El Gobierno sacará a subasta un mínimo de 19.500 MW de energías renovables hasta 2025

El Ministerio para la Transición Ecológica convocará en el sexenio 2020-2025 subastas para un mínimo de 19.440 megavatios (MW) de energías renovables. La primera puja se realizará antes de que termine el año por 3.100 MW, según la orden ministerial emitida este viernes. De ellos, al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica, otros 1.000 MW a fotovoltaica y 80 MW a biomasa, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica. Esta orden, que será enviada a la ...

El Ministerio para la Transición Ecológica convocará en el sexenio 2020-2025 subastas para un mínimo de 19.440 megavatios (MW) de energías renovables. La primera puja se realizará antes de que termine el año por 3.100 MW, según la orden ministerial emitida este viernes. De ellos, al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica, otros 1.000 MW a fotovoltaica y 80 MW a biomasa, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica. Esta orden, que será enviada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), da por iniciado el periodo de información pública, que durará siete días, por la que se regula el primer mecanismo de subasta de energía renovable con el nuevo marco retributivo de acuerdo al real decreto del pasado día 3, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de generación de electricidad.

En los próximos años, hasta 2025, se irán realizando subastas de forma sucesiva con unos volúmenes mínimos de potencia acumulada. De esta forma, en eólica se pasará de los 1.000 MW de este año a 2.500 en 2021 y 4.000, 5.500, 7.000 y 8.500 MW en los años siguientes. Es decir, con una progresión mínima de 1.500 MW por ejercicio hasta los 8.500 MW de 2025. En fotovoltaica, el crecimiento será de 1.800 MW anuales hasta 10.000 MW de 2025. La solar termoeléctrica crecerá 100 MW desde 2021 por año hasta 500 de 2025. En biomasa se pasará el aumento será de 60 MW desde los 80 de este año hasta 380 MW. Para otras energías renovables (biogás, hidráulica, mareomotriz…) la inversión será de 20, 20, 40, 40 y 60 MW desde el próximo año.

Estos volúmenes de potencia renovable son de carácter indicativo y son valores acumulados, cuya consecución dependerá, entre otros factores, de los resultados de las subastas anteriores, según el ministerio que dirige Teresa Ribera, que ha reseñado que se trata de dar visibilidad a toda la cadena de valor y comprobar cómo evoluciona cada tecnología. Los volúmenes asociados a las subastas se complementarán, en su caso, con los que se deriven de otros instrumentos de apoyo a las renovables que puedan establecerse empleando otros esquemas de financiación, justificados por las disponibilidades presupuestarias, la madurez tecnológica, la estructura de costes o cualquier otra característica específica de las tecnologías.

Esa cifra supone que entre el 70% y 80% de la nueva potencia instalada a 2025 prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) se produzca a través de las subastas. De esta manera, quedará aproximadamente un 20% de la capacidad a desarrollar por otras vías, como contratos de compraventa a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) o mercado. El objetivo del Gobierno es alcanzar 60 GW verdes en la próxima década. 

Carrera inversora

La orden permitirá convocar subastas para instalaciones renovables formadas por una o varias tecnologías (hibridación), permitiendo el almacenamiento siempre que este se destine a gestionar la energía producida por la propia instalación. El producto que se subaste será la potencia instalada y los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación. Los mecanismos de apoyo podrán incluir varios productos diferenciados dirigidos a distintas tecnologías o conjuntos de tecnologías distinguibles por sus especificidades.

Se abre ahora una carrera inversora que puede superar los 100.000 millones, según las previsiones. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consideran que, ante las dudas de las grandes eléctricas sobre si la celebración de las subastas es la mejor manera de impulsar las renovables, sostienen que representa uno de los mecanismos más relevantes para incrementar y diversificar el mercado de generación en España y para incorporar competencia.

Adicionalmente, la resolución por la que se convoque la subasta podrá establecer requisitos y condiciones adicionales exigibles relativos a los compromisos adquiridos por el proyecto con el territorio, la estimación de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil.

Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al mercado eléctrico. La orden establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías más maduras con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

La aprobación de esta orden y la posterior puesta en marcha de los mecanismos de apoyo al despliegue de las energías renovables responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

Este mecanismo de subastas es, por tanto, complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), o los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPA).