obligaciones de contribución al Fondo serán graduales. Una vez se haya producido esta transición, convivirán dos efectos: reducción del consumo de combustibles, que llevará los precios a la baja, e incremento por la financiación del FNSSE. Dependerá, pues, de la elasticidad de la demanda del producto y de su competitividad con respecto a la electricidad la capacidad de las empresas de hidrocarburos de trasladar la subida a los consumidores.

¿Es justo que apueste por la electricidad en perjuicio de los hidrocarburos?

A juicio de los expertos, se trata de una medida razonable, equitativa y que está en línea con el principio de neutralidad tecnológica de que todos los sectores contribuyan por igual a la descarbonización. Los hidrocarburos apenas contribuyen actualmente, a pesar de ser causantes de la mayoría de las emisiones de CO2, mientras la electricidad es el vector energético que más ha avanzado en su descarbonización. Gracias, en gran parte, a la competitividad de tecnologías renovables, como la fotovoltaica y la eólica, la electricidad es la vía más rápida y con una relación coste-eficiencia para la descarbonización. España importa petróleo por 23.000 millones de euros al año, mientras que su sustitución por un recurso endógeno como las renovables mejora la balanza comercial. Los recursos naturales (sol, viento, agua) de que dispone España hacen que puedan suponer una ventaja competitiva con respecto a los países del entorno.

¿Tienen razón las petroleras al quejarse de tener que pagar los errores del pasado?

Las primas que se otorgaron a las renovables en el pasado son las que han permitido su desarrollo tecnológico y su actual grado de competitividad. Ahora, el sector de hidrocarburos paga por no haber podido avanzar en su descarbonización. Como recuerdan muchos expertos, no parece tener mucha lógica penalizar a los consumidores de las tecnologías que han avanzado más en la descarbonización.

¿Atraerá el plan más inversores?

Favorecer el consumo de electricidad e introducir estabilidad en la cobertura de costes del sistema eléctrico hará que España sea más atractiva para los inversores en renovables, ya que se reduce mucho la posibilidad de que aparezca déficit de tarifa en el futuro. Una política alternativa de nuevos recortes a las primas habría producido nueva inseguridad jurídica y habría hecho que se fueran de España los fondos de inversión necesarios para cumplir los objetivos. El Gobierno prevé acometer en la próxima década inversiones de más de 150.000 millones en renovables, redes eléctricas y electrificación. Las empresas creen que el anteproyecto está en esa línea, que, según sus cálculos, generará entre 250.000 y 350.000 empleos en 2030.

¿Cómo va a repercutir en la industria?

El anteproyecto del Fondo incluye compensaciones para los consumidores industriales de electricidad (los electrointensivos) y de gas, pertenecientes a sectores sujetos a riesgo de deslocalización por fuga de carbono (refino, cemento, metalurgia...). Muchas industrias son especialmente dependientes del precio de la electricidad a la hora de competir, por lo que una reducción gradual del precio eléctrico supondrá una mejora importante en su competitividad en un momento, como el actual, que necesita la contribución del sector industrial a la recuperación económica con apuestas de sostenibilidad de largo plazo. La electrificación de la sociedad será, de esta forma, tractor de la recuperación económica y generará un efecto dinamizador en el resto de la economía.

¿Favorece la competitividad?

Al reducir el precio de la electricidad, favorece la competitividad de las empresas por sus consumos eléctricos. Además, el propio Fondo introduce compensaciones a la industria por el gas y la electricidad, para evitar esa pérdida de competitividad. España tiene acceso al mercado de hidrocarburos en las mismas condiciones que los países del entorno, por lo que no obtiene ninguna ventaja competitiva por su utilización. En cambio, en tecnología de producción de electricidad como la fotovoltaica, España dispone de ventaja competitiva al tener más recurso solar y disponibilidad de territorio que los países vecinos, lo que le puede permitir producir una electricidad más barata. Esta competitividad puede ser un atractivo para industrias intensivas en consumo eléctrico, por lo que podríamos empezar a hablar de relocalizaciones en lugar de deslocalizaciones.

¿Responde a los objetivos de descarbonización?

El peso de las renovables en el consumo de energía es del orden del 15% y para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 se deberá alcanzar un 32%, más del doble. Para ello es necesario la activación de tres palancas: eficiencia energética, electrificación y renovables. A través de este Fondo se fomentará la sustitución de combustibles por electricidad, aumentando la eficiencia y la electrificación. La introducción de renovables en el sector eléctrico es la más avanzada, por lo que esta electrificación es una vía para introducir renovables en otros sectores (transporte, residencial, etc.).

¿Es coherente con el destino de los fondos de transición?

El FNSSE contempla que hasta el 10% de los ingresos puedan provenir de estos fondos. Esta utilización de los fondos es coherente con las prioridades marcadas por la UE de utilizarlo en la promoción de la economía verde. Carecería de sentido promover la industria asociada a la descarbonización y penalizar al mismo tiempo la energía eléctrica, que es la energía que permite la descarbonización. Además, reduce los costes de la descarbonización al abaratar el consumo de energía limpia (vehículo eléctrico, bomba de calor...).

¿Qué han hecho otros países en la materia?

Al no haber una instrucción unificada por parte de la Comisión Europea, cada país sigue modelos propios. Por ejemplo, Dinamarca prepara una reforma fiscal medioambiental basada en el principio polluter pays (quien contamina, paga) consistente en introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2. Alemania ha implementado una reforma fiscal en el mismo sentido, donde los combustibles fósiles contribuyen a financiar las energías renovables, reduciendo la tasa que pagaban los consumidores de electricidad. Francia también ha llevado a cabo una reforma fiscal al poner una tasa que grava el carbón, gas natural y los productos petrolíferos proporcional a las emisiones de CO2. El dinero recaudado a través de estos impuestos se usa para financiar las renovables.

¿Debe hacer España algo parecido? Entre las recomendaciones de la Comisión Europea, se menciona la necesidad de que España acometa una reforma fiscal para facilitar una economía baja en carbono, internalizando el daño medioambiental, con lo que esta medida iría en esa dirección.